La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar los desmontes desmesurados en todo el territorio argentino y protegidos por la Ley de Bosques.

Señor presidente:

Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación y del resto de las provincias frente a la sistemática violación de la Ley de Bosques. Si todas las provincias desmontaran al ritmo que lo está haciendo, por ejemplo, Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques. En solo dos años se perdieron más de un millón de hectáreas, asegura un informe de la Secretaría de Ambiente. Es porque la tala indiscriminada avanza aún en las zonas donde está prohibida por ley, siendo la superficie desmontada equivalente a 50 veces la Capital. Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), se perdieron más de un millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la normativa sancionada en 2007. El Gobierno Nacional tenía en su poder estos datos desde junio de 2012, revelando una situación delicada: el incumplimiento de la ley. Pero también la amenaza que avanza sobre la biodiversidad, y algo más grave: el impacto social de la falta de control. Según denuncian organizaciones ambientales del interior, la deforestación sin freno guarda una estrecha relación con los asesinatos de campesinos y aborígenes ocurridos en los últimos años en diferentes provincias. Los datos muestran que los desmontes avanzaron sobre áreas que habían quedado protegidas. Pero además, desde la reglamentación de la norma, el Gobierno Nacional nunca terminó de sustanciar el fondo para la conservación de los bosques. La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007 y se reglamentó en abril de 2009, quedando vigente desde entonces. Dicha Ley establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. A pesar de su existencia, en la Argentina se continúan desmontando superficies (con especies en peligro incluidas) para luego "alfombrar", sobre todo, con soja. El avance de la frontera agropecuaria también impacta sobre la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por otro lado, la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Las topadoras hicieron ruido, sobre todo, en

Santiago del Estero. Esa fue la provincia que más desmontó (453.551 hectáreas), seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164). Lo de Salta es preocupante: según otro estudio de la Red Agroforestal Argentina, en esa provincia no fue respetada ninguna de las zonas de prohibición de desmonte definidas por ley, ni tampoco las restricciones fijadas tras denuncias de organizaciones campesinas, como la suspensión de desmontes dictada por la Corte Suprema para cuatro departamentos entre 2009 y 2011.

Deberíamos tomar conciencia de la gravedad de todo lo expuesto y evaluar las consecuencias que traen aparejados estos desmontes.

Solicito me acompañen en el presente proyecto.