La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través del organismo que corresponda en cada caso, facilite la información:

a) Detallar cuales son los mecanismos implementados por la autoridad competente para distribuir las tarjetas sociales. Adjuntar las direcciones de cada una de las oficinas y/o dependencias administrativas nacionales, provinciales y municipales que tienen facultades para iniciar el trámite regulado por el Decreto 1602/09. Indicar la cantidad de personas a cargo por dependencia para atender a los/as beneficiarios/as y las consultas surgidas.

b) Indicar la cantidad de tarjetas sociales otorgadas por los responsables, como así también, especificar la cantidad de asignaciones que se otorgaron en distintos actos de gobierno.

c) Adjuntar las actas de Convenios con cada una de las provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Detallar la cantidad de beneficiarios/as que han recibido la asignación hasta el mes de febrero del corriente año. Especificar si hay beneficiarios/as que cumplen con los requisitos del decreto pero que hasta la fecha no hayan percibido la asignación por hijo.

Señor presidente:

El Decreto 1602/09 se está implementado gradualmente en cada uno de los distritos. Por consiguiente es necesario comprender los mecanismos realizados para que los beneficiarios/as lo perciban de manera transparente y precisa. Y así poder establecer controles necesarios para que el cumplimiento de la normativa se lleve a cabo.

En diferentes Medios de Comunicación Masivos de tirada Nacional, durante el mes de diciembre, publicaron informes y notas periodísticas como así también en la página web de la ANSeS indicando que en varias oportunidades se entregaban tarjetas sociales en diferentes actos políticos. En dichas actividades según un relevamiento realizado se encontraban funcionarios nacionales, provinciales, municipales y diputados electos entregando estas tarjetas de la asignación por hijo en actos proselitistas de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, este forma de otorgar el beneficio implementada por la Administración Nacional no está especificada en el decreto como así tampoco en la resolución reglamentaria publicada el 10 de diciembre en el Boletín Oficial (1) .

Esta irregularidad es preocupante ya que la implementación de una política de gobierno debe estar separada de cuestiones partidarias entendiendo que la misma condiciona el acceso a la política pública. Esta discrecionalidad atenta contra un estado de Derecho Democrático y Plural reproduciendo así los viejos resabios asistencialistas y clientelares que nuestro país ya debería dejar de utilizar.

Es sumamente preocupante la utilización de aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad porque las políticas públicas no deben estar focalizadas ni responder a la voluntad del efector social que implementa el dispositivo. De esta manera, se juega con las necesidades de los sectores pobres. Estas prácticas perversas y estigmatizantes no hacen más que reproducir la desigualdad establecida. No impulsa nuevas prácticas sociales ni cambio de paradigma en la manera de implementar, ejecutar y diseñar la política social.

Es fundamental establecer y tener claridad en los mecanismos de asignación de las tarjetas sociales para que la cuestión social sea verdaderamente una política de Estado que tienda a la universalización y no un instrumento de manipulación que reproduce la perversidad del sistema focalizado.

Además es sumamente importante saber si el pago de la asignación por hijo se está realizando de manera sistemática a cada uno de los/as beneficiarios/as que cumplen con los requisitos especificado en la normativa.

Por las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto.