La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar profunda preocupación por la situación cada vez más precaria del Patronato de Liberados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patronato "Jorge H. Frías", tanto en relación a su financiación como a su cualidad de asociación civil privada que cumple funciones públicas de extrema importancia para la justicia y la seguridad de la sociedad.

Señor presidente:

El Patronato de Liberados "Jorge H. Frías" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una asociación civil que fue creada, hace casi cien años, con el propósito de dar algún tipo de asistencia a personas que recuperaban su libertad tras un tiempo de encarcelamiento. Sin embargo, con el devenir de la historia, ha recibido cada vez más atribuciones, funciones de control y obligaciones de asistencia, hasta transformarse en un órgano que supervisa ejecución de las penas, suspensiones de juicio a prueba, diversas cuestiones relacionadas con libertad condicional de presos y reinserción de personas que han cumplido sus sentencias, entre muchas otras cosas.

Todo esto, el Patronato lo realiza siendo una asociación civil manejada por particulares, con control -en muchas ocasiones, sólo formal- de la Auditoría General de la Nación, y con financiamiento conjunto del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, es una asociación civil sin control estatal la que se encarga de cumplir una gran cantidad de funciones públicas muy importantes para la Justicia y para la seguridad de la sociedad, tareas que deberían ser propias del Estado.

En este marco de situación, hoy se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no girar más fondos para el funcionamiento del Patronato, a partir del año próximo. Esto significa que para el 2014 tendrá que funcionar con la mitad de su presupuesto, y que posiblemente tenga que dejar sus oficinas en el Palacio de de Tribunales. En la actualidad, en el Patronato ya tienen problemas de financiación, les faltan recursos para cubrir todas las funciones que tienen, y a sus casi cien trabajadores se les paga muy irregularmente. La perspectiva para el año que viene, sin los recursos provenientes de la Corte Suprema de Justicia, es nefasta.

No caben dudas ni que la función pública del Patronato es esencial, así como que dada su importancia, responsabilidad y magnitud, ésta debería ser llevada a cabo por un organismo del Estado. En este sentido, la discusión sobre bajo qué órbita debería estar, si del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, es absolutamente válida. Casi todos los patronatos son parte de los Ejecutivos provinciales, y por ejemplo nosotros propusimos que éste se ponga bajo la órbita de la Cámara Federal de Casación (Expediente 0404-D-2013). Pero es una discusión que ya es inaplazable, habida cuenta de la preocupante situación actual con el poco alentador pronóstico para 2014, y hay que tratarla con la mayor de las urgencias.

Sería extremadamente preocupante el dejar por más tiempo la situación del Patronato, sus trabajadores y sus funciones, en este limbo en el cual se encuentra y que se agudizará a partir de 2014, y que tantas repercusiones puede traer a nivel de nuestro sistema penal y nuestra sociedad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que aprueben este proyecto de declaración.