La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Exigir al Poder Ejecutivo Nacional que disponga la inmediata separación del cargo de la Ministra de Seguridad de La Nación, Patricia Bullrich, por ser la principal responsable de una escalada represiva en todo el país, que condujo en los últimos meses al asesinato por parte de la Gendarmería Nacional de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y que tuvo nuevo episodio el pasado 14 de diciembre con la militarización del Congreso Nacional y sus inmediaciones y la brutal represión a los trabajadores, jubilados, periodistas, diputados, organizaciones sociales y políticas que se manifestaban contra la reforma previsional, dejando como saldo 45 personas detenidas y decenas de heridos de balas de goma. Entre los días 13 y 14 de diciembre fueron reprimidos y brutalmente agredidos Diputados de la Nación frente al Congreso en oportunidad de intentos de intervención de los mismos para detener la fuerte represión policial y de la gendarmería.

Reclamar la investigación judicial de las responsabilidades políticas, empezando por las que le caben a la Ministra Bullrich, en el encubrimiento de los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y por la salvaje represión de los días 13 y 14 de diciembre, que incluye la vulneración de las garantías constitucionales de los manifestantes y de las personas detenidas.

Repudiar la política represiva que impulsa el gobierno nacional, que se viene manifestando en conflictos obreros (desocupaciones violentas de AGR, Pepsico, etc.), que reconoce una continuidad de la política del gobierno anterior -con la ley antiterrorista, el Proyecto X, la brutal represión a los obreros de Lear, entre otros- y que apunta a poner en pie un verdadero régimen de excepción contra los reclamos y la organización popular en función de hacer pasar las reformas confiscatorias y el ajuste contra los trabajadores.

Señor presidente:

El pasado 14 de diciembre, día en que estaba convocada la sesión especial para tratar las reformas previsional y tributaria que implicarán una brutal confiscación a los jubilados y trabajadores y una monumental transferencia de recursos de éstos hacia la clase capitalista, una gran cantidad de sindicatos, comisiones internas, organizaciones sociales y políticas convocaron a movilizarse y rodear el congreso contra este ataque al pueblo trabajador. El contundente repudio popular a este paquetazo de reformas redactadas de acuerdo con las exigencias del FMI, produjo una masiva movilización en los alrededores del congreso.

La repuesta del gobierno fue un descomunal operativo represivo que comenzó el día anterior a la sesión, el miércoles 13 de diciembre –fecha en que fueron brutalmente reprimidos y heridos los diputados Victoria Donda y Leonardo Grosso- y el despliegue de casi un millar de efectivos de la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria para rodear el Congreso nacional, con un salvaje accionar represivo contra los manifestantes que se extendió durante casi ocho horas y que dejó como saldo unos 45 detenidos y decenas de heridos de bala de goma, incluyendo a varios periodistas que cubrían los hechos. Dos diputados nacionales, Mayra Mendoza y Matías Rodríguez, debieron ser hospitalizados debido a los gases disparados por Gendarmería.

Tras la represión, la Policía Federal impidió hasta altas horas de la noche que abogados de organizaciones de derechos humanos tuvieran contacto con los detenidos, violando las garantías constitucionales más elementales.

La represión consistió en una verdadera cacería, realizada por las fuerzas represivas de Bullrich luego de que las columnas de las organizaciones sociales, sindicales y políticas hubieran realizado la retirada del lugar de los acontecimientos. Muestras de ellos son el hecho de que entre los detenidos se encuentras personas en situación de calle y el caso de Damiana Negrín Barcellos, una joven que regresaba de su trabajo, se detuvo a sacar fotos y al cruzarse con la represión estatal fue manoseada y rodeada por decenas de gendarmes para subirla a una camioneta y llevársela detenida. La violencia para detener a una joven en estado de pánico –en un nefasto episodio que fue filmado y viralizado por las redes sociales- es una de las postales de la represión del 14 de diciembre.

La brutalidad y arbitrariedad del accionar represivo del Estado lo grafican también las graves heridas a periodistas que realizaban su trabajo en el lugar, los manifestantes baleados por la espalda mientras se movilizaban pacíficamente a varias cuadras de distancia de la zona vallada por gendarmería, y la mencionada represión a diputados que querían impedir el avance de las fuerzas represivas sobre la movilización.

