La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Minis- terio Público Fiscal disponga lo necesario a fin de jerarquizar a la Fiscalía Nacio- nal de Investigaciones Administrativas (FIA) como unidad especializada dedica- da a investigar los delitos vinculados a la administración pública, removiendo las restricciones y/o limitaciones que afectan sus competencias y funciones, en es- pecial devolviéndole la posibilidad de intervenir como parte acusadora en los sumarios administrativos que se inicien en las distintas dependencias de la Ad- ministración Pública y de intervenir tanto en los sumarios administrativos inicia- dos contra agentes públicos como en los procesos judiciales que se les sigan por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Señor presidente:

La reciente resolución 147/08 del Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, por medio de la cual se ins- truye a los Fiscales Federales y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Adminis- trativas (en adelante FIA) sobre las respectivas intervenciones en las causas pena- les que involucran a agentes y funcionarios públicos, constituye un nuevo retroceso en el diseño del plan de actuación que los órganos administrativos de control deben cumplir para hacer efectivo su cometido de combatir la corrupción.

En su momento, la sanción en el año 1998 de la ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público), fue criticada por dis- tintos sectores de la oposición, al disponer que la FIA integre el Ministerio Público, quitándole a la misma varias facultades que le permitían intervenir tanto en los sumarios administrativos iniciados contra agentes públicos como en los procesos judiciales que se les seguían por delitos cometidos en el ejercicio de sus funcio- nes.

Posteriormente, en noviembre de 1999 la Procuración General del Tesoro de la Nación, a través del dictamen 190, realizó una interpretación muy particular de la mencionada ley y -aun en contra de claras disposiciones del decreto 467/99 (Reglamento de Investigaciones Admi- nistrativas)- le impidió a la FIA la posibilidad de intervenir como parte acusadora en los sumarios administrativos que se inicien en las distintas dependencias de la administración pública.

Como consecuencia de este dictamen, se privó a la FIA no sólo de la posibilidad de constituirse como parte acusadora, sino hasta de tomar conocimiento de los considerandos tenidos en cuenta para la resolución del sumario.

A raíz de este dictamen, el Ministerio del Interior, a través de diversas resoluciones, se opuso en varios casos a la inter- vención de la FIA impidiéndole, de esta forma, cumplir con su obligación legal de "Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integran- tes de la administración nacional".

Recientemente, la Justicia en lo Con- tencioso Administrativo Federal de la Capita Federal ha considerado, cautelar- mente, que esas disposiciones del Ministerio del Interior son contrarias a la ley por cuanto le impiden a la FIA ejercer en plenitud sus derechos y obligaciones.

Finalmente, como corolario de este plano descendente que describimos, la resolución 147/08 del Procurador General de la Nación, que ahora comentamos, con el fin de dirimir una posible incoheren- cia en la actuación de los distintos Fiscales Federales -entre los cuales se hallan los de la FIA- resolvió optando por la peor de las alternativas, cual es impedir en los hechos que la FIA tome directa intervención en las causas judiciales no iniciadas por ella y en las causas que se hubieren iniciado por denuncia de la propia FIA, ésta podrá actuar efectivamente sólo si el Fiscal Federal a cargo opta por no ejer- cer la acción pública.

Las restricciones al accionar de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la lentitud en el accionar de la Oficina Anticorrupción, la limitación de los recursos materiales y de disponibilidad de per- sonal con que cuentan todas las Fiscalías Federales, la inexistencia de unidades especializadas para una mejor distribución del trabajo y la falta de autarquía pre- supuestaria del Ministerio Público Fiscal, constituyen serios obstáculos para la reconstrucción de la institucionalidad y para asegurar que los actos de gobierno sean revisados por un organismo independiente.

La corrupción en el Estado es mucho más grave que cualquiera de los otros males que lo afectan; genera frustración, escepticismo y falta de confianza en el poder; "deteriora la democracia". De ahí que debe ser combatida y reducida a niveles compatibles con la supervivencia y el crecimiento del anhelado prestigio de "lo público".

En este camino, los controles mutuos son imprescindibles para la transparencia y democratización de la administración y constituyen la clave para alcanzar la seguridad institucional indispensable para mejores realizaciones del sistema democrático.

Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.