La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio a las sanciones impuestas por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a seis docentes y miembros de la comunidad educativa de la Escuela Nº 3 del Distrito Escolar 18 de la C.A.B.A.

Señor presidente:

Asistimos con -a esta altura acostumbrado- desencanto e incredulidad a un nuevo avasallamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante su Ministerio de Educación, a la libertad de pensamiento y de expresión.

A la triste iniciativa que días pasados tomara ese Ministerio respecto de la implementación de un 0-800 para denunciar presunta actividad política en las escuelas porteñas (cuestión por la que el Ministro Bullrich debió comparecer a la Justicia), suma esta semana un nuevo capítulo al separar de su cargo a docentes de la escuela Nº 3, por la realización de un acto, en donde se parodiaba a su persona y al Jefe de Gobierno Porteño.

Más allá del buen o mal gusto del acto, y de la eficacia o no de su realización como método de protesta por el cierre de cursos de menos de quince alumnos determinado por el Ministerio de Educación en el ámbito de la C.A.B.A, es particularmente grave el hecho de aplicar una sanción sin un sumario previo, lo cual, es redundante recordar, es violatorio del principio de inocencia consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En efecto, la teatralización en cuestión, que parodiaba al Jefe de Gobierno y al Ministro de Educación porteños tratando el tema del cierre de cursos, se realizo en el mes de marzo, y según los relatos de los profesores intervinientes y de los padres asistentes, se realizo con el consentimiento de los mismos y durante un recreo. Ante esto, una vez que el video fue difundido, el Ministro de Educación separó de su cargo a los miembros de la institución involucrados, mientras se instruía el sumario respectivo. Añico la sanción mientras comenzaba a investigar.

Es decir, que sin respetar siquiera el derecho de defensa de los intervinientes, ni esperar que el proceso administrativo de investigación culmine (el sumario) la política gubernamental porteña consistió una vez más en perseguir a quienes expresan una idea distinta a la propia, violentando los principios más elementales de convivencia, como es el principio de inocencia. No importa a esta altura la resolución final del sumario para los profesores; ellos ya fueron separados de sus cargos, por (según propias manifestaciones del Ministro) "hacer política con los chicos".

Expresar una idea, protestar ante una medida es tomado por el gobierno porteño, como una falta grave, que no merece siquiera ser investigada, simplemente debe ser duramente sancionada. Si en el medio se violan principios constitucionales elementales, no parece que sea un tema preocupe demasiado.

La medida resulta, amén de preocupante, cuando menos curiosa, tratándose de un ejecutivo cuya cabeza (el Jefe de Gobierno Porteño) se encuentra procesado como miembro de una asociación ilícita, y cuyo procesamiento fuera confirmado por la segunda instancia, estando pronta su elevación a juicio. El Jefe de Gobierno como cualquier ciudadano, hasta que un tribunal lo condene en juicio, es inocente según el artículo 18 de la C.N, y por tanto continúa en el "desempeño" de sus funciones públicas. Más allá de la falta de ética que se le pueda achacar al no renunciar, o no tomarse licencia (formal, no fáctica) hasta que su situación procesal se resuelva (cuestión de índole política, no jurídica), es un ciudadano que goza del principio de inocencia, como casi todos en nuestro país, a excepción de aquellos que están bajo la órbita del Ministerio de Educación Porteño, sea por pensar distinto, sea por expresar sus ideas, sea por siquiera pensar en hablar de política a los jóvenes.

Esta seguidilla de desaguisados en las decisiones del ejecutivo, nos llevan a pensar que no se trata de errores o interpretaciones retorcidas de una realidad, son una política de estado del PRO. Erradicar el pensamiento plural, impedir la expresión de ideas distintas a las propias, denostar, perseguir y castigar la militancia política (ajena, vale aclarar) son las propuestas que el gobierno porteño ofrece a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y a la sociedad argentina en general. Esta es su forma de concebir la política: aséptica, a-política, es la política de la no política (permítaseme el juego de palabras).

Como miembros de esta Honorable Cámara nuestro deber es repudiar tales actitudes, que ponen en grave peligro al sistema democrático que tantas vidas costo recuperar y mejorar. No puede justificarse con argumento alguno, el aplicar una sanción de tal gravedad (separar a un docente de su puesto) sin que al menos puedan defenderse, sin que la investigación sobre su actuar se haya realizado aún. Es una arbitrariedad persecutoria que debe ser repudiada sin más. Y debemos nosotros como representantes del pueblo de la Nación ser quienes al menos, alcemos nuestras voces y denunciemos públicamente este tipo de hechos-

Este tipo de violaciones a los derechos elementales por parte del Ejecutivo porteño, merece nuestra atención y nuestro enérgico repudio, como hombres y mujeres surgidos de la política y defensores a ultranza del sistema democrático de pluralidad de ideas en el que gracias a miles de compañeros muertos hoy podemos disfrutar.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de Resolución.