PROYECTO DE TP
Expediente 6345-D-2008
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CARENCIA DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO E INSUMOS EN LA RED DE HOSPITALES PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Fecha: 12/11/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 162
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Declara su preocupación ante la
carencia de personal, equipamiento e insumos en la red de Hospitales Públicos
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, expresa su rechazo a las
políticas anunciadas e implementadas por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri,
tendientes al cierre o desactivación de servicios asistenciales y la afectación del
patrimonio hospitalario.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de salud pública de la
Ciudad de Buenos Aires atiende cerca de nueve millones de consultas externas
por año.
La falta de recursos que ha afectado
históricamente a los Hospitales bonaerenses empuja a la población de la
Provincia a atenderse en la Ciudad y hace que gran parte de esas consultas
correspondan a pacientes del Conurbano.
Asimismo, hay una permanente
derivación de pacientes atendidos por la medicina privada que fueron
desplazados a la estatal. No sólo por problemas de empleo sino por el retiro del
mercado de varias instituciones tales como los Hospitales Israelita, Antártida,
Metropolitano, Santa Rosa de Lima o Francés que dejaron de atender, en
conjunto, casi doscientos cincuenta mil personas de la obra social de los
jubilados y pensionados.
Algo parecido ocurre con
prestadoras privadas en lo referente a emergencias. Aún en planes costosos
no hay vehículos disponibles antes de hora y media, por lo que se derivan los
pacientes al SAME que, a partir de la sobredemanda, dejó de hacer domicilios y
se limita a atender en la vía pública.
Poco tiempo después de asumir, el
Jefe de Gobierno Mauricio Macri, pretendió implementar un sistema tendiente a
privilegiar la atención de los porteños y porteñas discriminando a quienes
llegaran desde la Provincia de Buenos Aires y países limítrofes.
Ante las denuncias que vinculaban
la propuesta con actitudes xenófobas y anticonstitucionales, la idea quedó en
principio descartada.
Luego, anunció su intención de
cerrar los neuropsiquiátricos Borda y Moyano; para encarar en los terrenos que
ocupan, un megaproyecto al que denominó "Parque Cívico".
El plan presentado fue sospechado
de encubrir un negocio inmobiliario, al tiempo que desconoce los términos de la
Ley de Salud Mental de la Ciudad e ignora la situación de los pacientes
internados en tales Hospitales.
En el mismo sentido, la actual
gestión afectó el desenvolvimiento que venían teniendo los Talleres Protegidos
de Rehabilitación Psiquiátrica; situación que generó que trabajadores, pacientes
y diversas organizaciones se unieran para defender su continuidad.
Estos talleres funcionan desde hace
más de cuarenta años y en ellos los pacientes trabajan cuatro a cinco horas
diarias en la producción de muebles, ropa y medicamentos para uso en los
Hospitales porteños.
En el mes de junio, cuando
empezaba el frío, el Gobierno de Mauricio Macri subió de sesenta a sesenta y
cinco años la edad mínima para ingresar en un geriátrico. Por otra parte, los
paradores donde pasan las noches muchos indigentes, no aceptan a mayores
de sesenta años, generándose de esta forma, un nuevo grupo de excluidos
porque los sin hogar que tienen entre sesenta y sesenta y cinco años no
disponen de albergue.
Sumado a lo anterior, numerosos
reclamos dan cuenta del atraso en el pago de subsidios en el marco del
Programa "Vivir en Casa", destinado a solventar la vivienda de abuelos de más
de 65 años que no requieren asistencia.
La falta de un lugar permanente para
vivir hace que muchos mayores sin casa o familia extiendan su internación en
Hospitales de Agudos, con los riesgos que esto implica para su salud.
También desató polémica el anuncio
realizado en relación a la celebración de un acuerdo con ocho universidades
privadas para que sus estudiantes de grado y posgrado de las carreras de
medicina, enfermería, nutrición, radiología, kinesiología y fonoaudiología
pudieran cursar sus prácticas hospitalarias en los efectores de salud porteños,
durante cinco años, por treinta pesos por mes, por estudiante (monto
insignificante si se lo compara con el monto de las cuotas que los alumnos/as
pagan a las Universidades).
