El Senado y Cámara de Diputados...

Sustitúyase el Art. 26 de la Ley 15.930 por la siguiente redacción:

"ARTICULO 26. - Las personas que quebrantaren la presente ley mediante ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos, serán penadas con multa de cien mil ($ 100.000) a quinientos mil ($ 500.000) pesos, importes que se actualizarán mensualmente tomando como parámetro a tal efecto la tasa efectiva mensual activa de la cartera general del Banco de la Nación Argentina, sin perjuicio de las demás penas que resultaren aplicables en virtud de otros ordenamientos legales vigentes".

Incorpórese como inc. 7° del Art. 163 del Código Penal de la Nación Argentina a la siguiente redacción:

"7º. Cuando se hurtaren documentos históricos, según los define la Ley 15.930".

Incorpórese como inc. 5° del Art. 167 del Código Penal de la Nación Argentina a la siguiente redacción:

"5º. Si se cometiere con el objeto de apropiarse de documentos históricos, según los define la Ley 15.930".

Incorpórese como inc. j) del Art. 865 del Código Aduanero de la Nación Argentina a la siguiente redacción:

"j) Se tratare de documentos históricos, según los define la Ley 15.930".

De forma.

Señor presidente:

La Ley 15.930 "ARTICULO 26. - Las personas que infringieren la presente ley mediante ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos, serán penadas con multa de diez mil a cien mil pesos moneda nacional, si el hecho no configurare delito sancionado con pena mayor", un fallo contra "Marcelo White Pueyrredón, miembro de una pintoresca asociación de Fundadores de la Patria. Descendiente de Cornelio Saavedra y de Juan Martín de Pueyerredón, White fue procesado hace dos años por vender un documento histórico firmado por Saavedra y Mariano Moreno que formaba parte del "patrimonio cultural del país", según escribió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El procesamiento fue revocado por la Cámara Federal, no por inexistencia del delito cuya prueba es inconmovible, sino por imposibilidad de cobrar la multa. La ley 15.930 fue sancionada en 1961, y fijó para el "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos, una multa de diez mil a cien mil pesos moneda nacional". Como ese monto nunca fue actualizado, en 2010 equivalía a 0,0000000000001 pesos, y en consecuencia era de cumplimiento imposible" (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-222398- 2013-06-16.html)

Cabe recordar lo que escribiera el filósofo Marco Tulio Cicerón "Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla", hace ya dos milenios ¿Y quién puede dudar de que los documentos forman parte del acervo de una comunidad, de su historia, de su memoria (pues no otra cosa que "memoria materializada", por así decir, son los documentos escritos y toda otra manifestación humana que registre o remita a acontecimientos del pasado).

Desafortunadamente, no es infrecuente encontrar noticias referidas a la sustracción de documentos u objetos históricos (relojes de Manuel Belgrano y los ex Presidentes Avellaneda y Justo, pluma fuente del ex Presidente Ortiz, documentos del Teatro Colón, de Museos o dependencias oficiales del país, que pasan a formar parte del comercio ilegal de objetos históricos.

Esa disminución de nuestro patrimonio común no se encuentra debidamente contemplada en nuestra legislación: de hecho, varias veces ante delitos como los de referencia, la Justicia condenó a los autores de una maniobra ilícita por "ocultamiento" de documentación histórica, pero la falta de actualización de la legislación facilitó que la maniobra quedase impune.

Si bien el primer objetivo del proyecto aquí presentado es la adecuación de la cifra de la multa establecida en el Art. 26 de la Ley 15.930 y la introducción de un mecanismo de actualización que evite la repetición de una situación como la relatada, entiendo que una sanción pecuniaria no resulta suficiente para castigar actos de tal naturaleza, en razón de la naturaleza de los bienes involucrados: no hay reemplazo posible para documentos históricos, que no se producen. Con ello en mente propongo que los hechos aludidos en el citado Art. 26 de la Ley 15.930 sean castigados pecuniaria, pero también penalmente, pues quien cercena el patrimonio histórico de nuestra Nación hiere nuestra memoria y la de quienes nos dieron la libertad, mata nuestros recuerdos, "desaparece forzadamente" los únicos vestigios que subsisten de nuestro origen como Nación libre e independiente, y ello no es susceptible de simple apreciación pecuniaria.

Por lo antedicho propongo la tipificación en el Código Penal y el Código Aduanero de la Nación Argentina de los hechos aludidos en el referido Art. 26 de la Ley 15.930, a fin de sancionar más apropiadamente hechos que atenten contra la integridad del acervo documental e histórico de nuestra Nación, con la esperanza de que las penas actúen como disuasivos eficaces a la comisión de ilícitos y la certeza de que si ello no se verifica, al menos los jueces dispondrán de las herramientas legales adecuadas para castigar a sus autores.

Por las razones y argumentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.