El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO l. Modificase el artículo 2326 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera

Art. 2.326. Son cosas divisibles aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las duales forma un todo homogéneo y análogo a las otras partes como la cosa misma.

ARTICULO 2. Modifíquese el artículo 26ll del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera

Art. 26ll. Las restricciones impuestas al dominio privado solo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo.

Las autoridades locales pueden, en materia de cosas divisibles, establecer restricciones a la división cuando la misma produjere efectos antieconómicos.

Articulo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La reforma del Código Civil realizado por ley l7.7ll, introdujo un agregado al artículo 2326, dentro del Titulo l del libro tercero, que se refiere a las cosas. Siguiendo una orientación de la época, creó una prohibición de dividir las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento, y faculto a las autoridades locales a reglamentar esta disposición en materia de inmuebles.

El presente proyecto introduce modificaciones en dos sentidos.

Desde lo conceptual, se suprime el párrafo segundo del Art. 2326, en cuanto dicha norma, al clasificar las cosas, lo hace según un criterio natural: tienen la característica de divisibles, si pueden ser partidas realmente, formando las resultantes todas homogéneas y análogas a la cosa original. Por ello la prohibición del segundo párrafo se encuentra mal ubicada pues se trata en todo caso de una restricción al dominio fundada en una casa contingente –el resultado económico de la división, que como tal varía según la época y el paradigma económico, y no en la esencia misma de la cosa.

En cuanto al contenido de la norma, se la inserta dentro del título 6, De las restricción y límites del dominio, y con una redacción más genérica, que además permite superar de un modo sin prohibir el establecimiento de límites, ubica la facultad local en línea con los actuales parámetros económicos y tecnológicos.

La redacción no hace ya referencia al concepto de “unidad económica”, que ha quedado desactualizado por la aparición de sistemas de producción donde el tamaño de la cosa no resulta relevante. De tal modo, pretende evitarse el establecimiento de superficies mínimas que se declaran indivisibles juris tantum, quedando a cargo del titular del dominio la prueba que la división no resulta antieconómica. Por el contrario, la regla resulta ahora coherente con el sistema general del Código Civil –la procedencia de la división de las cosas divisibles por sus dueños, sin límite alguno-. Y la excepción la prohibición, para los casos en que la autoridad pública acredite que dicha división producirá efectos antieconómicos.

Entiendo que de esta manera se supera una discusión que hoy se da en algunas provincias argentinas, donde se invoca la redacción actual del Art. 2326 como justificación para exigir la fijación de una unidad mínima de indivisión de los inmuebles rurales, eliminando esa exigencia. Pero a la vez manteniendo la facultad de la autoridad local a establecer restricciones a la subdivisión si se acreditare la existencia que la misma tendrá como consecuencia un perjuicio económico en la utilización de las porciones divididas. Esto, resulta así la excepción, y no la regla.

Solo al ejemplo ilustrativo, consignamos que si bien la mayoría de las Provincias Argentinas han hecho uso de la facultad que les otorga el Art. 2326 del C.C., otras viarias no produjeron normas en tal sentido. Y particularmente en el caso de la Provincia de Santa Fe, existen opiniones que se oponen a la modificación del régimen provincial vigente aduciendo un impedimento jerárquico constitucional sobre la base de interpretar obligatorio para las Provincias la fijación de superficies mínimas de indivisión. Aunque mi punto de vista jurídico personal es que tal posición es errónea, y por tanto las provincias podrían realizar cambios de régimen incluso derogando las reglamentaciones existentes –vease que el párrafo 2do del Art. 2326 dice podrán, no deberán-, entiendo que es conveniente mejorar la redacción de la ley de fondo con los cambios propuestos, que como se dijo, sin quitar la facultad reglamentaria de la autoridad local, la ubica en un contexto adecuado a la situación económica actual y en línea con el sistema general del Código Civil en materia de indivisión.

En cuanto a la utilidad económica de no establecer prohibiciones como reglas rígidas, que exigen a los propietarios la realización de tramitaciones burocráticas y costosas si se pretende excepcionarlas, expreso que coincido con los argumentos de forma y fondo vertidos por variados sectores. Cita al respecto en mérito a la brevedad, las conclusiones de las jornadas sobre unidad económica realizadas el l4.l0.05, organizada por el Consejo de Agrimensores de la Provincia de Santa Fe y la Asociación de profesionales de Agrimensores de la Región Centro.