La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe a esta Honorable Cámara las acciones a llevar a cabo con el objeto de revertir el freno de la operatoria en los puertos cerealeros argentinos debido a la modificación de los protocolos de pesaje y chequeo de mercaderías impuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos toda vez que el cambio mencionado genera importantes pérdidas económicas, peligro de demandas y desprestigio internacional por la prolongada paralización de las terminales y consecuentes incumplimientos de entregas de exportaciones argentinas.

Señor presidente:

El Gran Rosario, la zona que reúne las terminales portuarias más importantes para las exportaciones del complejo oleaginoso del país, sigue sufriendo complicaciones para su normal desarrollo. A los casi 50 días de paro en el año, ahora se le agregaron dificultades aduaneras que frenaron la operatoria.

A mediados del mes de octubre de 2012 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó los protocolos de pesaje y chequeo de mercadería para los puertos del Gran Rosario y pasó de utilizar las balanzas electrónicas del INTI a un sistema denominado draft surveys.

El mencionado sistema se basa en un cálculo que se hace a partir de la lectura de los calados del buque para saber la carga embarcada.

Si bien AFIP utiliza este sistema desde que se aplicó la resolución 2914/94, lo que cambió a partir de octubre de 2012 es que las autoridades aduaneras en lugar de aplicar el draft survey para la carga total del buque, ahora lo que hacen es medir el peso de carga por cada permiso de embarque.

Al contar, la mayoría de los barcos, con varios permisos debido a la existencia de diferentes destinos esto deriva en mayores pérdidas de tiempo en los trámites conspirando contra la agilidad que se busca en toda operatoria de carga y generando altos costes adicionales.

Para graficar lo anterior vale señalar que cada tramitación de draft survey toma un mínimo dos horas, el cual se debe multiplicar por cada permiso que posea el buque en cuestión. Según lo informado por exportadores cerealeros es muy común que los barcos tengan 5 o más permisos con lo cual el tiempo que insume el sólo echo de esta nueva práctica de la AFIP insume un mínimo de 10 horas por nave. Esto siempre y cuando no existan diferencias en el pesaje ya que de suceder esto el tiempo aumenta considerablemente.

Según informó la Cámara de Actividades Marítimas y Portuarias (Capym) luego de cumplirse una semana de la inmovilización de medio centenar de barcos debido, a estas nuevas prácticas, el lucro cesante o costo operativo, que deben pagar los buques por cada día de demora es de 25.000 dólares, a lo que se suma, interrupción en la cadena de financiaciones, pagos y abastecimiento, paralización de las aceiteras por excesos de stock y el peligro de demandas por parte de compradores internacionales como de bancos prefinanciadores por incumplimiento de los plazos de entrega de las exportaciones argentinas.

Si bien sabemos que la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina y de la Cámara de Puertos Privados le pidieron una reunión al titular de la AFIP, le solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional informe a esta Honorable Cámara las acciones a llevar a cabo con el objeto de revertir el freno de la operatoria en los puertos cerealeros argentinos, toda vez que los acontecimientos sucedidos no hacen más que profundizar la caída que las exportaciones argentinas vienen experimentando en el presente año con las consabidas pérdidas, en muchos casos irreparables, para las arcas de la Nación.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.