La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su rechazo a las declaraciones del primer ministro británico, David Cameron por haber calificado de "colonialistas" a los legítimos reclamos argentinos acerca de la soberanía de nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Así también manifiesta su preocupación por todos los actos de exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en los territorios de Malvinas, Sandwich, Georgias y su espacio marítimo circundante y expresa su oposición a cualquier acción unilateral que implique el incumplimiento a los términos de la Resolución N° 41/39 de las Naciones Unidas.

Señor presidente:

Nos encontramos en esta oportunidad analizando las declaraciones pronunciadas en el pasado mes de Enero del corriente año por el primer ministro británico David Cameron, quien había calificado de "colonialista" el justo y legítimo reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas.

Va de suyo que manifestamos nuestro total rechazo a dichas declaraciones, confrontándolas con argumentos precisos y de peso en orden a que la cuestión Malvinas lleva 179 años de conflicto cuando, en el año 1833, parte del territorio de la República Argentina fue invadido por una potencia colonial, como Gran Bretaña.

Asimismo en el año 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el diferendo entre la República Argentina y el Reino Unido era una manifestación de "un problema colonial" y que la única forma de afrontarlo "debía ser la negociación directa".

Así también con orgullo podemos afirmar que nunca en la historia de nuestro país, un barco argentino intentó obstruir la soberanía de otro pueblo, en virtud de ello, nos hemos hecho acreedores en el mundo del respeto por la lucha por nuestras islas Malvinas.

Resulta útil y necesario reiterar que no hay ningún argumento jurídico sólido amparado por el derecho internacional para que Gran Bretaña aduzca algún derecho sobre las islas, a mayor abundamiento

recordemos que la Organización de Naciones Unidas estableció que el principio que debe regir en el diferendo es el de la integridad territorial y no el de la autodeterminación de los pueblos.

Asimismo, el Reino Unido no debería ir contra sus propios actos, ya que a través de una ley del propio Parlamento británico sancionada en el año 1983 (British Nationality Falkland Islands Act), por la que consideran ciudadanos británicos plenos a los pobladores de las islas, tras el conflicto bélico de 1982. Es decir, que no constituyen, en los términos de la Organización de las Naciones Unidas, un pueblo, razón por la cual no les asiste el derecho de autodeterminación. Ya que un grupo de británicos no puede ser árbitro de un conflicto entre su propio país y la Argentina, por lo que no pueden los isleños ser juez y parte, por ello se confirma que no se puede resolver el conflicto por la vía de la autodeterminación.

Por ello, respetando y de conformidad al derecho internacional el Reino Unido debería cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar una solución pacífica sobre la disputa de soberanía de las Islas Malvinas.

Respecto de la cuestión de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, recordemos que la ONU estableció que mientras el conflicto esté abierto no se puede introducir en la zona ningún elemento que altere la situación anterior al inicio del conflicto.

Por lo que se observa que, Gran Bretaña desobedeció esta recomendación y se aprestó a utilizar, explotar y beneficiarse con los recursos naturales renovables y no renovables que existen en el territorio

ocupado. Y, si tomamos en cuenta que esa explotación de recursos se realiza a 14 mil kilómetros de la metrópolis, podemos aseverar que implica un severo riesgo ambiental, que de ocurrir un accidente podría desembocar en un "caos ecológico" para la Argentina y los países del Mercosur.

Por último, párrafo aparte, merece la cuestión referida a la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña, que constituye una potencia extra regional, en franco incumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU y refrendadas anualmente por su Comité Especial de Descolonización, con el fin de alcanzar una solución pacífica sobre la disputa de soberanía concerniente a la Cuestión Malvinas.

En este marco, resulta preocupante la presencia de un submarino nuclear en una zona libre de armas nucleares, en virtud de que dicha presencia de armas nucleares en esa zona constituye una nueva violación del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América latina y el Caribe, de cuya firma, en la ciudad mejicana de Tlatelolco, se cumplieron cuarenta y cinco años.

Señor Presidente, por los breves argumentos vertidos y convencida de la necesidad de manifestar esta declaración es que solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de esta iniciativa.