El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1°.- Modificase el artículo 45 de la Ley 24.946, en sus incisos a), b) y c), el que quedará redactado de la siguiente manera:

FISCAL NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 45. - El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes deberes y facultades:

a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes, funcionarios y personal contratado, cualquiera sea el régimen y el nivel jerárquico en que se incluyan, que desempeñen actividades o funciones en nombre o al servicio de la administración pública nacional centralizada y descentralizada en cualquiera de sus formas, fuerzas armadas, organismos de seguridad e inteligencia, empresas, sociedades, bancos, entidades financieras oficiales y todo otro ente en el que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la Nación.

b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a tales recursos o sobre el desempeño de sus funcionarios.

c) Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas por la propia Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sean considerados delitos. En tales casos, si así lo resolviera el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, el ejercicio de la acción pública quedará a su cargo o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del reglamento aprobado de conformidad con el artículo 33 inciso t) de la presente ley.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también tendrá competencia para intervenir, si lo estimare conveniente, en los términos de su Reglamento Interno, en todas aquellas causas vinculadas con delitos o irregularidades administrativas, sean o no originadas en investigaciones o denuncias propias. En tales casos, podrá solicitar medidas de prueba y sugerir cursos de acción en cualquier instancia del proceso.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública cuando los fiscales competentes tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción, lo que el tribunal interviniente deberá notificarle antes de resolver.

d) Asignar a los fiscales Generales, Fiscales Generales Adjuntos y Fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente.

e) Someter a la aprobación del Procurador General de la Nación el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de el dependen e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación que dicte el Procurador General.

g) Proponer al Procurador General de la Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal de servicio y de maestranza que se desempeñen en la Fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley.

h) Elevar al Procurador General un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a su cargo.

i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleadas que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación.

j) Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 2°.- Modificase el artículo 48 de la Ley 24.946, que quedará redactado de la siguiente manera:

COMUNICACION DE PROCESOS PENALES

ARTICULO 48.-Cuando se reciban denuncias o formule imputación contra un agente, funcionario o empleado público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner inmediatamente tal circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de que ésta se pronuncie sobre su intervención en el trámite, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado.

Cuando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas informe al juez que participará activamente en el proceso, éste deberá notificar, tanto al fiscal actuante cuanto a la Fiscalía, todas aquellas medidas que deban ser notificadas al Ministerio Público Fiscal. A su vez, cuando la investigación estuviere delegada, dicha obligación corresponderá al fiscal que la instruya.

ARTÍCULO 3°.- Modificase el artículo 49 de la Ley 24.946, que quedará redactado de la siguiente manera:

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO 49.- Cuando a criterio de la Fiscalía pudieran existir transgresiones a normas administrativas, el Fiscal Nacional requerirá a la máxima autoridad de la jurisdicción donde acaecieron los hechos la instrucción del sumario o investigación administrativa correspondiente, que se sustanciará de conformidad con el régimen que resulte aplicable al caso concreto.

En todas estas actuaciones la Fiscalía será tenida necesariamente como parte acusadora, con iguales derechos a la sumariada o investigada en cuanto a las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas y de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas también podrá intervenir, si lo estimare conveniente, como parte acusadora o coadyuvante, en los términos definidos en el reglamento aprobado de conformidad con el artículo 33, inciso t) de la presente ley, en todo sumario o investigación administrativa que refieran a la conducta de agentes alcanzados por la competencia prevista en el artículo 45, incisos a) y b) de esta ley, cualquiera sea el régimen que regule la sustanciación de dicho sumario o investigación, aun cuando la Fiscalía no haya instado originalmente su promoción o no exista una investigación previa de dicho organismo.

A tales efectos, la autoridad que ordene la instrucción del sumario o la investigación administrativa deberá comunicar a la Fiscalía su inicio en forma inmediata bajo pena de nulidad de lo actuado o lo resuelto. En dichas actuaciones la Fiscalía tendrá también iguales derechos al sumariado o investigado en cuanto a las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas y de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto.

