La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y preocupación por las informaciones que en la provincia de Santiago del Estero muchos campesinos santiagueños están siendo diariamente desalojados por empresarios que alegan presuntos títulos de propiedad de sus tierras. Conforme a ello, solicitar que el Poder Ejecutivo tome las medidas pertinentes por violación a la propiedad privada.

Señor presidente:

Para comprender la importancia de este tema y sus implicancias pasaremos a realizar una breve reseña de la situación, que se viene sucediendo hace ya varios años.

A 75 km al sur de la capital de Santiago del Estero, cerca de la localidad de Garza, se encuentran pequeños parajes como San José, San Pablo, Quimilioj, Molle, Tusca Lagunita, y otros de escasos habitantes que no figuran en los censos.

En esta zona, al igual que en muchas de esa provincia, hay una carencia muy grande de agua, no hay electricidad, los caminos son muy malos y el transporte muy escaso. En verano la temperatura alcanza los 52º, y en invierno puede llegar a descender hasta los -10º; sin embargo, los chicos van descalzos y sonríen.

Estos campesinos, ahora organizados para construir pequeñas represas que mantengan el agua de lluvia, no poseen el título de la propiedad de sus tierras y han sufrido intentos de desalojo y denuncias por apropiación de recursos forestales.

Esta situación no es para nada anormal en esta provincia, donde se calcula que más del 75% de los campesinos no tienen títulos de propiedad a pesar de vivir en las tierras en las que lo hicieron sus padres y sus abuelos.

Durante mucho tiempo, estas tierras no fueron reclamadas por sus titulares por ser consideradas infértiles o de escaso valor para los grandes latifundistas que no le encontraban beneficios. Pero hoy, debido a la expansión de la frontera agropecuaria, han cobrado valor.

Entonces, grandes empresarios lamentablemente mueven los hilos para desmontar y hacerse de estas tierras, poniendo de su lado, muchas veces ilegítimamente, a jueces y policías.

A su favor, aprovechándose del desconocimiento de algunos campesinos, recurren a la fuerza, y se justifican alegando su presunto título de propiedad y que estos campesinos no utilizan la tierra de manera productiva, ya que, a sus ojos, no realizan monocultivo ni buscan resultados rápidos. Desde hace unos pocos años, el alto rendimiento económico de la soja vuelve a poner en jaque a los campesinos.

Pero esta vez es diferente, ya que hay muchas organizaciones trabajando para que esto no suceda.

Guido Corbalán (presidente del MOCASE - Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero) explica que "Esta es una lucha muy dura, porque más allá de que hay una ley veinteñal que nos protege, ya que en muchos casos venimos de 4 o 5 generaciones de posesión, las leyes no se respetan, los jueces toman decisiones que te afectan. Sin embargo el poseedor con ánimo de dueño tiene que luchar mucho para ser reconocido. Hay una justicia formal que no se cumple, uno va a la policía y no le toman las

denuncias; si la ley está para protegernos, la justicia debería tomar conciencia. Ahora el gobierno ha generado espacios para que esto se resuelva pero lamentablemente no son suficientes. Como poseedores tenemos que reclamar porque sabemos que este lugar es nuestro, queremos el futuro de estas comunidades porque hay chicos, hay escuelas, hay hospitales. Aunque sabemos que es una lucha dura, sabemos el gobierno tiene que tomar conciencia de que no se puede vivir en conflicto." Esta es una forma que este representante nos explica la lucha diaria y cotidiana que realizan y también participando de la Mesa Provincial de Tierras junto a representantes de FUNDAPAZ, INCUPO, Programa Social Agropecuario (PSA), Greenpeace, Pastoral Social del Obispado de Santiago del Estero, y otras organizaciones locales.

Valeria Paz (Pastoral Social) nos cuenta: que "La mesa de tierras se funda en abril de 1999 porque había muchos conflictos de tierras, ejecuciones de desalojo misteriosas, no había información, había irregularidad en los procedimientos, violencia. La policía, pagada por empresarios, no era imparcial, en los desalojos intervenían matones, y luego desmontaban. Durante el régimen juarista hubo un avance muy fuerte del desmonte para cultivar soja, sumado a la inseguridad jurídica. Debido a esto, la Iglesia decidió asumir un compromiso social e hizo una convocatoria para definir una política, para construir un espacio colectivo y sumar la historia de lucha del Mocase."

Claro que no todos están de acuerdo con la Mesa, ya que mientras se piensan las soluciones, el desmonte avanza y las topadoras siguen invadiendo territorios. Los terratenientes compran títulos dudosos a cualquiera, y después ingresan con topadoras destruyendo plantaciones y amenazando a los poseedores. Actualmente, los paquetes tecnológicos que incluyen semillas de soja genéticamente modificadas, permiten cultivar en casi cualquier suelo, a fuerza de fertilizantes y herbicidas, borrando la frontera natural de los cultivos. Para hacer esto, se limpian los bosques sin tener en cuenta que ellos forman parte de un ecosistema donde hay especies amenazadas y que son una fuente de vida para los lugareños, ya que ahí encuentran comida, leña y otros productos. El desmonte, además, ayuda a la desertificación del suelo, intensificando tanto la sequía como las inundaciones. La Mesa Provincial de Tierras de Santiago del Estero trabaja en conjunto tratando de sumar gente y lograr soluciones concretas. La experiencia prueba que el primer paso es organizarse, ya que esto le da voz a los campesinos y los saca de un hecho aislado para llevarlos a reclamar por una problemática que se presenta en toda la provincia., y en algunas otras provincias.

Gracias al trabajo de MOCASE, INCUPO, FUNDAPAZ, y otras organizaciones, los campesinos hoy son visibles, están organizados, se están capacitando y son considerados; tienen derecho a que buenos profesionales los asesoren y trabajen con ellos."

Por ultimo El MOCASE Vía Campesina tiene como objetivo poner todo su capacidad en función de:

- Restituir en la tierra a la que pertenecen legítimamente, a estas familias campesinas. - Investigar y hacer investigará a fin de que se realicen las acciones jurídicas y administrativas que correspondan.

- Desarrollar una campaña de información y alerta nacional para que se no se repitan ni reproduzcan estas conductas desde quienes supuestamente debieran velar por los derechos de trabajadores y productores rurales, y los utilizan para sus intereses.

"Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.