La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación envíe a esta Honorable Cámara de Diputados, copia de la respuesta al requerimiento que le formulara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación con las medidas precautorias y la eventual condena que recibiría tanto el Estado Nacional, como Provincial, respecto a la situación de la penitenciaria de la Provincia de Mendoza.

Señor presidente:

La Corte de Justicia de la Nación emplazó al Ejecutivo Provincial y el Nacional para que informen en un plazo de 15 días sobre las acciones que realizaron para garantizar la seguridad de los presos de la Provincia de Mendoza, en cumplimiento de las “medidas provisionales” dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) a partir del planteo de un grupo de abogados que desde 2003 viene denunciando la existencia de apremios, muertes violentas y homicidios dentro de esas instituciones penitenciarias.

Esas medidas incluían la separación de los jóvenes-adultos de los adultos, y la separación entre quienes recibieron condenas y quienes sólo están procesados, como primera solución al gravísimo problema de hacinamiento que padecen los penales.

Esto abarca no sólo el penal provincial que está en la avenida Boulogne Sur Mer de Ciudad, sino también la cárcel ubicada en la localidad lavallina de Gustavo André, donde se produjo uno de los hechos más graves de los últimos años y que llegó a la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue la muerte de cinco internos, el 1 de mayo del 2004.

El presente Proyecto pretende conocer cual es la respuesta del Gobierno Nacional a este requerimiento, a sabiendas de la delicada situación que en materia penitenciaria afronta la Provincia de Mendoza.

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.