La firma de estos convenios generó
el repudio generalizado de los estudiantes de medicina de la Universidad de
Buenos Aires y del propio Consejo Directivo de la Facultad que, en su sesión
del 24 de julio, expresó su rechazo a los mismos por considerar que se
traducían en un agravamiento de la falta de plazas destinadas a estudiantes de
la UBA y vulneraban el carácter prioritario que la Constitución Nacional y de la
Ciudad confieren a la educación pública.
Según trascendió, esa fuerte
resistencia fue determinante para que el Gobierno este en vía de revisar esa
medida, aunque todavía se desconoce en que forma o a través de que
mecanismos.
En otro orden de cosas, el Ejecutivo
porteño modificó el sistema de compras de los insumos hospitalarios,
centralizándolas en cabeza del Ministerio de Hacienda y privando a los
Hospitales de la facultad de hacer sus propias compras de acuerdo a sus
propias necesidades.
Las graves falencias de
implementación y logística del nuevo sistema, hicieron que a los Hospitales se
les fuera terminando el stock, produciendo situaciones de desabastecimiento.
Al Gobierno de la Ciudad no le
quedó otra posibilidad que la de admitir el error. Sin embargo, para
enmendarlo, en vez de abrir instancias de diálogo con la comunidad hospitalaria
recurrió a la firma de un convenio con el Hospital Italiano a efectos del diseño
de un supuesto nuevo mecanismo de carácter mixto en el que las compras
generales (insumos de mayor uso) seguirían centralizadas y las específicas
(destinadas a prestaciones de mayor complejidad) serían realizadas por cada
Hospital.
Esa fue la respuesta insuficiente
ensayada por las autoridades locales frente a la emergencia hospitalaria que
comenzó a evidenciarse hacia el mes de julio del corriente año.
Así, por ejemplo, distintos medios
han reflejado como médicos del Hospital Fernández denunciaron el
desabastecimiento hospitalario, mediante notas dirigidas a la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad y la de la Nación, en la cuales advirtieron sobre una falta
de insumos que incluiría desde elementos de alta tecnología para asistir
enfermedades agudas y graves hasta insumos básicos (hojas de bisturí,
alcohol, guantes de látex) y medicamentos para atender emergencias.
Reclamos similares se formularon en
relación a los Hospitales Gutiérrez, Álvarez, Durand y Tornú. Profesionales de
dichos establecimientos habrían revelado la falta de enfermeros/as y de las
camas de terapia necesarias para atender la demanda asistencial. También
que funcionan menos del treinta por ciento de los quirófanos, que no hay
anestesistas los fines de semana, que la infraestructura edilicia está en un
estado deplorable y que de no encontrarse una solución, en el corto plazo
deberían externarse pacientes ante la imposibilidad de continuar
atendiéndolos.
Particularmente, en el caso del
Hospital de Niños habría cuatro mil pacientes en lista de espera para cirugías,
atento que no se terminan las obras de los quirófanos.
En el Hospital Álvarez, el servicio de
traumatología habría estado un mes sin analgésicos, dejando su adquisición a
cargo de los pacientes. Los problemas de falta de personal se habrían
agudizado al punto que en Semana Santa, durante cinco días, no se internó a
ningún paciente dado que no había enfermeras para atenderlos.
Tal como lo confirmara públicamente
su ex Director, el Hospital Argerich debió suspender sus operaciones
programadas por falta de insumos (como jeringas y gasas) y realizar sólo las de
urgencia, reduciendo drásticamente las intervenciones diarias.
También en el Hospital Rivadavia,
intervenciones simples estarían pasando para el año que viene por falta de
insumos.
A fines de agosto, un grupo de
médicos del Hospital Muñiz denunció públicamente la falta de drogas para
enfrentar la tuberculosis multirresistente y la extensivamente resistente
(básicamente Cicloserina, Linezolid e Isoniazida y Rifampicina Jarabe),
destacando que se vieron obligados a suspender el tratamiento a pacientes con
el riesgo que implicaba para los afectados y para el resto de la sociedad el
recrudecimiento de esta enfermedad.
En el Hospital Pirovano se vive una
situación similar. La falta intermitente de algunos antibióticos habría
determinado el cambio de los tratamientos brindados a pacientes y la poca
cantidad de reactivos para realizar análisis de sangre obligado a cancelar los
turnos a los pacientes que tenían que pasar por el laboratorio. Además,
faltarían gasas y telas adhesivas, imprescindibles para curar heridas, limpiar
zonas a operar y proteger partes inyectadas con sueros, entre otras
acciones.
