La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de quién que corresponda, arbitre las medidas a su alcance, para:

1) Instrumentar una instancia de consulta a la ciudadanía que podría resultar afectada por la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande.

2) Instar al Gobierno de la Provincia de Corrientes a detener cualquier avance en dicho proyecto hasta tanto se consulte a la ciudadanía al respecto.

Señor presidente:

El arroyo Ayuí Grande recorre kilómetros de una llanura de escasa pendiente. Por las características topográficas de la zona, el curso de agua forma bañados y zonas pantanosas. Bordea los esteros del Pairiri por el este y los afluentes principales los recibe del sector occidental, son los arroyos Yuquerí y Curupicay. Está rodeado por selvas en galería que poseen una abundante biodiversidad vegetal compuesta por muchas especies procedentes de la Selva Paranaense y otras típicas de la bio- región Chaco Húmedo y una fauna típica como el ciervo de los pantanos, el lobito de río, el carpincho, y el aguará guazú.

La zona ha estado en conflicto desde que la empresa COPSA S.A, en 2008, anunció la construcción de la Represa Ayuí Grande. El emprendimiento tendría como objetivo anegar la zona para la producción arrocera. COPSA S.A. es una empresa de José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín.

Desde la empresa se habla de los efectos positivos, tal como sostiene Ricardo Freire su gerente general: "Va a producir, un gran impacto social, 1500 puestos de trabajo directo y muchos más indirectos, a través de contratistas y empresas subsidiarias, Mercedes se va a convertir en la 'Capital Ocupacional' de Corrientes, no sólo no va a faltar trabajo, sino que se va a necesitar mano de obra foránea. La instalación de industrias, va a permitir el trabajo femenino en labores como empaquetado y embasado. La demanda de técnicos y personal calificado, va a impulsar a la instalación de una Universidad". Pero nada se menciona del impacto ambiental.

La represa concretamente dejaría bajo agua 8.000 hectáreas de humedales y bosque nativo, afectando la flora y la fauna del lugar. Se crearía además un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes. Está proyectada a tan solo 47 kilómetros de la Reserva Provincial del Iberá, conocida como Esteros del Iberá. Las organizaciones ecologistas plantean no sólo una queja sobre lo ilegal del proyecto, sino también una advertencia sobre posibles daños en la reserva provincial.

Diversos ciudadanos, entre ellos ecologistas, investigadores, artistas y políticos firmaron la carta "El Ayuí debe seguir siendo un arroyo" donde enfatiza en que "sería la primera vez que un emprendimiento privado, en procurar de beneficio de particulares, se apropiaría de un bien público de esta dimensión. Porque los ríos y los arroyos son de todos y no pertenecen a los propietarios de tierras a su alrededor".

Es menester señalar que el asunto incumbe a dos derechos humanos de los pobladores de la vecina provincia de Corrientes: por un lado el derecho a vivir en un ambiente sano; por el otro, el derecho de toda persona a tomar parte en las decisiones que puedan afectarla tanto en sus consecuencias como en los posibles riesgos que entrañe la concreción de dicha decisión.

Los derechos humanos poseen la particularidad de ser los únicos en los cuales la titularidad de la obligación cae sobre un tercero, que es quien tiene la doble responsabilidad de velar por su cumplimiento, por un lado, y de generar las condiciones para que se puedan efectivizar, por el otro. Ese tercero es el Estado, y en el caso del Estado Argentino, como firmante de los pactos internacionales en materia de derechos humanos, esa obligación posee rango constitucional desde la reforma de 1994.

La importancia en la implementación de un mecanismo de participación popular radica en su poder de construcción de consenso. Y sobre todo deja sentado que los argentinos hemos aprendido la lección de Gualeguaychú: es lo aconsejable que se resuelva entre todos lo que nos podría afectar a todos, en vez de esperar que la insatisfacción del reclamo social provoque un fenómeno masivo de difícil salida.

Es indispensable que se actúe responsablemente y con celeridad, que se frene el avance de la obra hasta que se pueda realizar una consulta popular, y sobre todo -y principalmente- que estas acciones queden totalmente fuera de la recurrente disputa que mantienen el gobierno y el Grupo Clarín desde 2008.

Por lo antedicho, solicitamos a nuestros pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.