En ninguno de los casos previstos en el presente artículo podrá oponerse a la Fiscalía el secreto de las actuaciones, excepto cuando la negativa se funde en la salvaguarda de un interés atinente a la seguridad nacional.

ARTÍCULO 4°.- Modificase el artículo 50 de la Ley 24.946, que quedará redactado de la siguiente manera:

COMPETENCIAS ESPECIALES

ARTICULO 50. - Además de las previstas en el Art. 26 de esta ley, los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes facultades de investigación:

a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos ad hoc.

b) Informar al Procurador General de la Nación cuando estime que la permanencia en funciones de un Ministro, Secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior, pueda obstaculizar gravemente la investigación.

c) Cuando estimare que la ejecución, continuación o consecuencias de los actos o hechos sometidos a su investigación, pudieran causar un perjuicio grave o irreparable para el Estado, se solicitará su suspensión al Poder Ejecutivo Nacional, el cual deberá expedirse sobre la pertinencia del pedido dentro de un plazo razonable.

ARTÍCULO 5°.- Incorporase el artículo 50 bis a la Ley 24.946, que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 50 bis.- Información en general. Todos los organismos públicos, personas físicas o jurídicas están obligadas a prestar colaboración a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en sus investigaciones e inspecciones. A esos efectos, el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y los restantes Fiscales que se desempeñan en ese organismo están facultados para solicitar información, expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estimen pertinentes, dentro del término que se fije.

No podrá oponerse ante un requerimiento formulado por la FIA ningún tipo de secreto a fin de incumplir con lo solicitado, salvo en aquellos casos en los que la negativa se fundamente en la salvaguarda de un interés atinente a la seguridad nacional.

Quien obstaculice las investigaciones a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se niegue al envío de los informes requeridos o impida el acceso a expedientes o documentación necesaria para la investigación, incurrirá en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme a lo previsto en el Código Penal de la Nación.

Información obrante en el ámbito público. En relación a toda información, expediente, informe, documento, antecedente o cualquier otro elemento obrante en instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, fuerzas armadas, organismos de seguridad e inteligencia, empresas, sociedades, bancos, entidades financieras oficiales y todo otro ente en el que el Estado tenga participación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá:

a) Solicitar su remisión en forma inmediata;

b) Acceder de manera inmediata y sin previo aviso a dicha información y obtener copias;

c) En caso necesario y por razones debidamente fundadas por el Sr. Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, podrá extraer originales asumiendo la custodia de esos documentos o información para asegurar que no haya peligro de desaparición;

d) Realizar inspecciones y/o verificaciones in situ y, en general, ordenar la producción de toda otra medida probatoria.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Urge acabar con la impunidad en la República Argentina, y que toda la nación se resguarde de las maniobras oscuras de algunos miembros de los poderes del Estado en el respeto a las instituciones republicanas del Estado de Derecho. La corporación política y los órganos de gobierno, en todos sus niveles, no son ajenos, sobre todo por estos días, a la imperiosa necesidad de retomar los causes del ejercicio trasparente del poder que demanda la ciudadanía.

Los representantes del pueblo argentino tenemos una responsabilidad última para con el mismo, que es el hacer todo lo que este al alcance de nuestras facultades, a partir de la Constitución, para establecer normas claras que se pongan al servicio de la comunidad y que eviten las prácticas impuras de aquellos que tienen a su cargo el cuidado de la misma. Como órgano deliberativo por excelencia de nuestro sistema democrático, el Congreso de la Nación debe tomar conocimiento de las alarmantes sospechas por hechos de corrupción originados en conductas inapropiadas de agentes, funcionarios y empleados del Estado, y obrar en consecuencia para asegurar a todos los argentinos que ninguno de estos hechos quedará impune en la República.

