La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones necesarias con el Gobierno de Chile para revisar el Tratado sobre Integración y Complementación Minera que ambos países suscribieron el 29 de diciembre de 1997.

2. Comunicar a las autoridades del Parlamento de la República de Chile el contenido de la presente resolución.

Señor presidente:

Durante la década de los 90' se han firmado un conjunto de leyes mineras sumamente perjudiciales para los intereses de nuestro país, que tienen como inicio la ley 24.196 de "inversiones mineras", reglamentada en diciembre de 1993 y que se apoya en el Protocolo sobre Cooperación Minera de 1991 ampliado con el "Tratado entre Argentina y Chile sobre integración y complementación minera" de 1997. Toda una legislación que convierte a Argentina en país minero y a la Cordillera de los Andes en un "tercer Estado de las multinacionales".

Los sucesivos gobiernos, han acompañado esta política de diferentes formas: el de Menem fue el que le dio origen, el de De la Rúa aprobó el Tratado de 1997 mediante la Ley 25.243 (el 23 de marzo del 2000), y el de Néstor Kirchner ha suscripto varios Protocolos Adicionales Específicos, contemplados en el mencionado Tratado de 1997 en su artículo 18, que facilitaron el avance de diferentes proyectos de explotación minera. Además, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó el Plan Minero Nacional en el 2004 que implicó centenares de exploraciones a lo largo de la Cordillera.

El cuidado y la protección del medio ambiente no ha sido debidamente tenido en cuenta al momento de la redacción del Tratado que pretendemos revisar. Fue tan general su mención, que además de dar lugar a diversas interpretaciones, diluye el objetivo primordial que es el de preservar nuestros recursos naturales. Numerosos especialistas en el tema han advertido acerca del impacto ambiental de este tipo de explotaciones mineras a cielo abierto, por el uso de químicos como el plomo, el arsénico, cianuro, y el mercurio, utilizados en el proceso industrial. Estos tóxicos, se esparcen el aire y en el agua, poniendo en peligro a los ecosistemas, a las poblaciones linderas y a sus sistemas productivos. Por otro lado la minería es un gran depredador de dos recursos escasos como son el agua y la energía. Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración de la superficie y los estratos subyacentes, así como los acuíferos.

Es menester mencionar que el Congreso ha sancionado la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares el 22 de octubre del corriente año, que entre otras cosas establecía la debida protección de los glaciares comprendidos dentro de la llamada "Area de operaciones" del Tratado Minero, y la Presidenta Cristina Fernández, curiosamente, ha vetado esta Ley esgrimiendo como argumento principal que ya existe suficiente legislación para proteger el medio ambiente y no es necesaria la aprobación de esta ley.

Todo, incluso el veto a la ley de glaciares, hace suponer que el Tratado solamente ha sido firmado para conceder beneficios a un pequeño de grupo de grandes empresas, entre las que se encuentra la Barrick Gold, que cuenta entre sus accionistas con el ex presidente George Bush.

Entre los beneficios que se otorgan a las empresas que explotan la zona se encuentran: exenciones del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, del Impuesto a los Activos y a la Ley de Sellos; exención de los derechos de importación y estadística de los equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación; acceso al pago de reintegros por exportaciones no tradicionales, con reintegro adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos; devolución del IVA por las exportaciones realizadas; y el hecho de que los emprendimientos mineros gozarán de "estabilidad fiscal", significando lisa y llanamente que ninguna ley o decreto podrá modificar en el futuro la situación impositiva existente.

Otra de las facilidades otorgadas a estas multinacionales es que tienen "paso libre": las mineras no deben pasar por las Aduanas y únicamente deben presentar una declaración jurada. Vale decir que pueden entrar o sacar lo que se les ocurra, ya sea en lingotes producidos o cualquier otra cosa que incluyan en sus declaraciones juradas. Y por si fuera poco, son favorecidas por el beneficio de libre disponibilidad de las divisas, sistema avalado por el propio ex presidente Kirchner, mediante el cual los dólares que ganen no deben ser liquidados en el Banco Central, como están obligados a hacer todos los productores y exportadores del país, pudiendo liquidarlos sólo en el exterior, con lo cual tampoco sobre esto existe algún tipo de control.

A partir de tantas concesiones totales y absolutas para las multinacionales mineras, cabe preguntarse cuál es el "beneficio económico para nuestros países" tan proclamado por gobernantes y funcionarios, que los promovieron. Este supuesto beneficio radica solamente en las regalías que deben pagarle al país las empresas mineras. A tal efecto se estipuló que esas regalías alcanzarían a un "generoso" tres por ciento. Pero el artículo 22 de la Ley 24.196 dice que de ese porcentaje deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguros, comercialización, administración, refinación, fundición y molienda. Por esa razón, las tan beneficiadas empresas mineras terminan pagando menos del uno por ciento. Algo que ni siquiera puede ser considerado una limosna, habida cuenta que las multinacionales se llevan miles de millones de intocables dólares de ganancia. Con el agregado, además, de que la Argentina deberá luego importar el oro o cualquier otro metal que fue extraído de su suelo