La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación y más enérgico rechazo a la utilización en los conflictos armados de bombas racimo y armas que dañan a la población civil, y exhorta al Poder Ejecutivo a que promueva las acciones internacionales conducentes a exigir el pleno cumplimiento de las Convenciones internacionales vigentes sobre prohibición del empleo de armas nocivas y de minas antipersonales y de toda otra arma que produzca similares consecuencias.

Asimismo, recomienda al Poder Ejecutivo impulsar ante la comunidad internacional la adopción de los instrumentos y medidas necesarias para reducir el gasto militar de los países y el tráfico irrestricto de las armas, apoyando la iniciativa formulada por Costa Rica en la Asamblea General de las Naciones Unidas tendiente a la redacción de un tratado internacional sobre el comercio de armas.

Señor presidente:

La comunidad internacional debe encarar sin dilación los esfuerzos necesarios para detener la escalada bélica y el incesante incremento de producción y comercialización de armas desde las más nocivas hasta las más ligeras.

Consideramos que nuestro país debe asumir una acción decidida por la paz y sumarse a la propuesta impulsada por el gobierno de Costa Rica en un esfuerzo centrado en regular y restringir la comercialización de armas.

Esta nación que hace 58 años abolió su Ejército, le declaró la paz al mundo y es un ejemplo en América Central y en el mundo entero de que el camino racional pasa por el diálogo y el desmantelamiento de las estructuras y fuerzas concebidas para la guerra.

Los socialistas estamos convencidos de que la más evidente lección histórica en materia de conflictos bélicos, es la necesidad del diálogo que conduzca al logro de la paz. Como expresara el reciente Presidente electo de Costa Rica, Oscar Arias: “Detrás de la guerra no hay paz. Detrás de la guerra lo que existe es una oscura comarca en donde sólo la muerte se pasea a sus anchas.”

Es necesario avanzar en la búsqueda de mecanismos preventivos para evitar los daños de la guerra. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos fue inspirada en parte por la indignación con respecto a la tragedia del Holocausto y la secuela de muerte y destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la violencia reciente en Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Chechenia, Cachemira, Kosovo, Rwuanda, Sierra Leona, Somalía, Timor Oriental y el Oriente Medio, han estimulado un pensamiento nuevo acerca de la prevención de los conflictos y el fomento de la paz.

La ONU señala dos efectos producidos por la prevención y reducción de los conflictos para los derechos humanos. La primera consecuencia es el efecto directo de reducir una fuente primaria de violaciones graves de los derechos humanos y la segunda, es el efecto indirecto de liberar recursos, de modo que la comunidad pueda abandonar las operaciones de mantenimiento de la paz para centrarse en el desarrollo humano. Estimó que el costo para la comunidad internacional de las siete grandes guerras del decenio de 1990 (excluyendo a Kosovo) fue de 200.000 millones de dólares, o sea, cuatro veces más que la ayuda para el desarrollo en cualquier año. El Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas del año 2000 destaca que los países pobres son los que envían enormes cantidades de dinero a los ricos para pagar los servicios de la deuda, entretanto las naciones ricas gastan ingentes sumas para misiones de “mantenimiento de la paz” después de que estallan los conflictos, al mismo tiempo que se reducen los recursos destinados a la asistencia para el desarrollo.

El mayor cambio que se requiere –plantea el informe citado- es modificar el destino del mandato y de los recursos a fin de prevenir los conflictos abordando sus causas básicas. Para promover una democracia mundial también es preciso evitar el camino militarista y centrarse en el desarrollo humano a escala mundial, con un sistema de alerta temprana y el desarme para el desarrollo.

El desarme para el desarrollo involucra no sólo las armas nucleares y químicas, sino también las armas ligeras y pequeñas, así como las minas antipersonales. Estas armas proliferan en el ámbito civil donde la abundancia de la oferta y su bajo costo, las colocan al alcance de la población en general, incrementando el miedo y el conflicto armado

En el año 2005 las naciones en desarrollo aumentaron su gasto en armas en un 13%, hasta alcanzar los treinta mil millones de dólares. El mundo, en su totalidad, gasta más de un billón de dólares en ejércitos cada año.

En esta escalada armamentista los instrumentos internacionales han tratado de regular y prohibir el uso de armas químicas y de minas antipersonales, pero aún resta un largo camino por recorrer. Los recientes conflictos en Oriente Medio han demostrado el efecto devastador de las armas químicas y de las bombas racimo poniendo en evidencia que los esfuerzos realizados son insuficientes y deben profundizarse.

Las bombas racimo deben ser equiparadas a las minas antipersonales por los efectos dañinos residuales que contienen, al liberar numerosas bombas pequeñas sobre una gran superficie, calculándose que un 5% de ellas no explotan tras el impacto, lo que las convierte en minas antipersonales de hecho, constituyendo una amenaza concreta y muy peligrosa para las personas que puedan encontrase con ellas.

Nuestro país debe asumir un rol protagónico para promover cambios en el irracional gasto militar y para atender las causas de conflictos que profundizan la desigualdad y la guerra entre las naciones.

Es necesario cerrar las puertas al comercio de armas y frenar la carrera armamentista en el mundo en desarrollo. El 75% de las ventas mundiales de armamento van a parar a los países en vías de desarrollo y el 100% de esas ventas tienen lugar sin ninguna forma de regulación.

Proponemos que nuestro país impulse el “Consenso de Costa Rica” para alcanzar un acuerdo mundial que regule la producción y el comercio de armas, restringiendo su transferencia a estados, grupos o individuos ante la existencia de razones suficientes para creer que esas armas vayan a ser utilizadas para violar los derechos humanos o el derecho internacional.

Nuestro país debe ser un abanderado de la paz y de un orden social internacional más justo que jerarquice relaciones económicas más equitativas y la vía de la paz, el diálogo y el respeto y promoción de los derechos humanos.

Por todo lo aquí expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.-