La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del órgano que corresponda, nos informe:

1) La nómina de las plantas habilitadas, o en trámite de habilitación, para:

- La producción de biocombustibles para exportación.

- La producción de biocombustibles para el corte obligatorio.

- La producción de biocombustibles para el autoconsumo.

2) La notificación de la fecha de ingreso de la solicitud de habilitación de cada planta productora de biocombustibles.

3) La existencia de otras plantas habilitadas, o en trámites de habilitación, cuya producción de biocombustibles tenga un fin indeterminado para la Autoridad de Aplicación.

4) En los casos en que las plantas habilitadas, o en trámite de habilitación, tengan como destino el corte obligatorio y/o el autoconsumo, requerimos el detalle de la composición accionaria o societaria teniendo en cuenta que la Ley 29.063 es específica en este aspecto.

5) Los estudios de impacto ambiental efectuados hacia la producción de biocombustibles. Identificación de los riesgos que se hayan detectado y las políticas adoptadas para contrarrestarlos y para asegurar el uso sustentable de biocombustibles.

6) Los resultados y perspectivas actuales para cumplir con la meta estipulada en la Ley 26.093 que establece un corte obligatorio del 5% de biodiesel y bioetanol en todo el gasoil y naftas comercializadas en el país a partir del año 2010.

Señor presidente:

En analogía con el auge mundial vinculado a la irrupción de biocombustibles, impulsados por el cambio de la matriz energética, la Argentina presenta una creciente expectativa manifestada principalmente por razones que tienen que ver con asegurar el abastecimiento de combustible, ya sea por su limitada capacidad de refinación como por sus escasas reservas de combustibles fósiles más una aparente conciencia medioambiental. Desde el punto de vista del sector agropecuario, la producción de biocombustibles se presenta como una nueva fuente de demanda para algunos productos agrícolas, que pueden contribuir a mejorar los precios de los mismos, representando una etapa más de aditamento de valor en la cadena.

La Ley 26.093, del año 2006, crea el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Usos Sustentables de Biocombustibles, cuyos instrumentos de promoción son la exención impositiva, la amortización acelerada y la devolución del IVA. Junto con el Decreto Reglamentario 109/2007 conforman el marco legal que regula los biocombustibles en el país definiendo los proyectos alcanzados.

Claramente, según estas normas, no se benefician por la promoción los proyectos de exportación ni los proyectos de venta directa de biocombustibles en el mercado interno, sino a los de corte obligatorio. El objetivo principal de la ley 26.093 es establecer un corte obligatorio del 5% con biocombustibles para el año 2010 (artículos 7 y 8) a todas las naftas y el gasoil que se comercialice en Argentina por los canales comerciales tradicionales. También se contemplan, a través de la exención impositiva, a los proyectos de autoconsumo.

Según la dimensión del negocio que se busque promocionar, los resultados y costos económicos, sociales y ambientales variarán notablemente. Es decir, tanto para la producción de biodiesel como para la de bioetanol, los proyectos pueden enmarcarse en diferentes dimensiones: la producción para la exportación, para el corte obligatorio y para el autoconsumo. En el primer caso se requieren grandes volúmenes de insumo (si es biodiesel, el insumo es aceite vegetal y en el caso del bioetanol, el insumo es maíz o caña de azúcar) generalmente garantizados por grandes empresas donde será muy importante la eficiencia y la competitividad tecnológica, lo cual determina la necesidad de grandes inversiones para la entrada al negocio, además de esfuerzos de inversión para mantenerse competitivos en el mismo. En este caso, las aceiteras y petroleras son las que mayores ventajas comparativas y competitivas presentan en relación a los otros niveles de plantas que deberían promocionarse -éstas son las medianas y pequeñas que podrían producir para el corte obligatorio y el autoconsumo-.

Estas últimas constituyen la otra dimensión del negocio y son quienes generan mayor desarrollo local, cuidado del medio ambiente y diversificación productiva. La Ley de Biocombustibles promociona la producción para el corte obligatorio, siendo necesarias como proveedoras a las empresas que tengan mayoría accionaria de productores agropecuarios.

Según Greenpeace (1) , los proyectos que están actualmente en desarrollo y que tienen mayor magnitud son los proyectos destinados a abastecer los mercados internacionales, particularmente a Europa. Entre los proyectos más importantes -cuya capacidad de producción supera las 100.000 toneladas por año- se destacan: Aceitera General Deheza (AGD)/Bunge con 250.000 tn/a, Vicentin /Glencor (Renova SA) con 230.000 tn/a, Cargill con 200.000 tn/a, Dreyfus con 300.000 tn/a y Molinos con 100.000 tn/a. Esta fuente estima que la demanda externa será un factor de presión para ampliar la producción a niveles difícilmente previsibles en la actualidad.

En lo que respecta al mercado interno, existen proyectos y pequeñas plantas ya operativas que, se estima, en su conjunto suman una capacidad de producción de biodiesel de 50.000 toneladas anuales. Estas plantas pequeñas y medianas son alternativas productivas en el medio rural, generan empleo y cuidan el medio ambiente, ya que son existencias de pequeña escala, focalizadas en ciertos nichos y regiones y controladas por los propios productores. Defendemos este tipo de desarrollo y fomento que implique producción para autoconsumo y mercado interno, conciencia medioambiental y política energética responsable, donde los cultivos energéticos no impliquen deterioro ambiental, productivo y social, sino que sean parte de un modelo productivo equilibrado y sustentable.

Entendemos que, sin regulación del Estado, se continuarán beneficiando las aceiteras y petroleras, empujando a una mayor concentración económica, comercial y productiva, consolidada por el desmonte, la contaminación y el desarraigo de la población rural. Porque la obtención de combustibles a partir de productos agrícolas o sus derivados puede ofrecer algunas oportunidades reales de desarrollo, pero también los costos económicos, sociales y ambientales pueden ser altos si no se interviene con precaución y responsabilidad.

La expansión no regulada de biocombustibles puede ser una amenaza en el país para las comunidades rurales y especialmente para los hombres y mujeres que se encuentran en situaciones precarias de tenencia de tierras. Las oportunidades de regularlos se expresarán en alternativas que favorezcan la producción a pequeña escala, centradas en estrategias que ayuden a las comunidades a ganar acceso a actividades con un mayor valor agregado como son el procesamiento y refinado.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este pedido de informes.