La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación; y también por medio de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; tenga a bien informar a esta Honorable Cámara lo siguiente:

- Grado de ejecución física y financiera de las obras financiadas total o parcialmente con recursos provenientes del denominado Fideicomiso de Infraestructura Hídrica durante el año 2014. Al respecto, detallar para cada obra, al menos: tipología y características técnicas generales; jurisdicción y localización exacta; monto total de la inversión comprometida, discriminando gasto en consultoría, expropiaciones y resto; porcentajes de ejecución física y financiera a la fecha; contratistas involucrados y mano de obra empleada; cumplimiento del plan de trabajos aprobado, indicando si los hubiere desvíos respecto de las previsiones contractuales y sus motivos; áreas productivas recuperadas (en hectáreas).

- Detalle mensual en lo que va del año 2014 acerca del origen y la aplicación de los recursos integrados al referido fideicomiso y flujos mensuales discriminando por jurisdicción provincial.

- Plan de acción previsto a corto, mediano y largo plazo en materia de infraestructura hídrica, particularmente, precisiones acerca de aquellas obras proyectadas en la Cuenca del Río Salado de la Provincia de Buenos Aires y su vasta zona de influencia, en el marco del denominado Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.

- Características del sistema de monitoreo utilizado para supervisar la efectiva ejecución de las obras de infraestructura hídrica comprometidas.

- Toda otra información complementaria que estime pertinente.

Señor presidente:

La situación de los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires ya es desesperante debido a las grandes inundaciones que han sufrido durante este año, como consecuencia de la desidia de las autoridades frente a la necesidad de avanzar y concluir las obras de la Cuenca del Salado, las cuales deberían estar siendo financiadas con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

Dicho Fondo está a cargo de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, y es recaudado a través del producido del impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de combustibles, que fuera establecido en virtud de la Ley Nº 26.181 -en reemplazo de la Tasa de Infraestructura Hídrica creada por Decreto Nº 1381/01-. El mismo tiene por objeto: disminuir la frecuencia de las inundaciones; realizar un manejo equilibrado de los excedentes hídricos; prevenir eventuales desbordes; proteger la infraestructura vial; resguardar los centros urbanos y recuperar tierras productivas.

Entre los meses de enero y julio de 2014, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica ha recibido recursos por casi 1.400 millones de pesos; sin embargo, el UCOFIN, organismo encargado de gestionarlo, no informa detalladamente en que se han gastado dichos recursos y, mucho menos, los motivos por los cuales no se han concretado las obras pendientes para finalizar el Master Plan del Salado en su totalidad.

Recordemos que este Plan Maestro fue elaborado por la consultora Halcrow en los años 1998/1999 a través de un pormenorizado estudio, donde se había establecido un plazo de once años para la concreción de las obras y un costo total de 1.800 millones de pesos/dólares. Dicho plan debería concretarse con los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que de acuerdo a los datos oficiales brindados por el UCOFIN, ha recibido ingresos por $ 11.386.914.907 desde enero de 2002 a la fecha. No obstante, a doce años de la creación del Fideicomiso y ya cumplido el plazo previsto para la realización total del plan, el estado de ejecución del mismo es estimativamente del 40%.

Cabe destacar que gran parte de la masa de recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica, originalmente creado para obras en zonas rurales, fue desviada a obras urbanas de menor importancia -como desagües pluviales, que de poco servirán en caso de grandes inundaciones-; e inclusive, fueron utilizados para montar stands en Tecnópolis.

Frente a ello, hacemos hincapié en la situación actual de la provincia de Buenos Aires, que tiene unas 18 millones de hectáreas inundadas, con 64 localidades declaradas en estado de emergencia o desastre agropecuario. Las consecuencias de este crítico escenario son gravísimas tanto para los productores como para el Estado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), teniendo en cuenta la fuerte caída de rindes agrícolas, principalmente de los cultivos de soja y maíz; los anegamientos y deterioro de rutas, caminos rurales y vías férreas; los cuantiosos sobrecostos; entre otros.

El informe de situación Nro. 4, "Excesos hídricos en el Sudeste de Buenos Aires", presentado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires durante este año señala: "Del área finalmente sembrada con cultivos de fina en el Sudeste de Buenos Aires (1.140.000 hectáreas), un 27,5% de la misma, es decir unas 313.000 hectáreas, se encontraban afectadas por excesos hídricos (...) En números absolutos, al presente informe se estima que 149.000 hectáreas de fina no llegarán a cosecha. Desagregando por cultivo, la mayor superficie perdida corresponde al cultivo de cebada". Lo que equivaldría a una pérdida del 13% de la cosecha de trigo para este año. A ello, debemos agregar un registro preocupante de mortandad de ganado en plena época de parición y la interrupción de gran parte de la transitabilidad de caminos rurales, con lo que se pronostican nuevos aumentos en la carne.

Por otro lado, no podemos olvidar que en el año 2012, en el que se sufrieron también grandes inundaciones, de acuerdo a las estimaciones de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), las 13,5 millones de hectáreas en Buenos Aires afectadas en mayor o menor medida provocaron pérdidas por 11.000 millones de pesos al sector agropecuario.

Este Honorable Cuerpo bajo ningún concepto puede permanecer ajeno ante la situación descrita, que afecta a miles de productores agropecuarios, generando un fuerte impacto negativo sobre nuestra economía. Es por ello que considero sumamente oportuno y necesario solicitar formalmente al Poder Ejecutivo las mayores precisiones al respecto, dando debida cuenta de su actuación en la ejecución de estas importantes obras de infraestructura, así como en la aplicación de los ingentes recursos públicos aquí involucrados, a fines completar un diagnóstico claro sobre el particular y eventualmente promover desde el ámbito legislativo las acciones que se estimen pertinentes.

Por las razones expuestas, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de resolución.