La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL PARA QUE A TRAVES DE LOS ORGANISMOS QUE CORRESPONDA INFORME:

1-CUALES SON LAS RAZONES POR LAS CUÁLES NO SE ENVIÓ EL PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES.

2-PRECISE EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA LA RONDA DE CONSULTAS PARA EL CONSENSO DEL NUEVO MARCO LEGAL QUE REFORMARÍA LA ACTUAL LEY DE RADIODIFUSIÓN.

Señor presidente:

La sanción y promulgación de una nueva Ley de Radiodifusión o Ley de Servicios Audiovisuales como se planteó desde el propio Poder Ejecutivo Nacional en el presente año, es una necesidad imperiosa para el tiempo democrático que vivimos. Su origen dictatorial en espíritu y contenido, ha demostrado ser un instrumento desactualizado y perjudicial para el desarrollo democrático de la circulación de la información en la Argentina. El reciente conflicto entre el campo y el Gobierno fue el escenario a partir del cual el Ejecutivo instaló la idea de reformar el actual esquema legal y propuso un cronograma de consultas que incluyó actividades encabezadas por la propia Presidente de la Nación y otras protagonizadas por funcionarios del COMFER, organismo que se presenta como la futura autoridad de aplicación del nuevo esquema para las comunicaciones. Esa ronda de consultas incluyó al grupo de organizaciones no gubernamentales que vienen luchando por una democratización auténtica de las comunicaciones, inclusive con las organizaciones de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Por su parte, en el propio Congreso de la Nación surgieron innumerables iniciativas para contribuir al debate propuesto alrededor del tema, especialmente en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, cuerpo que tengo el honor de integrar. Sin embargo, el impulso inicial del proyecto se fue frenando por otras urgencias.

Como contrapartida, del ambiente inicial de propuesta y debate quedaron como saldo otros gestos preocupantes que fueron en sentido contrario a la supuesta intención de instaurar un nuevo marco democrático para las comunicaciones en nuestro país. En su momento, planteamos la preocupación por el reflotamiento del Observatorio de Discriminación en los Medios de Comunicación, que forma parte del Plan Nacional Contra la Discriminación, sin funciones desde el año 2005 cuando fue creado a través del Decreto 1086, y ahí nos preguntamos por qué si en tres años no se puso en funciones, se concretó en ese momento, donde el gobierno se manifestaba disconforme con la cobertura de los medios sobre el conflicto del campo. Y advertimos que resultaba riesgoso que el Poder Ejecutivo Nacional intente por este medio, generar una suerte de control a los medios de comunicación. También terminamos el año 2008 con importantes hechos que constituyen violaciones a la libertad de expresión que con otra ley y, no la actual, deberían prevenirse. Tuvimos las desafortunadas declaraciones de la propia presidente de la Nación Cristina Kirchner en contra del reconocido caricaturista y dibujante como Hermenegildo Sabat del Diario Clarín, a quien se lo tildó de enviar mensajes "cuasimafiosos". Otros casos que desnudaron cuestionables presiones sobre la libertad de prensa fueron las sufridas por el periodista Norberto Dupesso, acreditado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, quien vio limitada su labor periodística por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuando le retiraron la credencial a pesar que la misma había sido otorgada hacía menos de seis meses y estaba vigente; esto impidió que continúe con sus investigaciones sobre el caso del venezolano, Guido Alejandro Wilson. Otro caso preocupante, fue la denuncia que realizara la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fue la amenaza que recibiera el diario Clarín sobre las investigaciones que viene llevando a cabo por el caso del asesinato del sindicalista Abel Beroiz del gremio de los camioneros. También podemos citar la prohibición de la utilización del Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, para la realización de un programa especial de "La Cornisa" que conduce el periodista Luis Majul, quien se proponía entrevistar al humorista Enrique Pinti, con el argumento esgrimido por un funcionario de la Secretaría de Cultura, que tal nota suponía manifestaciones opositoras al Gobierno Nacional. Otro suceso de indudable gravedad fue la agresión física propinada por parte de grupos afines al gobierno, en perjuicios del Editor del Diario Perfil Jorge Fontevecchia, ocurrido el 25 de marzo pasado, en las cercanías de la Plaza de Mayo. Pero no podemos dejar la resolución del COMFER 646 donde ordena "a la licenciataria LS4 RADIO CONTINENTAL S.A. se abstenga de continuar emitiendo su programación a través de la frecuencia asignada a la firma NOSTALGIE AMSUD S.A. bajo apercibimiento de considerar dicha conducta bajo las previsiones de los artículos 43º y 67º de la ley 22.285". Este hecho se generó ante una interpretación antojadiza de la propia Ley de Radiodifusión tan cuestionada llamando que se aplique en forma taxativa y puntillosa el plexo legal que es duramente cuestionado por su origen dictatorial no sólo por la mayoría de los sectores interesados en una comunicación democrática, sino también por el propio gobierno nacional. Como vemos, los hechos y gestos sucedidos en el 2008 partieron de una esperanzadora iniciativa para que la Argentina tenga una Ley que democratice al acceso a la información, al entretenimiento, a contenidos culturales, y refleja las inquietudes de un pueblo en sus múltiples voces y necesidades. Sin embargo, concluye la actividad del presente años sin contar con esta iniciativa para que sea tratada por el Congreso de la Nación, la que deberá asumir un compromiso diferente ante la aparente desatención del Poder Ejecutivo.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.