La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su total repudio y preocupación por las nuevas amenazas e intimidaciones sufridas por la educadora Viviana Daddario y sus compañeros de la Red "Encuentros" de José C. Paz, perteneciente al Movimiento Nacional "Chicos del Pueblo" días pasados, mediante mensajes de texto recibidos en su teléfono celular.

Señor presidente:

Tal como han informado, mediante diversos medios de comunicación, los integrantes del Movimiento Nacional "Chicos del Pueblo", así como los abogados que intervienen en la causa, el pasado 12 de noviembre, en el marco de la movilización convocada por diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en la ciudad de La Plata, de la que participaron cerca de 15 mil personas, bajo la consigna "Ni un pibe menos. El hambre es un crimen", Viviana Daddario fue secuestrada por una mujer y dos hombres que la obligaron a subir a un vehículo en la calle 6 y 50 de esa ciudad.

En esa oportunidad, los secuestradores le manifestaron:"Dejate de joder, si a ustedes les gusta joder, a nosotros nos gusta más", mientras le causaban diversas heridas en los brazos, las manos, el abdomen, los pies y la nariz, razón por la cual esta joven militante tuvo que ser hospitalizada.

De acuerdo a la información publicada en los medios de comunicación el fin de semana último, esta educadora ha vuelto a ser amenazada mediante mensajes de texto recibidos en su celular. También fueron intimidados dos de sus compañeros de militancia cuya identidad ha sido preservada por parte de los abogados que intervienen en la investigación del secuestro, oportunamente denunciado ante las autoridades judiciales.

No es la primera oportunidad en que integrantes del movimiento "Chicos del Pueblo" denuncian amenazas. En el transcurso del presente año, integrantes de esa organización manifestaron haber sufrido más de cinco atentados intimidatorios que incluyeron robos, amenazas y golpes que apuntaron a erosionar su compromiso social.

Estos lamentables hechos, que se inscriben en el contexto del debate público sobre la edad de imputabilidad de los menores, se agravan al tener por víctimas a educadores populares pertenecientes a organizaciones que sostienen posturas opuestas a la criminalización de los niños, niñas y adolescentes y que, por el contrario, promueven políticas públicas para la infancia sustentadas en la inclusión educativa, el cumplimiento de los derechos garantizados por la Constitución Nacional y la legislación y la justicia social.

Creemos que el conjunto de la sociedad argentina y, principalmente, los dirigentes, debemos trabajar en la construcción y defensa de un sistema "sistema de protección de acuerdo con la Ley Nacional 26.061 'De protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes' y las leyes provinciales 13.298 'De la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños' y sus complementarias 13.634 y 13.645", así como "de la Convención de los Derechos del Niño que en el país cobró jerarquía constitucional con su incorporación en la reforma de la Constitución Nacional del año 1994" y del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, considerando además que en octubre de 2005 el Estado argentino firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que abarca a las personas entre 15 y 24 años, reconociendo a "los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades" (1) .

Por lo expuesto solicito a los señores diputados la aprobación del presente proyecto.-