La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por la tragedia que padecen, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, niños, niñas y adolescentes indocumentados centroamericanos y mexicanos los que, con independencia de su situación migratoria, les son conculcados sus derechos fundamentales, requiriendo la situación por su magnitud, una urgente respuesta humanitaria de los gobiernos y organismos responsables.

Señor presidente:

Desde hace años, decenas de miles de niños centroamericanos y mexicanos huyen solos hacia la frontera estadounidense, atravesando los peligros de un extenso viaje. Cuando llegan son capturados, encerrados y muchos deportados. Varios legisladores pudimos profundizar el conocimiento sobre esta situación a partir del significativo encuentro que se celebró en la Cámara de Diputados de México los días 11 y 12 de agosto último. Se trató de la primera reunión parlamentaria bilateral, entre legisladores de nuestro país y del país anfitrión. Esta alarmante realidad merece especial atención de la comunidad internacional siendo necesario visibilizar el problema y ofrecer apoyo y colaboración en pos de lograr estrategias y medidas que mitiguen los daños que ocasiona.

Lo alarmantes datos indican que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014 la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo un número récord de 47.017 niños migrantes no acompañados a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos. Esta cantidad representa un aumento de casi 50% respecto de la cifra del año anterior. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. habían estimado la llegada de 60.000 niños migrantes no acompañados en 2014, pero ahora se estima que pueden llegar a ser 90.000.

La situación de vulnerabilidad es particularmente grave para las mujeres migrantes. La violencia sexual se ha convertido en una parte del recorrido de muchas mujeres migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos, quienes además se ven amenazadas por la trata con fines de explotación sexual.

La mayoría de los niños provienen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Una gran cantidad de ellos huye de sus hogares debido a la creciente violencia en esos países. Honduras tiene actualmente la tasa de homicidios más alta del mundo, y Honduras y El Salvador están experimentando un repunte en las pandillas y la violencia relacionada con las drogas. Esta situación no se da con países menos violentos, como Nicaragua o Costa Rica, desde donde no se registran migraciones masivas.

Las drogas que pasan por Honduras cada año valen más que todo el producto interno bruto del país. Narcotraficantes tienen vinculaciones con la policía, funcionarios y jueces. En los últimos años, cuatro de cada cinco homicidios nunca fueron investigados.

Un negocio que además de poner en peligro la vida de miles de personas, resulta una actividad muy lucrativa para el crimen organizado es el que se dedica al ilícito contrabando de personas indocumentadas hacia Estados Unidos. Los "coyotes" trabajan con grandes carteles mexicanos de droga para traficar a los niños por el territorio que controlan. La prohibición no ha detenido el consumo de drogas pero sí ha creado una industria que, al estar en el mercado negro, obtiene ganancias gigantescas y resuelve sus disputas violentamente. De esta manera "la guerra contra las drogas" ha empoderado y enriquecido a los narcotraficantes y es una de las grandes causas de la explotación de niños inmigrantes.

Para frenar este flujo permanente de niños, se deben abordar las causas de la violencia en la región, así como la demanda de drogas ilegales en los Estados Unidos.

Mientras tanto, lo que acontece debe reconocerse como una crisis de refugiados, más que como crisis de inmigración, tal y como lo recomienda Naciones Unidas. Estos niños se encuentran frente a amenazas similares al reclutamiento forzado de soldados por señores de la guerra en Sudán o durante la guerra civil en Bosnia. Ser obligado a vender drogas no es diferente de ser obligado a prestar servicio militar.

El presidente Obama ha reconocido que se trata de una "crisis humanitaria" y ha pedido al Congreso $ 3.7 mil millones de dólares para hacer frente al problema en la frontera entre Estados Unidos y México. A partir de octubre de 2013, más de 52.000 niños que viajan desde América Central ya han sido detenidos y el gobierno de EE.UU. se enfrenta ahora a la cuestión de cómo tratar de procesarlos.

Un informe reciente publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), titulado "Children on the run", reveló que el 58% de los niños fueron "desplazados forzosamente" debido a: la violencia por parte de actores armados del crimen organizado, tales como carteles del narcotráfico y pandillas; violencia doméstica; y en el caso de México, el reclutamiento forzado por parte de redes de tráfico de personas.

