La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar nuestro más profundo repudio y preocupación por la represión a los vecinos y vecinas de la localidad de Tinogasta, provincia de Catamarca, el día 10 de Febrero del corriente año, levada a cabo por la policía y grupos de infantería de Catamarca, en la Ruta Nacional 60, desalojando violentamente el corte que se estaba realizando contra la empresa la Alumbrera.

Señor presidente:

El día viernes 10 de febrero de 2012, por la mañana, la policía de Catamarca, quien ha sido repudiada por un operativo llevado adelante el miércoles pasado en la localidad de Belen, reiteró su violenta actitud al desalojar una pacífica manifestación por parte de asambleistas de la zona.-

La reiteración de hechos de dicha naturaleza contradicen el principio constitucional de peticionar ante nuestras autoridades y lo que mayor preocupación evidencia es el sistemático método represivo. Es decir, pese a advertirse un reclamo legítimo y pacifico, la respuesta, por parte de la autoridad, es idéntica en todos los casos. No se advierten canales de negociación, funcionarios planificando soluciones; exclusivamente, fuerzas de seguridad desalojando.

Por los mismos hechos también se sucedieron desalojos violentos en Chilecito (el 5 de febrero); es decir, la respuesta ante la profundización del conflicto social no puede tener una canalización violenta y de manera reiterada por parte del estado. Más considerando que la utilización de la fuerza es el último recurso en un estado de derecho.

El desalojo, efectuado con balas de goma y gases lacrimógenos, conforme la reciente información que surge de diversos medios periodísticos, provocó que "varios miembros de organizaciones sociales y ambientalistas fueron heridos" (Pagina12.com.ar 10 de febrero de 2012 11.00hs); evidenciándose, que los manifestantes no ocasionaron violencia respecto de los miembros de la fuerza de seguridad provincial, es decir, la orden de desaojo refleja el único medio por el que las autoridades de la localidad canalizan el conflicto.

Asimismo, el argumento para el ejercicio de la fuerza que ha dado el funcionario Gordillo es que "Cumplimos con una orden judicial. Los camiones que iban con insumos a la minera representaban un peligro para la sociedad de Tinogasta porque contenían explosivos". Con ello, lo que intentamos destacar es que la empresa cuenta con cobertura policial y los manifestantes no. Se podían tomar caminos alternativos, frenar al camión previo a la intersección con los manifestantes, sin embargo, lo que se procuro es desalojar para permitir el paso del mismo, como si la orden proviniera de la empresa en vez de los funcionarios.

Por las razones expuestas, solicito se apoye el presente proyecto de resolución