La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio por los hechos violentos ocurridos en Quito, Ecuador, por parte de la policía y miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas.

Señor presidente:

La democracia está íntimamente relacionada con la búsqueda constante de la libertad, la justicia y el progreso.

Luego de muchos esfuerzos, procesos, sacrificios, períodos de evolución y otros tantos de involución, América Latina ha alcanzado la democracia electoral y sus libertades básicas. El paso a seguir, es el logro de una real democracia de ciudadanía, que garantice que el conjunto de nuestros derechos se tornen efectivos. Es la que nos permite pasar de simples electores a ciudadanos.

La preservación de la democracia y su ampliación resultan de construcciones voluntarias, en base a proyectos, modeladas por liderazgos e investidas del poder que proviene del apoyo popular. Requieren de partidos políticos que construyan opciones concretas, un Estado con poder para ejecutarlas y una sociedad capaz de participar en una construcción conjunta que exceda los reclamos sectoriales (1) . Se trata de una edificación de todos, en base a la discusión y el debate sobre el principio del respeto, con el consenso como horizonte. La imposición, el avasallamiento, y el uso de la violencia sobre el otro y sus ideas, nada tienen que ver con la democracia y su ejercicio.

Ecuador retoma al sistema democrático en el año 1979 que tuvo como antecedente un referéndum que dio las pautas para elaborar una nueva Constitución, en la que se contemplaba elecciones presidenciales (por voto popular) mediante la participación política de hombres y mujeres con el fin de designar a los gobernantes. En 1979 se promulga la Constitución de la República del Ecuador. Las elecciones se efectuaron luego de algunos años de gobiernos militares, por lo que el Ecuador comienza en ese momento, nuevamente a vivir la historia del periodo democrático. En el mismo año Jaime Roldós Aguilera asume el poder como Presidente Constitucional.

A más de 30 años de aquel retorno a la vida democrática, es inadmisible cualquier acto que intente socavar las instituciones de gobierno, deslegitimar a las autoridades electas por voluntad del pueblo, y desestabilizar el orden constitucional y democrático que tanto esfuerzo y sacrificio ha demandado. Es un compromiso de la región, tan vapuleada por este tipo de intentos, en muchos casos, lamentablemente exitosos, rechazar todo levantamiento contra la democracia, piedra fundamental para el pleno ejercicio de una ciudadanía de derechos. El gobierno de y para todos, no puede ser agredido por la voluntad aislada de unos pocos, en base al interés particular, y el uso de la violencia.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares diputados y diputadas acompañen con el voto afirmativo el presente proyecto de declaración.