La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Defensa se sirva informar sobre los siguientes aspectos:

1º) Motivos que dieron sustento a la decisión de hacer participar a las FFAA en el desalojo de terrenos fiscales en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

2º) Qué relación habría entre el retiro de las fuerzas de seguridad para asignarlas a tareas en la Provincia de Buenos Aires y la necesidad de contar con personal militar en las tareas de seguridad.

3º) Si ha habido algún cambio en la política del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a la participación de las FFAA en tareas de seguridad interior.

Señor presidente:

La Nº 24.059 dispone que la seguridad interior se encuentre exclusivamente a cargo de las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación, prohibiendo la participación de las FFAA en tareas de represión. Sólo en casos excepcionales las FFAA podrán apoyar con logística (arsenales, intendencia, sanidad, ingenieros, comunicaciones) las tareas que cumplan las fuerzas de seguridad.

Esta ley de la democracia dispone asimismo que el Presidente de la Nación, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 99, inciso 14 de la Constitución Nacional, dispondrá el empleo de elementos de combate de las fuerzas armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio.

Los argentinos dijimos nunca más a la represión y a las tareas de inteligencia interna por parte de las fuerzas armadas que dejaron un saldo de miles de muertos y desaparecidos. Por ello vemos con preocupación que no se estén cumpliendo acabadamente con las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior en cuanto al rol que estas normas le asignan respectivamente a las fuerzas armadas y de seguridad. Tanto las acciones del entonces jefe de la Armada, que realizaba espionaje ilegal a políticos, periodistas y militantes de organizaciones sociales, como las más recientes en que la Gendarmería Nacional montara el Plan X para recolectar datos de dirigentes sociales, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y resultan contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes dictadas en democracia

Con el traslado de las fuerzas de seguridad nacionales desde las Provincias hacia el conurbano bonaerense con motivo de nuestras próximas elecciones han quedado desguarnecidas nuestras fronteras y nuestras rutas.

La participación de las fuerzas armadas en el desalojo de terrenos fiscales en Río Gallegos sienta un peligroso antecedente que tenemos la obligación de señalar, máxime si se tiene en cuenta que el Gobierno se ha negado sistemáticamente a constituir la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior, dispuesta en el art. 33 de la Ley 24.059 cuya misión es verificar que el funcionamiento de los órganos y organismos de seguridad se ajuste estrictamente a lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, constatando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como de las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.