La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe respecto de las siguientes cuestiones relativas a la empresa YPF S.A.:

a. Si es cierto que el nivel de reservas totales certificadas representan en la actualidad sólo el treinta y cinco (35) por ciento de las que existían al momento de la transferencia de acciones de la empresa en junio de 1999.

b. Cuál ha sido la firma encargada de certificar las reservas existentes en YPF desde el 2007 en adelante.

c. Si existen proyecciones sobre la evolución del nivel de producción y las posibles consecuencias de la no reposición de las reservas.

d. En caso afirmativo a la pregunta precedente, si la Secretaria de Energía fue informada por el representante del Estado argentino en el directorio, el Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, sobre las proyecciones en los niveles de las reservas; y en su caso, en qué momento se hizo y cuál fue el curso de acción adoptado.

e. Si la Secretaría de Energía ha estado en conocimiento de la evolución del nivel de las reservas desde el año 2007 hasta la fecha.

f. En caso afirmativo a la pregunta precedente, si es cierto que las reservas de gas se encuentran en sólo el 24% del existente al momento de la adquisición de la empresa en junio de 1999.

g. Cuál ha sido la evolución de la producción de la empresa a partir de 2007.

h. Cuál es la política de distribución de dividendos de la empresa.

i. Si es cierto que la política de distribución de dividendos instrumentada excede la media aplicada en las empresas del sector, en relación a parámetros internacionales.

j. Si el Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus representantes en la empresa, presentó objeciones al acuerdo de accionistas informado a la autoridad de control del mercado de valores de los Estados Unidos de América, la SEC, por la que se dispuso la distribución de hasta el 90% de sus ganancias netas declaradas, según normas argentinas, por el término de diez años.

k. Si el Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus representantes en la empresa, ha prestado su conformidad para la aprobación de las decisiones de distribución de dividendos desde el año 2007 a la fecha, consignando la posición oficial año por año.

l. Si es cierto que como consecuencia de la aplicación de la política de distribución de dividendos, entre el año 2007 y 2011 el nivel de endeudamiento creció en más de un ciento (100) por ciento.

m. Si el gobierno nacional ha considerado la evolución y necesidades de producción del mercado argentino para proponer modificaciones en la distribución de utilidades y aplicar mayores recursos financieros a la producción y explotación. En caso afirmativo, explique en qué consistió y qué hizo la representación del Estado al respecto en cada año, desde 2007.

n. Si el gobierno argentino ha considerado la evolución de la producción y los precios internacionales para proponer modificaciones en los planes de negocios aprobados por la empresa y qué hizo la representación del Estado al respecto en cada año, desde 2007.

o. Si existen negociaciones entre el Ministro de Obras Públicas Julio De Vido y representantes de PEMEX u otras compañías controladas o vinculadas del mismo grupo, y en su caso, cuál es el objeto y alcance de dichas tratativas.

p. Si han existido reuniones de Directorio extraordinarias solicitadas por el representante del Estado Nacional. En caso afirmativo, informe las fechas de cada una, sus temarios y sus actas.

q. Informe cuáles son las facultades que otorga al Estado su participación accionaria ("acción de oro"), cuáles se piensa ejercer y cuáles de éstas últimas no se ejercieron desde 2007, explicando los fundamentos de tal comportamiento.

r. Cuál es la relación entre la política de distribución de dividendos apoyada o convalidada por el gobierno nacional en la empresa, la disminución de los recursos afectados a la exploración de nuevos yacimientos, y la evolución del volumen de las reservas de gas y petróleo de la empresa.

s. Cuál es la relación desde el 2003 entre la disminución de reservas de gas, el nivel de consumo nacional y el aumento de las importaciones de gas

t. Cómo evalúa el gobierno el riesgo de disminución del valor de su participación accionaria en YPF S.A., ante la eventualidad de cuestionamientos judiciales, en los EEUU o en España, a la política de disminución de reservas y caída en los niveles de exploración.

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto una serie de informaciones y desinformaciones en torno de la situación de YPF S.A., la mayor empresa energética de la República Argentina.

Trascendidos periodísticos dan cuenta de que en los últimos meses se efectuaron denuncias y cuestionamientos oficiales contra la administración de YPF S.A., empresa controlada por el grupo español REPSOL, con la gerencia a cargo del grupo argentino Petersen.

La información señala que los Gobernadores de las Provincias productoras de hidrocarburos le habrían acercado a la Presidente de la Nación un informe sobre la compleja situación de la exploración y producción de hidrocarburos llevada adelante por YPF. Con posterioridad, la Presidente expresó su disconformidad por las insuficientes inversiones encaradas, especialmente en lo relativo a la no reposición de las reservas gasíferas.

