La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su honda preocupación ante la elevada cantidad de homicidios registrados durante el año 2014 en el Gran Santa Fe, a la par que formula un llamamiento a fin de poner coto a la espiral de violencia irracional que se ha desatado tanto en la ciudad capital santafesina, como en la ciudad de Rosario e instar a las autoridades y a todas las fuerzas político- sociales a que se celebre un Acuerdo de Estado para restaurar la seguridad en toda la Provincia.

Señor presidente:

Seis asesinatos en apenas 30 horas -a partir del viernes 10 de octubre a las 20- elevaron a 114 el total de víctimas fatales en el Gran Santa Fe en lo que va del año.

De esta forma, la estadística indica que no sólo se superó la marca del año pasado, 106 homicidios, sino que todo parece indicar que se pulverizará el récord de 116 asesinatos que se registraron en 2007, el año de mayor cantidad de muertes en forma violenta en toda la historia de esta ciudad y sus alrededores.

El fiscal regional, Ricardo Fessia, se comprometió con esta causa. "Hemos llegado a un punto en el que se necesitan acuerdos políticos de todos los sectores para bajar este nivel de violencia social. Me estoy refiriendo a una suerte de gran concertación de todos los actores sociales para que se sienten a una misma mesa y logren un consenso sobre lo que está pasando. Esto no lo recompone el gobernador, un ministro o un obispo solo. Se necesita que todos los actores no sólo políticos, sino sociales y religiosos respondan a esa convocatoria; sin eso -advirtió-, será imposible salir de esto".

También hizo pública su preocupación el intendente capitalino, el radical José Corral. "La situación en algunos barrios es desesperante y requiere de decisiones urgentes y enérgicas", advirtió. Además, reiteró la necesidad de que Gendarmería tenga presencia en la ciudad de Santa Fe por la "gravedad de la situación", y pidió a las autoridades provinciales que implementen "cambios en las políticas de seguridad" (Fuente: diario La Nación).

Por su parte, en la ciudad de Rosario al cabo del primer semestre ya se habían contabilizado 135 homicidios dolosos y hoy la cuenta ha continuado incrementándose (170 hasta el 26 de agosto). El año pasado concluyó con 217 fallecidos en la ciudad y alrededor de 264 en el Gran Rosario, mientras que en 2010 los muertos violentamente ascendieron a 125. En sólo la mitad de 2014 ya hay diez casos más de ajusticiados que en todo 2010.En el Gran Rosario la cifra es más elevada y no hay hasta el presente datos concretos.

Los casos siguen afianzados en su tipología. Por ejemplo:

En Rosario la mayoría de los homicidios tienen como víctimas a varones (127 de los 135 hechos), menores de 35 años (96 de los 135) y provenientes de sectores afincados en zonas no céntricas.

La mayoría de los homicidios se concentran precisamente en zonas donde viven personas con necesidades básicas insatisfechas en áreas urbanas fragmentadas. Sólo nueve de los 135 homicidios del primer semestre ocurrieron en las comisarías 1ª a 7ª que abarcan en área urbana central de la ciudad.

En la zona sudeste hubo 31 homicidios en el primer semestre, fueron 18 en la zona sudoeste y 13 en las que agrupa a las seccionales de los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Son las áreas que exhiben porcentajes de letalidad más acentuados en homicidios.

La baja tasa de esclarecimiento de los homicidios persiste como una cuenta pendiente de la política criminal. Frente a eventos producidos hace menos de seis meses los casos se consideran en vías de esclarecimiento cuando hay un autor identificado con evidencia para una imputación penal. El último informe de la Fiscalía Regional Rosario, que actúa desde el 10 de febrero, consideró que un 45 por ciento de los casos registrados en los primeros cien días de actuación alcanzaban ese estatus. La Unidad Regional II considera que los casos esclarecidos este año son 43 del total de 135 (Fuente: diario La Capital).

Desde la visión de la politología, el concepto de gobernabilidad hace referencia a la capacidad de gobernar en forma estable y a la viabilidad de un gobierno (Tomassini, 1998) y, por tanto, a la calidad de las relaciones que éste establece con la sociedad. Desde esta perspectiva, la gobernabilidad es la expresión institucional del problema de la legitimidad de un gobierno y está relacionada con la capacidad de establecer normas que creen consentimiento y satisfacción a las demandas sociales. Joan Prats (2002), arguye que la gobernabilidad adquiere contenidos más amplios; se refiere a la capacidad de un sistema social democrático para auto-gobernarse afrontando positivamente los retos y las oportunidades. La gobernabilidad desde su perspectiva es una cualidad de las sociedades y sistemas y no de los gobiernos.

