La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rendir homenaje a los mártires del hambre y la injusticia social que perdieron su vida por la represión de la fuerza pública y la violencia social, durante los dramáticos hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, al estallar la profunda crisis económica, social y política vivida en la Argentina.

Señor presidente:

En diciembre de 2001, eclosionó en la Argentina una gravísima crisis económica y social, producto de las políticas de ajuste estructural, iniciadas a comienzo de los años noventa y contra las que el pueblo se había expresado, en 1999, volcando su votos a favor de la Alianza.

Como consecuencia de la precarización de los derechos sociales, la mitad de la población se volvió vulnerable. Mientras, la riqueza se concentró en un pequeño grupo de privilegiados que no dudó en acelerar la fuga de capitales dejando al país en bancarrota. El gobierno del Dr. Fernando de la Rúa, que había resultado incapaz de revertir la política neoliberal, profundizó el retraimiento económico y la desoladora inequidad social.

En un documento elaborado por el CELS ( Centro de Estudios Legales y Sociales) para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 2001-2002 se indica que:

“En el Gran Buenos Aires (GBA), la concentración del ingreso y la regresividad distributiva registrada entre 1999 y 2000 fue tan intensa, que la cúpula de la pirámide de ingresos creció en su participación, en un solo año, casi tanto como durante toda la década. Progresivamente aumentaron los índices de pobreza e indigencia y en vastos sectores del país abarcan actualmente a más del 50% de la población. A modo de ejemplo, aun antes de que estallara la crisis, se registraba un índice de pobreza del 35,4% (4,295 millones de personas) y de indigencia del 12,2% (1,480 millones de personas) sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, según estadísticas oficiales del 2001. En el Gran Buenos Aires, el 51,7% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 19,2%, debajo de la línea de indigencia. La situación es particularmente dramática en las regiones noreste y noroeste: en Formosa 59,8% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En Corrientes, el 57,8%; en Concordia, provincia de Entre Ríos, el 57,5%; en Palpalá, provincia de Jujuy, el 56,6%; y en el Gran Resistencia, provincia de Chaco, el 55,1%. A su vez, la tasa de desempleo registra hoy un índice del 18,3%, mientras que el subempleo asciende al 16,3%7. Idéntico proceso se verifica con relación a los trabajadores no registrados. Según datos del Ministerio de Trabajo8, el 41,1% de los asalariados (3.744.497 personas) trabaja en la clandestinidad, fuera del sistema de seguridad social. ”

La gravísima situación que describe el citado informe provocó exaltadas manifestaciones de protesta, el pueblo se lanzó a la calle y el Estado Nacional respondió declarando el estado de sitio en todo el país. Lejos de contener la ira del pueblo, desplegó una represión brutal. La violencia se potenció y treinta y una personas perdieron sus vidas, alcanzadas por balas de fuerzas policiales, y también de comerciantes que reaccionaban ante los saqueos: cuatro mil quinientas personas fueron detenidas. Según fuentes oficiales, al menos ciento treinta y ocho personas fueron heridas. De ellas, 76 eran policías, la gran mayoría del Gran Buenos Aires.

Todos recordamos la crisis política que se desató en cascada. El presidente electo, empeñado en desoír al pueblo, que finalmente hizo tronar el escarmiento, no tuvo más opción que renunciar. Con serias dificultades, el Congreso de la Nación retornó a la institucionalidad por la vía democrática, pero salir de la convertibilidad fue absolutamente traumático y la Argentina quebró.

El Frente para la Victoria asumió el gobierno en el 2003, iniciando, desde el primer día, un proceso de recuperación de la dignidad del pueblo argentino. Nuestro país era entonces objeto de los pronósticos más oscuros. Sin embargo, como consecuencia de decisiones políticas acertadas, comenzamos un crecimiento sostenido del 9% anual y decididos a poner en vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, trabajamos fuertemente para lograr que este crecimiento sea cada día más equitativo.

Hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes, sintiéndose sin esperanza, arriesgaron todo y muchos hallaron su límite en la muerte que los alcanzó en plena lucha por sus derechos arrasados. Sin duda, marcaron un hito en nuestra historia institucional y merecen permanecer en nuestra memoria como mártires del hambre y la injusticia social.

En la Ciudad de Bs. As. murieron:

Diego Lamagna (26 años),

Alberto Márquez (57 años),

Marcelo Gastón Riva (30 años),

Carlos Almirón (24 años),

Gustavo Benedetto (23 años)

En la provincia de Bs. As. murieron:

Diego Ávila (24 años)

Julio Hernán Flores (15 años)

Damián Vicente Ramírez (14 años)

Ariel Maximiliano Salas (30 años)

Pablo Marcelo Guías (23 años)

Víctor Ariel Enrique (21 años)

Roberto Agustín Gramajo, (19 años)

Eduardo Legembre (20 años)

Mariela Rosales (28 años murió)

En la provincia de Santa Fe murieron:

Walter Campos (17 años)

Juan Alberto Delgado (28 años)

Graciela Acosta (35 años)

Yanina García (18 años)

Claudio Lepratti (38 años)

Ricardo Villalba (16 años)

Rubén Pereyra (20 años)

Marcelo Pacini (15 años)

En la provincia de Córdoba murieron:

David Ernesto Moreno (13 años)

En la provincia de Corrientes murieron:

Roberto Alberto Arapi (22 años)

Juan Alberto Torres (21 años)

En la provincia de Entre Ríos murieron:

Romina Elizabeth Iturain43 (15 años)

Eloísa Paniagua (13 años)

José Daniel Rodríguez

En la provincia de Río Negro

Elvira Avaca (46 años)

En la provincia de Tucumán murió:

Luis Alberto Fernández (27 años)

Señor Presidente, por lo expuesto solicito que esta Honorable Cámara me acompañe en la aprobación del presente proyecto.