La falta de información fehaciente sobre este tema exhibe toda la opacidad de las circunstancias que rodearon la mal llamada "argentinización" de la empresa producida desde 2007.

En efecto, el proceso de desregulación petrolera y privatización de YPF constituyó un cambio que afectó profundamente el desenvolvimiento del mercado energético argentino. El Estado argentino, hasta mediados de los años noventa, participaba directamente en la producción, distribución y comercialización de hidrocarburos; la actividad se encontraba muy regulada y el sector privado se limitaba a actuar como contratista del sector público. El cambio de modelo impulsado generó un fuerte crecimiento en la producción de petróleo y gas. El rol del Estado Nacional se mantuvo en licitar áreas, establecer la regulación ambiental y recaudar impuestos y regalías en las diferentes etapas de la actividad, con la intervención correspondiente de las Provincias.

La privatización de YPF se desarrolló en varias etapas; la primera se concreta en el período 1991/3 en la que se dispone la venta de todos sus activos, incluyendo la licitación de las áreas marginales y la primera licitación de áreas centrales, acompañando una sustancial reestructuración de personal y reformulación de costos empresarios. Asimismo, se transfirió la titularidad del subsuelo a las Provincias, decisión que adquiere carácter constitucional con la reforma de 1994. En 1999, el Gobierno impulsa la segunda etapa, completando la privatización de la empresa y la adjudicación de la concesión a la empresa española REPSOL.

En esa oportunidad el Estado argentino se reservó un cierto número de acciones clase A, que le garantizan un representante en el Directorio, en la sindicatura y la acción de oro. A través de esta última, conserva la facultad de ejercer el derecho de veto sobre ciertas decisiones empresarias, como las fusiones con otras empresas; aceptar o bloquear una acción hostil que represente la transferencia de la mayoría de su capital social; la transferencia total de los derechos de exploración y explotación concedidos a YPF y la disolución voluntaria de la sociedad.

La tercera etapa se desarrolla a partir de 2007, durante la administración del Presidente Kirchner, con la llamada "argentinización" de YPF, proceso que se destaca por la excepcionalidad de las condiciones que rodearon la incorporación del grupo Petersen. En primer lugar, la operación no fue objeto de licitación alguna. En segundo lugar, el adjudicatario carecía de antecedentes profesionales en la materia de hidrocarburos -salvo el eufemismo de contar con "una especialidad en mercados regulados" informada oficialmente a la prensa y a organismos de control de diferentes países. En tercer término, planteada la crítica situación de cuello de botella en materia energética, desde el Estado no se alentó ni se exigió el desarrollo de una agresiva política de producción energética que otorgara sustentabilidad al extraordinario contexto macroeconómico atravesado por la Argentina en los últimos diez años. Finalmente, la política de distribución de utilidades establecida en el acuerdo de Transferencia y ampliada con posterioridad por decisión societaria, está absolutamente alejada de los parámetros del mercado.

Las consecuencias de este atípico proceso no tardaron en producirse: mientras las reservas disminuyen, los dividendos que se reparten los accionistas aumentan. Así podemos señalar que desde comienzos de 2008, YPF ganó 13.380 millones de pesos (3901 millones en 2008; 3689 millones en 2009; 5790 millones en 2010). En el mismo lapso, la empresa distribuyó utilidades por $ 18.628 millones y hasta el presente la cifra alcanza los $ 25.250 millones de pesos.

Por su parte las deudas contraídas en la operación de adquisición del grupo Petersen se han ido pagando con dividendos de la propia compañía. Para que tal operación fuera posible, YPF informó a la Securities and Exchange Comission (SEC), agencia independiente del gobierno de Estados Unidos (que tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir las leyes federales sobre bolsas y mercados de valores) que, en un acuerdo de sus accionistas, decidió repartir en dividendos hasta el 90% de sus ganancias netas declaradas, por el término de diez años. Ese ritmo de distribución de dividendos se encuentra muy por encima del promedio de los estándares internacionales, lo que demostraría una administración imprudente y alejada de parámetros de buena administración que deben orientar la preservación de una empresa vital para los intereses nacionales.

Por su parte, la española REPSOL fue directa beneficiaria de esta política, que le ha permitido cobrar el 84% de esos dividendos, a expensas de deteriorar la situación financiera de YPF debido a su endeudamiento. A modo de ejemplo, podemos señalar que el activo de YPF desde el 2007, pasó de $ 38.102 millones el 31 de diciembre de 2007, a $ 46.589 millones el 31 de diciembre de 2010, lo que significa un incremento del 22%, mientras que el pasivo aumentó, en igual período de $ 12.042 millones a $ 27.549 millones, es decir, casi un 130%.

