La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Exhortar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en tanto autoridad de aplicación de la Ley 26.160, recientemente prorrogada por la Ley 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021, a que informe de manera activa y periódica sobre el avance del relevamiento técnico-jurídico-catastral que la normativa le encomienda con el fin de normalizar la situación dominial de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas argentinas.

Señor presidente:

El 1 de noviembre de 2006 este Congreso sancionó la Ley 26.160. Esta norma declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. Asimismo, fijó el plazo de cuatro años de duración de la declaración de emergencia; dispuso la suspensión por idéntico plazo de las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1°; y encomendó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de esas tierras.

En este contexto, considerando que la emergencia ha sido prorrogada por la Ley 26.554 hasta el 23 de noviembre de 2013, por la Ley 26.984 hasta el 23 de noviembre de 2017, y por la Ley 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2021, y para evitar que nuevamente finalice el plazo de una ley transitoria de emergencia sin que los organismos competentes cumplan con la tarea que esa ley les encomendó, es necesario contar con información periódica que garantice el logro de los objetivos propuestos.

Más allá de la noble intención de la Ley 26.160, que se enmarca en el mandato constitucional de garantizar la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas argentinos, es de suma preocupación observar que una mala implementación y las sucesivas prórrogas puedan ser motivo de situaciones de violencia entre argentinos, sobre todo porque dicho mandato no puede ser ejercido en contraposición con el artículo 17, donde se expresa que la propiedad privada es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley y previamente indemnizada.

Es nuestro mandato como Diputados y Diputadas de la Nación constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes de nuestro país. En el entendimiento de que las sucesivas prórrogas ponen en peligro la consecución de estos objetivos constitucionales, es que solicito el acompañamiento del presente proyecto de Resolución.