La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar a la Comisión de Legislación Penal, conforme al artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, al Sr. Director del Servicio Penitenciario Federal, Dr. Alejandro Marambio, a fin de que brinde explicaciones sobre el plan de acción de su gestión en relación con la protección de los derechos humanos de los reclusos y, en especial, esclarezca los hechos sobre los recientes fallecimientos de los reclusos Matías Ezequiel Cejas y Mario Ortiz, cuyos cuerpos fueron encontrados ahorcados sin vida dentro de sus celdas.

Señor presidente:

Como ha trascendido recientemente en los medios, en menos de 20 días dos suicidios han tenido lugar en una de las unidades del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la localidad de Ezeiza [1]. La gravedad de esas muertes, ocurridas además luego del recambio en la titularidad del Servicio Penitenciario Federal en favor de una persona cuyo legajo es altamente cuestionado sobre la base de políticas contrarias a los derechos humanos de los reclusos en anteriores gestiones, requiere que la principal autoridad en la materia se presente ante este cuerpo y brinde todas las explicaciones que se le soliciten.

A estas muertes, y a los alarmantes cuestionamientos de los antecedentes del actual titular del Servicio Penitenciario, deben sumarse las preocupantes denuncias, según los cuales frases como "Se acabó la joda", "Se les fue el padrino", y "Ya no los protege el tío", son escuchadas a diario por los reclusos luego de la destitución del anterior Director, el Dr. Víctor Hortel.

La situación del Servicio Penitenciario Federal es algo sumamente preocupante, que lamentablemente no es nueva ni sorpresiva. Los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), de diversas ONGs, incluso de organismos internacionales como los especializados de la ONU, son categóricos en describir las condiciones penosas de superpoblación, desidia y tortura que se dan en el marco de los establecimientos penitenciarios federales.

Por ejemplo, la PPN en su informe anual de 2009 apuntaba: "(...) no se advierte un cambio en el funcionamiento del SPF, que sigue anclado en la doctrina según la cual el control y la gestión de la cárcel se hacen empleando medios violentos" y "(...) en cuanto al tema de la tortura y malos tratos a los detenidos, podemos afirmar que existe falta de voluntad política para abordar un problema endémico de las cárceles argentinas en general y de las federales en particular (...) la tortura no ha disminuido en los últimos dos años, sino que, por el contrario, se han relevado incrementos (...)" [2]. Un comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria, encabezada por nuestro premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, apunta que durante la anterior gestión de Marambio "murieron al menos 180 personas privadas de la libertad, según los registros de la Procuración Penitenciaria de la Nación" [3].

Esto se ve coronado por el informe de la PPN de 2011 que sentencia: "(...) la Procuración Penitenciaria ha registrado ciento treinta y cinco casos de muertes. Cuarenta y nueve corresponden al año 2009, treinta y tres a 2010, y treinta y ocho a 2011. Además, ha registrado quince muertes en los primeros tres meses de 2012 (...) Asimismo, se ha indicado que las denuncias de casos de tortura recibidas en la PPN se han visto duplicadas en el ejercicio 2011. Ello demuestra una línea de continuidad e incluso agravamiento de las prácticas de tortura y malos tratos en las cárceles federales" [4]. Esto contribuye a delinear, adecuadamente, el panorama en el cual las personas recluidas en establecimientos federales deben vivir y padecer cada día de sus condenas.

La vigencia de cualquier Estado de Derecho fundado en una democracia constitucional es puesta a prueba a diario en los sistemas penitenciarios. Es allí donde las sociedades deben reflejar su respeto irrestricto por los derechos humanos. Ello así, pues la libertad de una sociedad no está dada por cómo ésta trata a sus ciudadanos, sino que se mide por cómo ésta trata a sus presos.

No podemos olvidar, como representantes del pueblo, que existe una máxima constitucional que ordena que "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice" (art. 18, Constitución Nacional). Así lo entendió Juan Bautista Alberdi, arquitecto de nuestra Constitución de 1853, y así fue reafirmado por nuestra sociedad una y otra vez con las sucesivas ratificaciones de tratados de Derechos Humanos y otros pactos internacionales de la materia, cuyo clímax fue darles rango constitucional en la reforma de 1994.

Lo repetiremos hasta el hartazgo, Sr. Presidente: las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Que así sea.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Resolución.

[1] "En menos de 20 días dos presos aparecieron ahorcados en el penal de Ezeiza". La Nación, 17 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1620488-en-menos-de-20-dias-dos-presos- aparecieron-ahorcados-en-el-penal-de-ezeiza

[2] Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación - Año 2009:

http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe%20Anual%202009_0.pdf

[3] Comunicado de Adolfo Pérez Esquivel, en el marco de la Comisión por la Memoria: http://blog.comisionporlamemoria.org/archivos/13273

[4] Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación - Año 2011:

http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe%20Anual%202011%20PPN.p df