Siendo que a través de su Director y su Síndico el Estado posee herramientas legales para objetar decisiones de la empresa, resulta curioso que en lugar de impulsar una política orientada a incrementar la reposición de sus reservas, se haya aceptado el reparto de dividendos entre accionistas. Ello requiere explicación pública y asunción de responsabilidades políticas y legales.

A esta altura de los acontecimientos, no parece razonable, que el Poder Ejecutivo, se rasgue las vestiduras por lo ocurrido en la compañía como si el Estado Nacional y las Provincias no hubiesen participado, por intermedio de los funcionarios que los representaban en YPF durante todos estos años, avalando todas y cada una de estas decisiones, no ejerciendo las facultades otorgadas por la ley de privatización de YPF (24.115) y la de Federalización del Subsuelo y su modificatoria (24.474), que estatuyeron la denominada acción de oro.

Asimismo, los trascendidos sugieren la existencia de evaluaciones de nacionalización de la empresa en altas esferas del Gobierno. Es decir, el Gobierno primero promueve y acepta una "argentinización" sui generis a manos de un grupo empresario particular; luego, permite que dicho grupo compre la empresa mediante sus propias utilidades aumentando irresponsablemente la distribución de las mismas; y finalmente denuncia una supuesta expoliación de la empresa a través de la sustracción de utilidades, que habría provocado inversiones insuficientes para sostener su "modelo nacional y popular de acumulación con matriz diversificada e inclusión social". Todo esto requiere ser investigado, explicado y evaluado en conjunto, pues puede tener consecuencias legales e internacionales, más allá de los efectos nocivos que toda esta operatoria le generó al pueblo argentino.

En tal sentido, no constituye un dato menor que el representante del Poder Ejecutivo en el directorio sea el propio Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación del Ministerio de Planificación Federal.

Por otra parte, la información consignada señala la realización de una reunión extraordinaria de directorio, a solicitud del representante del Estado, en la que se habría abordado la evolución del plan estratégico 2010-2019 y en especial el aumento de la participación del grupo PEMEX (Petróleos de México) en la gestión empresarial. Esto demuestra que para ciertos temas el gobierno utiliza con celeridad los mecanismos legales previstos, lo que requiere explicación de por qué en otros temas tanto más relevantes, ello no sucede.

La habilidad y aptitud profesional de una empresa de explotación de hidrocarburos es compensar su producción preservando su nivel de reservas certificadas con genuinos nuevos aportes de riesgo, manteniendo en consecuencia condiciones similares a los volúmenes ya producidos.

Si esta situación no se verifica, la empresa simplemente está liquidando sus activos más importantes. En este caso parecería que, simultáneamente a la significativa disminución de sus reservas, se suma una política de distribución de dividendos y endeudamiento de YPF desproporcionada a su situación económica financiera real.

Es ocioso discutir sobre niveles de inversión en informes públicos y privados -como ha sucedido en estos días-, cuando se pretenden comparar diferentes tipos de yacimientos, distintas monedas y poderes adquisitivos en cada época, así como contextos internacionales de demanda, oferta y precio distintos.

En este momento, no hay relato posible que nos haga creer que el Estado pueda readquirir YPF, y menos aún que puede invertir lo que no se hizo en estos años de vacas gordas. Más allá del imaginario oficial y de la supuesta épica que le imprimiría la recuperación de activos del Estado, es importante evaluar la política oficial de precios minoristas en toda la cadena energética y los precios reales internacionales, porque los multimillonarios subsidios han conformado un verdadero sumidero de recursos económicos públicos.

Nos preguntamos cuál fue el rol de los representantes del Estado que ocuparon en la empresa ese lugar desde la "argentinización" a la fecha, ya que no objetaron la política de la compañía arriba descripta. Asimismo, cabe preguntarse cómo es posible que el representante del Estado Nacional en el Directorio no haya cuestionado decisiones que afectan la producción nacional de hidrocarburos. Corresponde a los legisladores obtener información veraz que permita evaluar o descartar eventuales incumplimientos por parte de los funcionarios públicos que tuvieron intervención en las funciones de contralor confiadas por ley.

Por el interés general energético del país, urge revertir la situación arriba descripta, tomando las medidas adecuadas en la asignación de recursos de exploración, y definir pautas de precios y de distribución de dividendos acordes con parámetros empresariales racionales y consistentes con una verdadera estrategia de negocios sustentable.