A todo ello se suma la tardanza en la liberación de los detenidos -muchos de los cuales continúan privados de libertad y algunos pudieron brindar declaración indagatoria recién el día sábado 16/12- y la posterior orden de Bonadío de proceder a realizar allanamientos en los domicilios particulares de varios de ellos - una medida completamente arbitraria que constituye un grave atentado a las libertades individuales y tiene como único objetivo retrasar la salida de los detenidos.

La jornada estuvo marcada por un virtual estado de sitio. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decretó el acuartelamiento de todos los efectivos de la Policía de la Ciudad ante la eventualidad de que Macri decidiera aprobar la reforma previsional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, de categoría inconstitucional, y que hubiera provocado un incremento de la protesta social en todos los ámbitos. El DNU finalmente fue enterrado; volverán con el proyecto original a la cámara, cuyo alcance regresivo pretende ser atenuado mediante un bono “burla” por única vez para jubilados y niños, que no sólo no compensa la pérdida de haberes de todo el 2018 y es miserable en su importe ($375 y $750, para asignaciones y jubilaciones sólo menores de $10000 y con 30 años de aportes), sino que además es un rescate a la media sanción del senado que convalida la caída permanente en el haber y en la AUH.

A las represiones en el Congreso contra jubilados, jóvenes y trabajadores y las agresiones contra diputados opositores se suman las detenciones de manifestantes contra la cumbre de la OMC, el martes 12 de diciembre. Hernán Centeno (de Suteba Escobar), Natalia Pérez (referente de la Defensoría de Géneros de Luján) y una persona en situación de calle fueron detenidos en aquella movilización. Previamente, en Neuquén hubo represiones a balazos contra trabajadores estatales y obreros madereros. Días antes, la Prefectura fusilaba por la espalda a Rafael Nahuel en Villa Mascardi.

Por el crimen contra Santiago Maldonado ya habíamos solicitado previamente una interpelación en esta Cámara a la Ministra Bullrich, que mintió deliberadamente desde el primer momento –cuando puso en duda la presencia de Santiago en la movilización mapuche, teniendo las fotos de gendarmería a su disposición; o negaba la presencia de su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, en el momento de la represión- para encubrir y autoencubrirse, y proteger la política de su gobierno en favor de los monopolios petroleros y mineros. La desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado y el asesinato luego de Rafael Nahuel no son resultado del exceso de uno o varios gendarmes, sino que se trata de una política de Estado que reconoce una continuidad en el gobierno anterior (la ley antiterrorista y Proyecto X) de reforzamiento represivo contra el movimiento popular. Ante la negativa de la Ministra a presentar su renuncia, y la gravedad de los hechos posteriores que dan cuenta de una profundización de la política represiva, corresponde un contundente pronunciamiento de los legisladores nacionales para exigir la inmediata separación del cargo.

La brutal represión de la semana pasada en el Congreso, bajo las órdenes de Patricia Bullrich, constituyó un “estado de sitio” sin declarar, aboliendo temporalmente las garantías constitucionales. El gobierno ha desatado la represión al servicio de hacer pasar el paquetazo del ajuste de la mano de los responsables de los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Estos hechos intimidatorios forman parte del operativo político para hacer pasar en el Congreso las reformas previsionales, laborales y el ajuste en general que ha pactado el gobierno de Macri con los gobernadores provinciales. Advertimos por ello sobre una posible nueva militarización del Congreso para este lunes 18 de diciembre y para las próximas sesiones de tratamiento del resto del paquetazo contra los trabajadores.

En este cuadro, el reclamo de que el principal ariete represivo, la ministra Patricia Bullrich, sea removido del gobierno es una necesidad del movimiento obrero y popular, que defiende sus conquistas y sus condiciones de trabajo y de vida, y su concreción sería un golpe a la brutal escalada represiva promovida por el gobierno nacional.

Exigimos el cese de toda represión y la inmediata separación del gabinete de Patricia Bullrich, responsable de un plan de represión para apoyar el plan social y económico de guerra contra los trabajadores.

Por estos motivos, en defensa de las garantías constitucionales y de la lucha de los jubilados, los trabajadores y todos los sectores oprimidos, solicitamos a los diputados y diputadas nacionales el acompañamiento de este proyecto de resolución.