Las mayores demoras en la atención
médica habrían hecho que exista, en promedio, una espera de cuatro meses
para un turno, de acuerdo a la especialidad.
Hay versiones que sostienen que de
la totalidad de tomógrafos con que cuentan los Hospitales de la Ciudad, sólo
dos se encontrarían en funcionamiento - el del Hospital Piñero y el del Hospital
Udaondo.
Esto a pesar que, el 3 de julio de
2008, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 2.780 que tiene por objeto
implementar el "Plan de Equipamiento Hospitalario" para la renovación,
ampliación, modernización y mantenimiento del equipamiento médico de los
establecimientos del Sistema Público de Salud.
A pesar que dicha norma, autorizaba
al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias
para financiar la adquisición del nuevo equipamiento por $ 150 millones o, en su
defecto realizar las operaciones de crédito público necesarias, al día de la
fecha, ni una cosa ni otra se han concretado y, en cambio, la adquisición de
tales equipos pasó a presupuestarse para el año 2009.
Sumado a ello, han circulado
insistentes versiones - algunas que tomaron estado público a través de
declaraciones de funcionarios a los medios de comunicación - vinculadas a la
intención del Gobierno de la Ciudad de demoler, en todo o en parte, el Hospital
General de Agudos "Bernardino Rivadavia" a fin de instalar en su reemplazo un
centro de alta complejidad.
En simultáneo, frenaron la licitación
para la construcción del centro crítico de cirugía, poniendo al sistema de
operaciones en una situación de eventual colapso. Más tarde, dieron una
supuesta marcha atrás con el plan trascendido y encararon otro cuyo contenido
ignora hasta la propia comunidad hospitalaria.
De la misma manera, en el predio
del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", el Ministerio de Salud
estaría impulsando la construcción de un polo sanitario con los Hospitales
Udaondo y Ferrer.
Conforme la opinión de especialistas
consultados, de concretarse lo anterior, acarrearía problemas sanitarios que no
pueden pasarse por alto, como por ejemplo, que por el alto nivel de contagio
que suelen tener los pacientes que se atienden en el Hospital Muñiz no
resultaría adecuado el uso común de elementos diagnósticos (aparatología de
rx, ecografías, tomografías computadas y otros) o de tratamiento (quirófanos,
punciones y otros), con pacientes con enfermedades digestivas y patologías
crónicas pulmonares no infecciosas.
Estos y otros Hospitales funcionan
en edificios recuperables con valor histórico, arquitectónico y cultural, siendo
prioritaria su puesta en valor respetando los mismos y adecuándolos a las
necesidades actuales, tomando en consideración la opinión científica de los
profesionales de la salud que desarrollan su labor cotidiana en los mismos, no
sólo en razón de su saber y experiencia desde el punto de vista médico, sino
además, por su vasto conocimiento de las demandas de la institución y de sus
pacientes.
Elegir un camino distinto implicaría
un triste retroceso a etapas en las cuales la razón y el bien común fueron
suplantados por las topadoras y el interés privado.
La situación que hemos reseñado se
torna verdaderamente alarmante si observamos que todas estas carencias se
dan en un marco de flagrante subejecución presupuestaria de los fondos
asignados a la salud pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
evidenciando una profunda insensibilidad frente a problemáticas que son
centrales para la sociedad.
En ese marco de crisis, el Gobierno
de Mauricio Macri ha solicitado la renuncia de los Directores/as y
Subdirectores/as de todos los Hospitales, con la excusa de llamar a un
concurso que hasta ahora no se concretó. En cambio, se aceptaron algunas
renuncias y se designaron en lugar de los "renunciados" Directores interinos,
como un mecanismo de disciplinamiento frente a la expresión de una visión
crítica de la gestión.
Hay datos que dan cuenta que, a
inicios de septiembre, la actual gestión de la Ciudad contaba con más de
cuatrocientos amparos judiciales por reclamos vinculados a falta de
medicamentos, asistencia alimentaria y subsidios habitacionales para personas
en la calle.
En relación a las presentaciones
efectuadas en las defensorías judiciales de la Ciudad, cabe destacar las
referidas a la precariedad de los servicios de salud pública, con turnos que se
dan con hasta seis y siete meses de demora y el incumplimiento en el pago de
los subsidios de emergencia habitacional.
Lo expuesto hasta aquí, nos obliga a
solicitarle a la Cámara en su conjunto, un pronunciamiento en defensa de la
salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, razón por la cual
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |