La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más profundo repudio frente a la decisión arbitraria, irresponsable y de carácter antidemocrático del Ministro de Salud de la Provincia de San Juan, Roberto Correa, de impedir, durante más de un año, la distribución de los Dispositivos Intra Uterinos –DIU- enviados por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en los hospitales públicos y centros de salud de la provincia.

Señor presidente:

Nadie deja de reconocer en la actualidad el grave problema de salud pública que significa la mortalidad materna como consecuencia de los abortos clandestinos, problema que resulta más dramático cuando menor es el nivel educativo y socioeconómico de las mujeres que realizan maniobras abortivas clandestinas en condiciones de precariedad extremas.

Reconociendo y haciendo frente a este problema, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación puso en práctica el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable con un enfoque integral y enfatizando la prevención para la salud de las mujeres, los hombres, la niñez y la adolescencia. Este programa tiene como propósito “contribuir al desarrollo integral físico, mental y social de la población en general, sin discriminación alguna y en todas las etapas de su ciclo vital”, y se sustenta en un concepto de salud sexual y reproductiva que “implica el derecho de tener relaciones sexuales gratificantes sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados, la posibilidad de poder regular la fecundidad, el derecho a un parto seguro y sin riesgos y el derecho a dar a luz y a criar niños saludables”.

Este derecho a la planificación familiar es reconocido y definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “…un modo de pensar y vivir adoptado voluntariamente por individuos y parejas, que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objetivo de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo social del país”.

La Convención por la Eliminación de todo tipo de Discriminación contra la Mujer y el Derecho a la Salud, propone también la eliminación de todas las formas y manifestaciones de discriminación en el campo de la salud como un derecho más de la mujer. La propuesta se sustenta en el rol insustituible de la mujer en la reproducción, lo que provoca que la misma se constituya en uno de los grupos vulnerables en lo que a salud se refiere, lo que se traduce además en causa de discriminación en los ámbitos social, político, laboral y familiar. De allí la necesidad de insistir en la importancia de proteger a la mujer en todas las etapas de su vida, pero en especial durante la maternidad, sin que ello implique discriminación alguna.

Por todo esto, llama poderosamente la atención la manifiesta irresponsabilidad mediante la cual el Ministro de Salud de la Provincia de San Juan, Roberto Correa, impidiera, desde hace más de un año, la entrega de DIU –Dispositivos Intra Uterinos- en los hospitales públicos de dicha provincia.

El tema saltó a la luz a partir de una investigación de Página/12 (1) que reveló, que por sus convicciones religiosas, Correa mantenía guardados en un depósito provincial unos cinco mil DIU enviados por la Nación y se negaba a distribuirlos a través de los centros de salud. El tema no sólo generó el repudio unánime de las organizaciones de mujeres, sino que además lo llevó a un fuerte enfrentamiento con los ginecólogos de la provincia, a quienes acusó de ladrones.

La semana pasada, el Ministro llegó a sostener públicamente que no repartía los DIU para evitar que los médicos especialistas los robaran para colocarlos en sus consultorios privados. Textualmente declaró a un diario de Cuyo: “Somos bastante celosos a la hora de la entrega de cualquier tipo de elemento que tengamos en custodia (porque) hemos recibido denuncias de DIU que han desaparecido de centros periféricos y que han terminado siendo colocados en algunos consultorios particulares”. Esto motivó que desde la Sociedad de Ginecología de San Juan le exigieran la inmediata rectificación de sus dichos, que el ministro realizó en privado pero no accedió a hacerla pública.

Las convicciones religiosas del Ministro Correa que motivaron el ocultamiento de los DIU se hicieron manifiestas frente al periodista Luis Majul, a quien reconoció en su programa de la radio La Red, que esa orden la había dado él mismo porque consideraba que los dispositivos intrauterinos son “abortivos”, en coincidencia con la interpretación errónea que hace la Iglesia Católica del mecanismo de acción de este método anticonceptivo.

Desde hace alrededor de un año, por expresa orden del ministro, no se podían distribuir a los hospitales públicos y centros de salud los DIU que envía periódicamente el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva a todas las provincias, los cuáles se mantenían bajo llave en el galpón de Abastecimiento de la gobernación, donde se acumulan unos cinco mil con riesgo de quedar vencidos. Las cajas que sí fueron desarmadas y sus implementos –espéculos por ejemplo- repartidos para ser usados para otros fines fueron los 170 kits de colocación de los dispositivos intrauterinos que el Ministerio de Salud de la Nación también mandó a San Juan.

Aunque finalmente, el ministro de Salud de San Juan, Roberto Correa, diera marcha atrás con su decisión arbitraria y autorizara la entrega de DIU en los hospitales públicos de la provincia, el daño a la salud de cientos de mujeres que durante último año podrían haber decidido su utilización para planificar adecuadamente su familia. Como lo expresa uno de los párrafos de la carta abierta que el comité coordinador del Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders) le enviara el martes al ministro para repudiar su decisión de esconder los DIU y exigirle que modifique su política en materia de salud sexual y reproductiva: “Sr. Ministro, usted invoca sus convicciones religiosas, plenamente atendibles si se tratara de su propia capacidad reproductiva, pero no cuando afectan las de la ciudadanía de esa provincia. Usted utiliza el cargo para el que ha sido designado para impedir a otros el ejercicio de sus derechos”.

El gobierno provincial es el responsable de garantizarle a la ciudadanía sanjuanina el ejercicio libre de sus derechos constitucionalmente consagrados, y en este caso particular, es el encargado de garantizar a la población femenina con mayor grado de vulnerabilidad social el acceso a métodos que se encuentran disponibles en las farmacias para quienes pueden pagarlos.

Por ello, resulta absolutamente repudiable y desde todo punto de vista inaceptable que se argumenten convicciones religiosas para obstaculizar el ejercicio de los derechos reproductivos de aquellas ciudadanas que decidan ejercer el derecho personalísimo sobre el propio cuerpo y controlar en forma activa su sexualidad y su maternidad. A ellas, más allá de cualquier convicción religiosa y sobre todo si pertenecen a los sectores sociales más vulnerables, el Estado debe garantizarles el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.