La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la autoridad competente informe a esta Honorable Cámara:

1. ¿Cuál es el grado de avance en la ejecución del Programa de Construcción de Establecimientos Penitenciarios Federales, comprometido en el marco del Plan Nacional de Seguridad 2004?

2. ¿Cuál es el estado procesal de las denuncias penales presentadas ante la Oficina Anticorrupción, a causa de los sobreprecios detectados en la construcción de 3 cárceles federales (Salta, Mercedes y Coronda)?

3. Teniendo en cuenta la finalidad de la pena, que es la resocialización de los detenidos, ¿cuáles son los resultados obtenidos y cuál es el grado de desarrollo que presenta el programa Trabajo en Cárceles?

Señor presidente:

El problema carcelario en Argentina ha sido objeto de estudio en inumerables ocasiones, y desde hace tiempo, por parte de instituciones públicas y privadas. Los informes que se han realizado han arribado siempre a similares conclusiones: el Sistema Carcelario Argentino resulta ineficiente para cumplir con el mandato constitucional que sostiene que “…las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”, y con el fin de resocialización, previsto para la pena.

En la actualidad es difícil que el sistema penitenciario pueda dar respuestas pues todo el régimen acarrea fallas estructurales, tornándolo incapaz de introducir pautas que tiendan a la integración y capacitación de los detenidos. Como consecuencia de ello se observan cada vez más, manifestaciones de violencia dentro de los distintos establecimientos que en muchos casos culminan con la muerte tanto de reclusos como de guardia cárceles.

Esto pone en evidencia la falta de políticas por parte del Estado que tiendan a dar una solución efectiva al problema que se arrastra desde hace décadas.

Esta realidad se observa claramente a través de los índices carcelarios que nos indican el hacinamiento, la sobrepoblación, la incertidumbre en la que viven la mayoría de estas personas (el 64% de la población penitenciaria se encuentra procesada) y las malas condiciones de vida en general, que se dan en todas las cárceles del país.

En la Argentina existen alrededor de 64.000 personas privadas de su libertad, de las cuales algo más de 10.052 se encuentran alojadas en el Servicio Penitenciario Federal. El promedio de sobrepoblación en el SPF es del 10%, es prioritario entonces comenzar la construcción de nuevas plazas, para mejorar las condiciones de vida de los detenidos, para cumplir con principios internacionales que tienen que ver con derechos humanos y para hacer frente al porcentaje anual de crecimiento de población penal.

En virtud de este conflicto, los sucesivos gobiernos se han embanderado con planes de seguridad en los que se preveía la construcción de numerosas cárceles federales en distintas partes del país; sin embargo, ninguno de los proyectos está concluido (y algunos ni siquiera fueron iniciados) y lo que es peor aún, ahora se suman denuncias penales, problemas presupuestarios e irregularidades administrativas en los procesos de licitación. Esta situación nos obliga a exigir, a aquellos responsables de estas anormalidades, las explicaciones necesarias, que permitan conocer el verdadero estado del asunto.

Sin embargo, la cuestión carcelaria no se limita a la construcción de nuevos establecimientos. Bien sabemos que la finalidad de la pena es la reinserción social del condenado, pues así lo dice la ley de ejecución penal.

Ahora bien, el problema se plantea cuando observamos que nuestro sistema de ejecución penal se concentra sólo en el encierro de los detenidos. Pocas son las actividades que pueden realizar los reclusos que tiendan a su resocialización. Además se debe tener en cuenta que los beneficios laborales sólo son accesibles para los condenados, por lo que los procesados carecen de incentivo alguno, dentro del marco normativo, para acceder a determinados regímenes. Esto comprueba que aquellos internos que esperan la resolución de sus juicios en prisión, (que como dijimos es el 64% de población penal) no se vea generalmente motivada al emprendimiento de actividades de preeducación. Otra situación a tener en cuenta, y que refleja la carencia del sistema en cuanto a la resocialización, es el porcentaje de reingreso. Según estudios realizados por la Asociación Civil, Unidos por la Justicia, según cifras analizadas hasta el año 2004, el 21,1% de los detenidos que fueron liberados tras cumplir su condena volvió a ingresar al sistema.

De la situación carcelaria, hemos decidido destacar determinados puntos, que sostenemos constituyen la base del sistema de ejecución penal, y es por ello que si queremos respetar el mandato constitucional al que se hizo referencia al inicio, debemos comenzar por analizar las efectivas políticas que se están llevando a cabo en la materia, para corregir irregularidades y cambiar este escenario que nos mantiene en deuda tanto nacional como internacionalmente.

Por las razones expuestas, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de resolución.