En síntesis, la gobernabilidad hace referencia a la estabilidad de las instituciones democráticas a pesar de la incertidumbre de los resultados del juego político, es decir, de las negociaciones y los pactos entre los actores políticos; y a las capacidades de las instituciones políticas y sociales para agregar y articular intereses, así como para regular, disciplinar y solucionar los conflictos que se ocasionen entre ellos. Un sistema social es gobernable cuando está estructurado socio-políticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver loas crisis con sujeción a un sistema de reglas y procedimientos formales o informales que pueden registrar diversos niveles de institucionalización. Un sistema de gobernabilidad democrática debe permitir que las reglas y normas sean producto de la participación, la deliberación, la confrontación de intereses y de modelos mentales entre actores que tienen en cuenta no sólo sus derechos e intereses sino también la estabilidad y avances en el orden global.

Por el contrario, entendemos por ingobernabilidad a la suma de debilitamiento de la eficacia del gobierno simultánea al debilitamiento del consenso ciudadano, lo que también se ha definido como "democracia embotellada", en donde "la demanda es fácil y la respuesta difícil" (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2002:704). Según la definición de Schmitter (1988: 395 y 401), la ingobernabilidad se identifica mediante cuatro indicadores: primero, aparece la indisciplina, cuando la ciudadanía recurre a métodos de fuerza violentos, ilícitos o irregulares para influir sobre las políticas públicas: segundo, emerge la inestabilidad que se produce cuando las elites dirigentes pierden capacidad de liderazgo político; tercero, irrumpe la ineficiencia que se patentiza cuando una administración no consigue precisar metas ni asegurar su acatamiento; cuarto, se instala la ilegalidad, entendida como el hecho que los actores dotados con más poder buscan eludir limitaciones y controles jurídicos en procura de ventajas propias extralegales.

La generalidad de los Estados tienen cierta debilidad institucional y reconocen fallas de múltiples orígenes (problemas políticos, sociales o económicos), las que crean "tensiones disfuncionales en su actividad hacia dentro o hacia fuera, o en ambos sentidos" (Sánchez Gijón, 2003). Cuando hacemos alusión a los fallos del Estado, nos referimos a los desarreglos en el funcionamiento de sus instituciones, es decir, cuando éstas sufren el desafío de una disidencia interna que les impide conseguir su mayor nivel de eficacia. Pero, cabe señalar que para su categorización en el tema que nos ocupa, deben adquirir en la arena política un nivel de gravedad crítico. "La expresión integral del Estado fallido es el Estado sin ley, esto es, aquél en el que las instituciones han dejado de funcionar para todos y en todo momento... [los] ejemplos de disfuncionalidad de los Estados, abarcan desde la avería total hasta la pérdida relativa de eficacia" (Sánchez Gijón, 2003).

El propósito del Estado ("statecrafty") es manejar el arte de conducir los asuntos públicos y su supervivencia en un ambiente hostil y su meta principal es la adquisición de poder. Su seguridad se percibe como política de Estado y la guerra con otro Estado, como la amenaza principal. La posición y la seguridad relativas de cualquier Estado débil se miden en el sistema internacional específico en el cual está funcionando.

La característica principal de los Estados débiles es su carencia de poder o de la pérdida creciente del monopolio de la fuerza.

La debilidad o fortaleza del Estado no sólo es medida en términos del poder militar, sino también de la integridad, consolidación y cohesión social, política, económica y territorial de cada país. La naturaleza débil o fuerte del Estado puede determinarse mediante cuatro variables (cohesión sociopolítica, capacidad política, desarrollo socioeconómico y control territorial) que a través de sus indicadores conforman dos tipos polares: el Estado Fuerte y el Estado Débil (Dreyfus, 2001). Dichos indicadores pueden tomarse como un índice acumulativo que indica cuán vulnerable puede ser un Estado a amenazas transnacionales tales como por ejemplo el crimen organizado, el tráfico de drogas, la degradación ambiental, las migraciones ilegales y los conflictos. La situación "débil" o "fuerte" de un Estado no es inamovible, ya que a lo largo del tiempo los Estados pueden fluctuar entre un polo y otro de acuerdo a cambios en las variables (Marotte, 2013).

En opinión de Genc Ruli (2003), el Estado débil genera la inseguridad de la propiedad, de la vida, de la dignidad y de las ganancias de la población. Es el Estado débil que permite la propagación amplia de la corrupción, del crimen organizado, y de la captura del Estado por intereses espurios. El Estado débil no puede proporcionar servicios básicos tales como justicia, igualdad de derechos, educación decente, atención médica, electricidad, abastecimiento de agua, etc."

Cuando el Estado claudica en el monopolio de la fuerza que le es propio y deja espacio a los delincuentes y narcotraficantes, los perjudicados son todos los ciudadanos que dejan de vivir en paz para sobrevivir a la ocupación ilegal del espacio público que efectúan los marginales.

Es hora de acuerdos de Estado, políticas serias y efectivas, restaurar el orden y reprimir a los delitos con la fuerza de la Constitución y las leyes. En la Provincia de Santa Fe pareciera que la narcocriminalidad y los delitos conexos están ganando la batalla y derivando en un Estado débil o incluso fallido.

Es por ello que solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar esta iniciativa.