La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más profunda preocupación por el inicio de acciones legales por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires contra los representantes del claustro estudiantil, inaugurando de este modo, una etapa donde se reemplaza el debate y los consensos institucionales de una Universidad, por el condicionamiento de la participación estudiantil a través de la judicialización de las acciones de protesta de dicho claustro. Asimismo y como consecuencia de lo anterior, expresa también su preocupación por el procesamiento judicial dictado el 7 de Noviembre próximo pasado por el Juzgado Federal Nro. 9 a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid a diez representantes estudiantiles pertenecientes al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y a la Federación Universitaria de Buenos Aires quienes reclamaran el 28 de Mayo de 2008 la reapertura inmediata y el acondicionamiento de la única sede que tuviera hasta ese momento el Ciclo Básico Común en la zona Oeste del Conurbano bonaerense.

Señor presidente:

En la sesión del 28 de mayo de 2008 un grupo de estudiantes se presentaron a reclamar frente al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la reapertura y el acondicionamiento de la sede del Ciclo Básico Común (CBC) de la localidad bonaerense de Merlo.

Este conflicto no era nuevo, comenzó a mediados del mes de Marzo del corriente cuando dicha sede del CBC donde cursan aproximadamente 3500 alumnos fue cerrada por el Municipio por fallas de infraestructura, manifestando además la negativa a seguir pagando los gastos de mantenimiento del lugar. Frente a este hecho el rector de la Universidad decidió trasladar docentes y alumnos a otras sedes, algunas ubicadas a gran cantidad de kilómetros de distancia, a la vez que se firmó un acuerdo con el municipio por el que se mantenía de forma provisoria la apertura de la sede hasta tanto se consiguiera el alquiler de un edificio de las mismas características en la zona oeste de Buenos Aires.

Si bien no compartimos la metodología adoptada por el grupo de estudiantes que decidieron imponer el tema en dicha reunión ni la presión ejercida para que los Consejeros firmaran un acta acuerdo donde se garantizaba la continuidad de las clases en esa sede y la normalización de los servicios de seguridad y limpieza requeridos para la misma, creemos que la indolencia manifestada por la conducción de la Universidad frente a temas sentidos por la comunidad estudiantil ha generado el malestar que desembocó en dicha protesta, la que fue lamentable y erróneamente desbordada.

Frente a estos hechos, el rector Rubén Hallú decidió formular una denuncia en el Juzgado Federal por privación ilegítima de la libertad al tiempo que lo anunciaba en una conferencia de prensa, pudiendo haber adoptado los mecanismos de investigación y sanción propios del estatuto universitario. Según sus propias declaraciones en medios masivos de comunicación advirtió que "desde la universidad vamos a iniciar los sumarios correspondientes para detectar a los responsables de los incidentes". Hasta el día de la fecha no se han iniciado dichos sumarios.

Otro aspecto que no puede soslayarse es que, a pesar que los hechos ocurridos el 28 de mayo fueron protagonizados, según declaraciones de los decanos presentes, por entre 50 y 70 estudiantes, la denuncia del Rector fue dirigida solo hacia diez de ellos, todos con algún tipo de representación política: Cristian Henkel y María Damasseno son los actuales copresidentes de la Federación Universitaria, Agustín Vanella, Santiago Gima y Juan Pablo Rodríguez son ex presidentes de la misma federación, María Laura Casal es miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias veterinarias (institución de la que fuera decano el Rector Hallú) y Alejandro Raina es Presidente del Centro de Estudiantes de la misma facultad. Junto a ellos también fueron procesados el Consejero Directivo de la facultad de Psicología David Fridman y los Consejero Superiores Leonardo Perna y Mariela Silesio.

Hoy la Justicia Federal continúa con el proceso "de oficio" y la UBA no se ha presentado como querellante. El delito que se les imputa, fruto de las modificaciones realizadas al Código Penal en la "etapa Blumberg", es el de secuestro coactivo agravado por el número de participantes (art. 142 bis inc. 6 del Código Penal) que tiene una pena de 10 a 25 años de prisión, con el agregado que se ha trabado embargo en los bienes de los estudiantes implicados por diez mil pesos y se les ha dictado la prohibición de salir del país.

No podemos emitir opinión acerca de las características de la imputación que ha decidido el Juzgado Federal, pero podemos reconocer una clara direccionalidad en ella; el objeto es judicializar la protesta social y buscar un castigo ejemplar para los cientos de estudiantes que reclaman en todo el país condiciones dignas de cursada y mayor presupuesto educativo.

Lamentamos la decisión del Rector Hallú de denunciar a los dirigentes estudiantiles abandonando los canales orgánicos de discusión democrática que deben caracterizar la vida académica y poniendo en manos de instituciones ajenas al debate universitario el claro cercenamiento de la representación estudiantil que surgiera de elecciones democráticas masivas y libres.

Por todo lo expuesto, considerando que esta decisión judicial amerita su abordaje urgente es que solicito el tratamiento y la aprobación de la presente declaración.