La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para requerirle que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe las medidas adoptadas en cumplimiento de las Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19798, los Decretos N° 62/90 y N° 1185/90, normas complementarias y modificatorias, a efectos de lograr una eficaz aplicación de los recursos recaudados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones en concepto de tasa de control, fiscalización y verificación, equivalente al 0,50 % de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de telefonía, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las facultades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para la regulación y control de dichos servicios.

Señor presidente:

Por el presente proyecto se requieren informes al Poder Ejecutivo nacional sobre la aplicación de los recursos recaudados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones en concepto de tasa de control, fiscalización y verificación, equivalente al 0,50 % de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de telefonía.

Dicha tasa ha sido impuesta con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las facultades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para la regulación y control de dichos servicios.

En efecto, la LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Nº 19.798 determina que es competencia del Poder Ejecutivo Nacional establecer y explotar los servicios de telecomunicaciones de jurisdicción nacional, autorizar o permitir a terceros la instalación y prestación de servicios de telecomunicaciones, fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones; administrar las bandas de frecuencias radioeléctricas y fijar tasas y tarifas de los servicios de jurisdicción nacional.

En ejercicio de tales atribuciones se dictó el Decreto N° 1185/90 por el cual fue creada la Comisión Nacional de Telecomunicaciones bajo dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional, encargada de la regulación administrativa y técnica, el control, fiscalización y verificación en materia de telecomunicaciones de acuerdo con la normativa aplicable y las políticas del gobierno nacional para el sector.

Para permitir y facilitar el cumplimiento de las facultades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, posibilitar la homologación de materiales de telecomunicaciones y la capacitación, remuneración y eficaz empleo de su personal fue creado el FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, con una tasa en concepto de control, fiscalización y verificación equivalente a CINCUENTA CENTESIMOS porcentual (0,50%) de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios, netos de los impuestos y tasas que los graven.

La normativa aplicable dispone que dichos recursos sean administrados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a través de una cuenta creada al efecto en el Banco de la Nación Argentina, facultándosela a dictar las normas aclaratorias y de procedimiento que sean necesarias. Los excedentes serían aplicados al desarrollo de los servicios oficiales de telecomunicaciones y radiodifusión.

Exigimos conocer la aplicación de ingentes sumas de dinero recaudadas por un organismo bajo dependencia directa del poder Ejecutivo nacional, para una finalidad que no se cumple en absoluto, como es el control, fiscalización y verificación de los servicios de telefonía en el país.

Los usuarios son víctimas de un deterioro constante de las prestaciones de telefonía móvil y de un colapso reiterado del servicio. Más de cincuenta millones de celulares no tienen desde hace tiempo un funcionamiento normal: llamadas que se cortan, en muchos lugares no hay señales o todo el sistema se cae por varias horas, sin que las empresas concesionarias den explicaciones satisfactorias a los usuarios.

No hay control alguno de la calidad de los equipos que se venden al público. Las tarjetas prepagas en lugar de favorecer a la población de menores ingresos, encarecen notablemente el servicio, desvirtuando por completo una finalidad social.

En dos recientes proyectos de ley pido se declare la emergencia pública en esa actividad en todo el territorio nacional por el plazo de un año,- con reducción de las tarifas para resarcir los perjuicios al consumidor- y para que en ese lapso se resuelva, entre otras medidas, ampliar el espectro radioeléctrico en función de las demandas de tráfico y la cantidad y distribución geográfica de los usuarios.

Hoy está muy claro que ninguno de los procedimientos de control vigentes en telefonía celular dan respuesta eficaz, ni sirven ya para contener y reparar los perjuicios causados a los usuarios, que son más graves en el interior del país.

Mientras tanto el Estado nacional, que viene recaudando cuantiosos recursos destinados legalmente a las funciones de control, fiscalización y verificación de la calidad de los servicios, no cumple con la protección debida a los consumidores y usuarios.

Según la información disponible a partir de investigaciones periodísticas, la Comisión Nacional de Comunicaciones sólo tiene tres agentes para seguir de cerca la prestación de la telefonía móvil.

Desde el Congreso Nacional no podemos permitir que la telefonía móvil siga siendo tierra de nadie. Para ello debemos ser informados adecuadamente de los recursos que cuenta el Estado y de su debida aplicación, para desempeñar una gestión indelegable de control de los servicios que se brindan a la población.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en esta Honorable Cámara para dar aprobación al presente proyecto de resolución.