La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas con la modificación de la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010, resuelta en la Decisión Administrativa 41/2010:

1. Para que informe sobre cuáles son los programas o actividades que se verán afectados por la Decisión Administrativa Nº 41/2010, con indicación del monto de los recursos que dejarán de recibir cada uno los municipios y provincias en los que se llevan a cabo.

2. Para que informe sobre cuáles fueron los criterios de selección utilizados para definir la reasignación de las partidas y la consiguiente detracción de recursos a las provincias o municipios.

3. Para que informe cuales son los criterios que definen priorizar el gasto en transmisión y explotación de la televisación de los torneos de fútbol y que implican una mengua en recursos asignados a programas en materia de medioambiente que se desarrollan en provincias y municipios.

4. Informe si está previsto compensar los fondos retraídos a municipios y provincias afectados por la decisión administrativa 41/2010, indicando a través de qué partidas.

Señor presidente:

Nuestro país tiene graves problemas que necesitan la atención prioritaria del estado: la pobreza y la indigencia crecientes, donde por lo menos uno de cada cuatro argentino es pobre, y uno de cada diez es indigente, los nuevos rebrotes de dengue, y los problemas medioambientales que surgen como consecuencia de un modelo de utilización y depredación económica poniendo en juego la salud y la vida de los habitantes, entre otros. Entendemos que esos son los temas prioritarios en los que un estado debe poner atención ante una situación de crisis como la que está transitando nuestro país. Sin embargo, mediante la Decisión administrativa Nº 41/2010 publicada en el Boletín Oficial en fecha 17 de Febrero de 2010 la Jefatura de Gabinete de Ministros ha dispuesto reasignar partidas presupuestarias por un monto total de $ 144.209.091 destinadas a las provincias y los municipios con la finalidad de atender cuestiones relacionadas con el medioambiente.

Esas partidas que se reasignan fueron destinadas a financiar la organización, coordinación y articulación de la transmisión y explotación de la televisación de los torneos de fútbol argentino para nuestro país y el exterior (programa Futbol para Todos), que ya cuenta con un presupuesto de $ 648 millones para el año en curso.

Estamos convencidos que la participación amplia y democrática en la toma de las decisiones trae como consecuencia una correcta valoración de los objetivos buscados. El mantenimiento de los superpoderes en manos del Jefe de Gabinete de Ministros refuerza el sentido contrario de lo que estamos expresando.

La delegación legislativa en virtud de la cual se realizan este tipo de reasignación de partidas arroja como resultado implica no solo una transferencia de "facultades en favor de un funcionario no electivo, que puede ser designado y removido a voluntad del Presidente, sino que además se desplazan los límites al Poder Ejecutivo en aspectos sustanciales aumentando su discrecionalidad, por medio del Jefe de Gabinete" (1) .

"Esta práctica generalizada, sea o no declarada inconstitucional judicialmente, convierte el debate y la aprobación del Presupuesto en el Congreso en una mera formalidad, pues el Poder Ejecutivo está dotado de amplias facultades para reestructurarlo. Rige, en realidad, un presupuesto confeccionado sin sujeción a la Ley de Administración Financiera y a la Constitución, y con posibilidad de que los créditos sean destinados a satisfacer las necesidades momentáneas de los gobernantes, en definitiva: un Presupuesto Paralelo, según nos apunta Ambrosino.

"Existe entonces un Presupuesto Paralelo real e inconstitucional y un Presupuesto Legislado formal. Pero es preciso recordar que, en nuestro país, la función legislativa en esta materia consiste en fijar anualmente el presupuesto y no se reduce a aprobar o autorizar lo que propone el Ejecutivo, sino por el contrario es de su competencia exclusiva tomar la decisión" (2) .

Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de establecer los detalles en la actividad operativa o de funcionamiento, consideramos en aspectos sustanciales no puede apartarse de la sanción legislativa.

Este tipo de prácticas significan "una tendencia no sólo a quebrantar de modo permanente la letra de la Constitución, sino a un régimen personalista que no quiere rendir cuentas de los dineros públicos" (3) .

Compartimos el pensamiento de que es necesario que el Congreso reasuma aquellas funciones presupuestarias que le son propias a los efectos de hacer respetar los principios básicos de la separación de poderes .

Solo de esa forma evitaremos que el debate del Presupuesto en el Congreso se convierta en una formalidad o una mera ficción parlamentaria.

Motiva este pedido de informes analizar y conocer cuáles fueron los criterios para contemplar la necesidad de reasignar partidas destinadas a Provincias y Municipios al programa Futbol para Todos en vez de atender problemas que, teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, son urgentes y comprometen de forma inmediata la vida de nuestro pueblo.

Entendemos que la utilización de los superpoderes en forma discrecional y poco clara contribuye al deterioro de la situación social e institucional de la sociedad. Esta herramienta excepcional, que se ha convertido en regla, consolidó en los últimos años un esquema de utilización arbitraria de los inmensos recursos concentrados por el gobierno central. Además la negativa sistemática de debatir una nueva ley de coparticipación federal, continúa reproduciendo un sistema político donde las provincias tienen más responsabilidades y menos recursos, generando una consecuente dependencia económica y política de los gobernadores. Todo esto permite y reproduce el ejercicio arbitrario, discrecional e injusto del Gobierno nacional por sobre los gobiernos provinciales.

Consideramos además que la citada decisión afecta negativamente los derechos adquiridos por provincias y municipios al momento de la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2010, en lugar de modificar partidas destinadas al propio funcionamiento de la Jurisdicción 25 (Jefatura de Gabinete) que igualmente podrían utilizarse sin perjudicar otros niveles gubernamentales.

Esta decisión arbitraria no hace más que agravar el contexto de dificultades financieras que presentan los estados subnacionales por la elevada concentración de recursos en el Estado Nacional, mientras deben afrontar las responsabilidades en materia de Educación, Salud, Seguridad, Justicia y demás servicios sin contar con la posibilidad de incrementar sus ingresos genuinos.

Creemos imprescindible que el estado nacional reoriente sus preocupaciones en consensuar con distintos sectores sociales y políticos una agenda de trabajo responsable que aporte soluciones concretas a los problemas que nos afectan.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.