La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del Ministerio del Interior y Transporte, si es veraz el trascendido de que para liberar un tramo de vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, lindantes al asentamiento de emergencia denominado "Villa 31" de la Ciudad de Buenos Aires, se indemnizará a los ocupantes de tierras y vías del ferrocarril con sumas de dinero de hasta 180.000 pesos; asimismo se solicita que se informe si no se ha planificado la construcción de viviendas decorosas para mudar a los residentes de esas villas precarias en lugar de distribuir dinero de por sí fugaz.

Señor presidente:

Conocidos con los asentamientos de emergencia habitacional que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos han aumentado en más de un 50 % su población, tomando terrenos pertenecientes al Estado, sea nacional o local.

Una de las villas de emergencia más importantes es la Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro.

Esta villa existe desde 1932, y ha pasado por diferentes estadios, pero nunca se logró erradicarla por completo. Por el contrario, con el transcurso del tiempo, ese asentamiento se ha ido desplegando. Hoy llega, precisamente a la vera de las vías del ferrocarril Belgrano, hasta la calle Salguero, en cercanías del centro comercial Alcorta.

Asimismo, la legislatura de la Buenos Aires sancionó una ley para su urbanización en el año 2010, que nunca fue reglamentada y por ello incumplida.

Como se indica precedentemente, los asentamientos habitacionales precarios de esta villa siguen creciendo ocupando terrenos del Ferrocarril Belgrano Cargas. Inclusive hay asentamientos sobre el trazado de vías del ferrocarril.

Claro está que estamos ante un delito de usurpación de terrenos públicos y al mismo tiempo, ante un panorama desolador y ausencia de políticas públicas adecuadas para la construcción y acceso a la vivienda digna para todos los ciudadanos necesitados.

Se propala que estamos impulsando un modelo de inclusión social, pero la realidad exhibe que se acrecienta la marginalidad.

Esta falta de una política seria en lo social, con especial objetivo en la cobertura del déficit habitacional, lleva a muchas personas a asentarse en construcciones precarias usurpando tierras pertenecientes al Estado y/o privados.

Consideramos un procedimiento impropio que, para el desalojo de dichos terrenos, se les indemnice a los ocupantes con hasta $ 180.000, según trascendidos periodísticos, por desocupar el lugar. Esos recursos, con una previsora y necesaria planificación, deberían ser la base para realizar un plan de viviendas destinadas a erradicar las villas precarias y relocalizar a sus habitantes.

Por lo expuesto solicito el respaldo para este pedido de Informes.