Para afianzar la justicia, y dotar a determinados órganos de gobierno -constituidos para tal fin- de las mejores herramientas para un ejercicio imparcial y eficiente de la solución de controversias velando por los derechos de todos los argentinos, el legislador ha cumplido con el mandato constitucional de organizar el Ministerio Público de la Nación. Este órgano ha sido históricamente objeto de una reconfiguración de sus facultades y organización propias por parte de gobiernos de distinto signo partidario, hasta que el texto constitucional de la reforma de 1994 lo estableció con claridad como un órgano independiente con autonomía de los otros poderes del Estado. Para un funcionamiento eficiente del Ministerio Público, encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la Ley 24.946 configuró las estructuras internas de dicho órgano, con su correspondiente deslinde de deberes, facultades y competencias. Y es así como se constituyó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que conocemos hoy, dependiente del Procurador General de la Nación, jefe de todos los fiscales del país que integran el Ministerio Público. No fue entonces, sin embargo, cuando se creó por primera vez un órgano exclusivo para investigar a la administración pública por fuera de los tres órganos clásicos en que se estructura el Estado Argentino. Ya en 1962 se había creado una Comisión Ejecutiva Investigadora de Irregularidades en la Administración Pública Nacional, con plena autonomía para investigar supuestas irregularidades cometidas dentro de la órbita de la administración pública. Al poco tiempo fue reemplazada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, cuyas facultades fueron ampliadas en 1976. Con el regreso al régimen democrático en los años ochenta se propuso reformarla, pero es recién con la Ley 24.946 de 1998 que se delimitan las funciones con que hoy cuenta el Fiscal Nacional y demás fiscales de la mencionada Fiscalía especializada en la investigación de hechos de corrupción en el seno del poder político y la gestión administrativa de la República.

Resulta que en la pasada década se ha sucedido una serie de inconvenientes procesales, que se desprende de cierta ambigüedad en la ley vigente que, en la práctica, dificulta el accionar del cuerpo de investigadores administrativos. Estas dificultades fueron a su tiempo denunciadas por el actual Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas al tomar su cargo en 2004, quién encargó, junto a su superior -el Procurador General de la Nación-, un análisis interno especial para elaborar una reforma de las funciones de la Fiscalía. En 2006, el mismo Fiscal Nacional elevó al Procurador General su propuesta de reforma de la Ley 24.946 para salvar los inconvenientes que venían apareciendo según el criterio interpretativo que tomaran los señores Jueces, los señores Fiscales ante los distintos fueros e instancias, y el Sr. Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas. Dicha propuesta no fue tomada en cuenta por el Procurador General Dr. Esteban Righi, por lo que el mismo Dr. Manuel Garrido, titular de la Fiscalía, difundió por su cuenta el proyecto de ley. El mismo texto es el que reproduzco en el presente proyecto, ya que a la fecha no tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados, cuerpo que -paradójicamente- aprobó en 2004 el proyecto de ley que impulsaran los señores diputados Garré y Alessandro, hasta el momento frenado en el Senado, que solucionaba una parte del reclamo por mayor claridad en las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Al no haberse corregido hasta el momento por vía legislativa, como corresponde, el diferendo por las funciones propias del órgano investigador, el Procurador General de la Nación instruyó, a través de la reciente Resolución N° 147 de su autoría, a los fiscales del Ministerio Público, incluyendo al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, para que procedieran en su accionar de acuerdo con una interpretación restrictiva de las facultades que se desprenden del segundo capítulo de la sección segunda de la Ley 24.946 Organizativa del Ministerio Público, cercenando claramente la capacidad operativa de la Fiscalía en aquellas causas judiciales que no hubiesen sido originadas en sus propias denuncias. Es menester saldar inmediatamente el error de no haber reformado aquellos puntos que, los mismos fiscales encargados de investigar la conducta de los agentes del Estado, pedían a este Congreso para tornar más eficiente la lucha contra la corrupción en la República Argentina. Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.