La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Una profunda preocupación por la permanente intervención de los Entes reguladores de servicios y en particular, por la 'nueva' prórroga a la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Señor presidente:

Los Entes Reguladores de servicios públicos nacieron a la luz de las privatizaciones en la década del 90, con facultades reglamentarias, de control, de resolución de conflictos y sancionatorias. Su fin último, al menos en la letra de las normas que los crean, es garantizar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, en pos de la satisfacción de las necesidades básicas que hacen a su bienestar y calidad de vida, derechos básicos de todos y todas. Para ello, necesitan indefectiblemente, tener autonomía frente al poder político de turno, e independencia frente a los intereses económicos de las grandes empresas que prestan los servicios. Condiciones que lamentablemente no se dan efectivamente en el caso de nuestro país.

Entre los principales Entes reguladores creados se encuentran el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), así como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros.

De acuerdo al Informe "La situación institucional actual en los entes de control de servicios públicos", realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en 2008, "...se detectan graves falencias institucionales en todas las conducciones de los entes de control de servicios públicos (dependencia política, parcialidad, irregularidad de la designación de sus integrantes, menoscabo en la especialidad técnica)...." (La situación institucional actual en los entes de control de servicios públicos, ACIJ. Disponible en http://www.elhardin.com.ar/paneles/acij/v2/programas/a djuntos/Informe._Entes_de_control._Situacion_Instituci onal_Actual__2008.pdf)

Esta situación ha caracterizado a los Entes desde su creación, y se mantiene en la actualidad. Es el caso, entre otros, de la CNC.

El pasado 4 de Noviembre se publicó el Decreto 1574/2010 que determina "dese por prorrogada la Intervención y ratifícase la designación del Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones". Se trata de Ceferino Namuncurá.

De esta forma, la intervención que había vencido el 10 de diciembre del 2009 y que continuó de hecho por casi once meses hasta que se oficializó su prorroga a través de este decreto, volverá a vencer en poco más de un mes. Conjuntamente, se ratifica a Ceferino Namuncurá como interventor con las "funciones y facultades conferidas al Presidente y el Directorio" del organismo.

Vale recordar que en la CNC es el organismo encargado de monitorear y controlar los servicios y sistemas de telecomunicaciones, incluidos los de telefonía, internet, audio texto, satélites y correos, temas relevantes que han estado en la agenda pública y política en los últimos meses.

La prolongación de la intervención no hacen más que debilitar la credibilidad en este tipo de organismos, despojándolos de toda autonomía e independencia, librándolos a la voluntad del poder de turno.

De acuerdo a su estructura original, la CNC está conformada por un Directorio de ocho miembros, designados por el PEN quienes duran en su cargo 5 años, pudiendo ser reelegidos una vez. (Manual de Misiones y Funciones). Los miembros del Directorio deben reunir los requisitos para ser funcionarios públicos y deben desempeñarse con exclusividad. Deben ser especialistas y contar con experiencia en alguna disciplina vinculada al ámbito (Dec. 1185/1990, Art. 14). Los directores pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo por incumplimiento de sus obligaciones. Debe existir dictamen del órgano de control interno - SIGEN- y sustanciación del sumario por la Procuración del Tesoro de la Nación (Dec. 1185/1990, Art. 18). Sin bien esta ingeniería institucional es altamente perfectible, la actual situación es grave. La intervención debería ser la excepción ante situaciones particulares y no la regla.

Organismos internacionales a nivel mundial establecen la necesidad de garantizar ciertas características en los organismos de control de este tipo. En el caso del INTOSAI (Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés) establece como uno de los Principios de la Declaración de México sobre Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, "La independencia de la Autoridad Superior de la EFS, y de los "miembros" (para el caso de instituciones colegiadas), incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el cumplimiento normal de sus obligaciones..." (Disponible en http://www.intosai.org/es/portal/documents/intosai/general/limau ndmexikodeclaration/mexicodeclaration/index.php?article_pos=3)

Tal como menciona el Dr. Agustín Gordillo, es menester "...empezar a olvidar los entes administrativos descentralizados, sometidos al control de tutela de la administración central y comenzar a enfatizar que el Estado contemporáneo requiere de autoridades administrativas independientes del poder central..." (Tratado de derecho administrativo, Capitulo XV, Los Entes Reguladores. 10a ed., Buenos Aires, F.D.A., 2009. Disponible en http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo15.pdf)

Por las razones expuestas, declaro mi más profunda preocupación por la situación que transitan hoy en día los Entes reguladores de servicios, y la fragilidad institucional en la que se encuentran, así como la necesidad pronta de reformas en sus estructuras y funcionamientos.