La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación, con el objeto de solicitarle que, por medio del Ministerio de Educación y la Subsecretaria de Planeamiento Educativo, se sirva informar respecto de la aplicación de la Ley N° 26.075, los siguientes puntos:

1. Discrimine recursos presupuestados, proyectados y ejecutados respecto del gasto de inversión educativa correspondiente al año corriente.

2. Destino efectivo de esos recursos: programas nacionales, edificios, asistencia a emergencias o problemáticas especiales, tecnología, etc.

3. Recursos aportados en el marco del Programa de Compensación Salarial y las provincias asistidas.

4. Recursos aportados a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con aportes de índices, montos y destinos.

5. Recursos internacionales: origen, destino y características de subsidio o crédito.

6. Informe sobre la metodología de elaboración, seguimiento y control de los convenios con las jurisdicciones educativas provinciales respecto del cumplimiento de metas operativas tanto financieras como educativas.

7. Si existe publicación de los convenios con las provincias, de sus actas complementarias y las actas de monitoreo.

8. Copias de los convenios firmados en el marco de la Ley, con las provincias de Salta, Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero y San Luis.

9. Si se evidencian problemas para el cumplimiento de las metas financieras y futuras dificultades para mantener el nivel actual de la inversión provincial en el mediano y largo plazo.

10. Qué previsiones se han tomado para cubrir los desfasajes financieros procedentes del esfuerzo fiscal adicional, que ha recaído netamente sobre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requerido por la ley considerando que los recursos del estado nacional se han ido incrementando pero no ha ocurrido lo mismo con las provincias.

11. Cómo evalúan el avance entre los objetivos de financiamiento y su impacto en la calidad educativa, y qué objetivos han sido priorizados sobre otros en el marco de la política educativa vigente

12. ¿Cuál son las demandas presupuestarias concretas para llevar adelante una ampliación de la jornada extendida o completa acorde a la meta expuesta en el art. 2 inc. B de la Ley?

13. Si ha sido reglamentada la definición de criterios de distribución de recursos nacionales que ordena el Art. 14 de la LFE.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto solicitar al Ejecutivo Nacional, que a través del Ministerio de Educación se sirva informar sobre los recursos invertidos en cumplimiento de la Ley N° 26.075, de Financiamiento Educativo, en el corriente año.

La Ley de Financiamiento Educativo ha marcado un punto de inflexión en la materia y al acercarse el vencimiento de la misma se plantean nuevos desafíos en función de las bondades y debilidades que esta política ha generado. Emprender la tarea de realizar un diagnóstico preciso sobre el esquema de financiación educativa vigente es una tarea fundamental y edificante como debate previo a la sanción de una nueva Ley.

Nuevos interrogantes y desafíos surgen en esta nueva etapa, las metas generales de inversión educativa han sido alcanzadas en los años de implementación de la ley; lo que no es claro y público es la información del nivel de cumplimiento de la Ley, por parte de la Nación ni de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo es extendido el reclamo de una nueva ley que aumente la inversión y redefina los objetivos y los aportes de las partes. Podemos identificar también otros problemas que han incidido en el financiamiento educativo, una inversión mucho menos a la estipulada atribuible a múltiples causas, entre ellas: la falta de confiabilidad de los recursos que el Ejecutivo Nacional estima en el Presupuesto, a los cuales se los califica menores que los reales y la dificultad para señalar claramente las inversiones nacionales y provinciales, por desajustes temporales entre las sanciones de los distintos presupuestos jurisdiccionales y el nacional.

Sin embargo, aún con su implementación efectiva, no se ha logrado disminuir las desigualdades de inversión de los diferentes gobiernos subnacionales. En un extremo, La Rioja y Salta no cumplieron los objetivos financieros de la Ley; Corrientes, San Luis y Santiago del Estero, alcanzaron la meta en sólo uno de los tres años; finalmente, la provincia de Buenos Aires tuvo dificultades para el cumplimiento en el 2007. El incumplimiento de las jurisdicciones que aportan una parte importante de la inversión consolidada alerta sobre posible dificultades para mantener el nivel actual de la inversión en el mediano plazo. Por otro lado, el costo fiscal del aumento de inversión educativa ha recaído fundamentalmente sobre las provincias y una nueva ley de financiamiento deberá contemplar una justa coparticipación de los recursos fiscales para aliviar esta presión fiscal que el aumento del financiamiento para educación ejerce sobre las provincias y sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otra cuestión de importancia es que las desigualdades de financiación se profundizaron a pesar de los aportes del Fondo Compensatorio Nacional. Un ejemplo de situaciones desiguales que se agudizan sin remedio es cuanto ocurre con la provincia de Buenos Aires, que, con la más alta población escolar (38 por ciento), invierte el 34,3 por ciento de su gasto público en educación y, sin embargo, es la menos favorecida en el reparto de la coparticipación. Las desigualdades reclaman correcciones que no deben demorarse en la reglamentación de la ley.

Los nuevos objetivos de financiamiento tendrán que contemplar el doble desafío para el futuro de la educación argentina: continuar mejorando en el largo plazo la dotación de recursos estatales para la educación e implementar políticas acordes que los traduzcan en mejores resultados de acceso, equidad y calidad.

Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.