Bajo el derecho internacional, los niños tienen derecho a ser clasificados como refugiados de la violencia y la guerra. Pueden ser retenidos en instalaciones de emergencia durante 60-90 días, suministrarles ayuda legal y que sus casos sean arbitrados. Los que sean considerados refugiados de la violencia o la persecución, tienen derecho a disposiciones de asilo. La única manera de asegurarse de que no estamos precipitándolos de vuelta a circunstancias que podrían costarles la vida es proporcionándoles debido proceso legal.

Un comunicado reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que, una vez que estas niñas y niños llegan a los Estados Unidos y son detenidos por las autoridades, muchos de ellos están siendo mantenidos en detención durante un período de tiempo más largo que el máximo establecido de 72 horas. Además, la Comisión ha recibido información de organizaciones de derechos humanos sobre los abusos sufridos por los niños durante su detención, incluyendo acceso insuficiente a comida y agua; hacinamiento y condiciones insalubres en celdas y centros de detención migratoria; además de más de cien denuncias de abuso físico, verbal y sexual por parte de los agentes en contra de las niñas y niños detenidos, los cuales fueron presentados en una denuncia por las organizaciones no gubernamentales contra el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU.

Las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan por ser niños y migrantes al mismo tiempo, exige que Estados Unidos garantice que el principio del interés superior del niño sea respetado en todas las políticas, leyes y procedimientos que se realicen con relación a ellos.

Ante esta situación, la Comisión considera que la primera obligación de los Estados Unidos debe ser garantizar medidas que permitan identificar adecuadamente a las niñas y niños migrantes que podrían requerir protección internacional o que tengan otras necesidades especiales de protección.

La Comisión recomienda que los países de la región desarrollen políticas migratorias regionales con enfoque de derechos humanos que aborden estos factores, así como en prevenir las causas que generan la migración forzada. Por último, tal como estableció en su Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso, la Comisión recuerda a todos los Estados de la región que la detención de una niña o niño como consecuencia de su situación migratoria irregular representa una violación de los derechos del niño y siempre está en contra del principio del interés superior del mismo.

El Secretario General de la ONU también expresó su preocupación por la grave situación de los niños migrantes no acompañados. Ban ki Moon lamentó que "los menores no acompañados estén haciendo este peligroso viaje, confiando a menudo en redes de tráfico de personas que los exponen a lesiones, explotación y abusos".

El titular de la ONU llamó a los países de origen, tránsito o destino a proteger los derechos humanos de los niños migrantes, sobre todo su vida e integridad física.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha manifestado reiteradamente su preocupación por el creciente uso de la detención en los casos de inmigración, especialmente cuando se trata de niños. Por eso trabaja en la elaboración de una nueva estrategia, denominada Más allá de la figura de la detención. La Implementación de esta estrategia prevé Planes de Acción Nacionales que incluyen la sensibilización, la formación, la recopilación de datos e informes, la investigación y el monitoreo.

ACNUR reconoce que la entrada o permanencia irregular de personas en territorio de países supone muchos desafíos y contradicciones, pero la figura de la detención no es la respuesta adecuada. ACNUR recomienda que las personas que solicitan asilo sean recibidas de manera apropiada, y que se les permita libertad de movimiento y acceso a los servicios de la comunidad.

La figura de la detención provoca innecesario sufrimiento, y a menudo trae consecuencias para la salud y el bienestar, sobre todo en los casos de personas detenidas durante largos periodos. Se incrementa la ansiedad, el miedo y la frustración. Para los niños, la figura de la detención tiene efecto devastador en su desarrollo físico, psicológico y emocional, incluso en los casos en que no están separados de sus familiares.

Considerando que esta situación tiene una dimensión regional, se advierte que la respuesta debe basarse en el principio de la responsabilidad compartida en la cual se deben articular esfuerzos entre países de origen, de tránsito y de asilo, con el apoyo de organizaciones regionales e internacionales.