Señor presidente:

La reciente noticia de que Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe ponernos en alerta como parte de una región que ha sufrido y sufre múltiples violaciones a los derechos humanos y para la cual el sistema interamericano de protección ha sido clave en la defensa, protección y garantía de esos derechos fundamentales.

En particular en este caso, en los últimos informes anuales la Comisión Interamericana ha identificado a Venezuela dentro de los países en los que la situación de los derechos humanos es crítica. En este sentido, evadir el sistema interamericano de protección implicaría un grave daño a su ciudadanía, que no podrá recurrir más a esta instancia internacional para reclamar por violaciones a los derechos reconocidos en la Convención.

Además, esta denuncia se da en un contexto en el que Venezuela junto con otros Estados se pronunció en contra del trabajo de la Comisión Interamericana e impulsa una reestructuración de dicho organismo, de modo de quitarle recursos y reducir sus funciones. Por lo tanto, la decisión en cuestión se agrega a una serie de medidas destinadas a debilitar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Una situación con algunas características similares se vivió en los 90 cuando Fujimori giró al Congreso un proyecto para retirarse de la competencia contenciosa de la Corte que si bien fue aprobado por el Congreso, luego no prosperó. En aquella ocasión quedó demostrado que en nada sirve evadir el sistema de protección regional para encubrir violaciones a derechos humanos por las que el Estado es responsable.

Por otro lado, una de las principales premisas de los defensores del sistema interamericano es alcanzar su universalización. Históricamente hubo reiterados intentos de incorporar a Estados Unidos, Canadá y varios Estados del Caribe, que hoy por hoy siguen sin ratificar la Convención. Es decir, es una clara aspiración de la región que todos los Estados que la componen también se comprometan con el Sistema, independientemente de sus ordenamientos jurídicos internos. En esta línea, el retiro de un Estado que además tiene un significativo peso político en América Latina merece nuestra atención y preocupación, como país comprometido con la defensa y protección de los derechos humanos.

Reforzando los criterios anteriormente expuestos y reivindicando los valores plasmados en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, también nos vemos obligados desde esta Honorable Cámara a solicitarle a la Cancillería que ejerza sus mayores esfuerzos para tratar de revertir la decisión tomada por el estado venezolano dentro del plazo de un año que establece el artículo 78 de la Convención para que la denuncia tenga efecto.

La necesidad de llevar a cabo estas gestiones se ve reforzada por la estrecha relación entre la Argentina y Venezuela, que se ha visto fortalecida por la reciente incorporación de ese Estado al MERCOSUR, el que también tiene entre sus pilares asociativos la plena vigencia de los derechos humanos en nuestros países.

Por los motivos expuestos, les solicito a mis colegas que me acompañen con su firma.