La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, tomada a través de la resolución 147/2008, mediante la cual se limitan las atribuciones de la Fiscalía General de Investigaciones Administrativas, a cargo del Dr. Manuel Garrido, con respecto a los delitos cometidos por funcionarios públicos.

Señor presidente:

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, a través de la resolución 147/2008, recortó las facultades del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Dr. Manuel Garrido, cuya función es promover la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, como por ejemplo las denuncias por supuesta manipulación de los datos de la inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como la causa por el pago de supuestos sobreprecios por la reconstrucción de vagones contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, o como la investigación que lleva adelante contra el Secretario de Medios, Enrique Albistur, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, al vincularlo con varias empresas publicitarias.

La resolución cuestionada fue firmada por el Dr. Esteban Righi el día 5 de noviembre pasado, mediante la cual se limitan las facultades que la ley del Ministerio Público le otorga a la FIA a los fines de intervenir en las causas judiciales que involucren a funcionarios públicos. De aquí en más, el fiscal de investigaciones administrativas, ya no podrá intervenir, ni tomar medidas en casos sensibles de corrupción, que no se hayan iniciado por su denuncia. Sólo podrá intervenir cuando el fiscal del caso decida no hacerlo De este modo, su competencia se verá recortada en la investigación de causas de presunta corrupción en la gestión kirchnerista.

En el mismo orden de ideas, la persecución de presuntas actividades delictivas de funcionarios públicos "es una de las cosas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción le exige a los países que son parte y la Argentina es parte".

Lo que hizo fue interpretar de una manera estricta y novedosa el rol de la FIA. Desde ahora, esta fiscalía sólo podrá participar en expedientes penales que se inicien a partir de denuncias formuladas por ella misma. En las demás causas, no podrá acceder a los sumarios, ni solicitar medidas de prueba ni presentar recursos.

Según manifestaciones de Righi la resolución no apunta a reducir el margen de acción de Garrido, que podrá seguir investigando, sino a "corregir las rispideces entre él y los fiscales federales", argumentó una fuente cercana al procurador. "Si dictó esta resolución es porque se lo pidieron", dijo, y sostuvo que "la ley es clara" en cuanto a que el instructor de la causa es el fiscal del caso.

Si bien es cierto que no resulta ilegal la resolución del Procurador, no lo es menos que es de una inoportunidad política alarmante, influyendo directamente sobre los organismos independientes de control institucional e impidiendo de este modo avanzar hacia una adecuada calidad institucional, que implica, entre otras cosas, el debido control de los actos de gobierno. Ante los profundos desequilibrios institucionales que enfrenta hoy nuestra república y nuestro sistema democrático, y cuando necesitamos fortalecerlos con medidas que favorezcan la confianza ciudadana, precisamente se hace lo opuesto; se los debilita, mediante medida que sólo favorecen un sistema de impunidad.

Sr. Presidente, por lo expuesto y a los fines de salvaguardar la salud republicana es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.