La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más profundo pesar por el accidente ferroviario ocurrido en la estación Once de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 22 de febrero y que tuviera un saldo trágico de al menos 50 muertos y 676 heridos.

Señor presidente:

La tragedia ferroviaria ocurrida en el día de ayer no tiene consuelo. Durante muchos años, distintos sectores de la sociedad han alertado sobre la falta de inversión, el deterioro y la corrupción que imperan en las concesiones ferroviarias, en especial Trenes de Buenos Aires (TBA).

Es el Estado Nacional quien tiene a su cargo la ejecución de las políticas de transporte y es quien debe velar por el cumplimiento de las concesiones, tarea que no ha hecho durante todos estos años. En 2008, la Auditoria General de la Nación (AGN) hizo su último informe sobre el ferrocarril Sarmiento. En aquel momento, la AGN advirtió que la concesionaria del servicio, TBA, no cumplía con los planes de mantenimiento y seguridad operativa (1) .

La desidia y la corrupción provocaron esta tragedia. En este sentido, vale la pena recordar que el ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Claudio Cirigliano, dueño de TBA, han sido procesados por el delito de dádivas.

Para que esta situación no vuelva a repetirse, el Estado debería responsabilizarse de otorgar la concesión para la prestación de los servicios públicos, de manera transparente, y no desentenderse, por ineficiencia o por complicidad, del control que debe llevar a diario de la prestación de esos servicios.

En este sentido juegan un rol fundamental los entes reguladores de servicios, con facultades reglamentarias, de control, de resolución de conflictos y sancionatorias, creados con el objeto de "...garantizar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, en pos de la satisfacción de las necesidades básicas que hacen a su bienestar y calidad de vida, derechos básicos de todos y todas..." (2) . En el año 2010, esta legisladora expresaba su fuerte preocupación por la constante intervención de estos organismos, incluyendo la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Los funcionarios responsables y la empresa concesionaria deben ser condenados por la tragedia del ferrocarril Sarmiento. Y el Estado debe fortalecer los controles, y garantizarle a los habitantes de este país, un servicio en condiciones seguras.

El transporte público de pasajeros, es, y así lo debe garantizar el Estado, un derecho de todos los argentinos, y no un factor de riesgo para aquellos que lo utilizan, por opción, o por ser ésta la única forma de transporte a la que pueden acceder.

Por lo expuesto, se solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, exprese su más profundo pesar por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 22 de febrero, en el deseo de que hechos de este tipo, no vuelvan a repetirse nunca más en nuestro país.