La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enfático repudio al editorial del diario La Nación del día lunes 23 de noviembre de 2015, titulado "No más venganza", el cual, reponiendo un discurso propio de la última dictadura cívico-militar, demonizando, estigmatizando y revictimizando a las víctimas, reivindicando el terrorismo de Estado, e intentando deslegitimar la histórica e inclaudicable lucha por Memoria, Verdad y Justicia, trata de sembrar dudas y cuestionamientos sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra historia democrática reciente: los juicios por delitos de lesa humanidad.-

Señor presidente:

Indigna y preocupa el editorial del diario La Nación titulado "No más venganza", con el agravante de haber sido publicado a pocas horas de desarrollarse un nuevo acto eleccionario nacional, confirmando, continuando y profundizando el proceso democrático que se inició en el año 1983, luego de la etapa más oscura y dolorosa de nuestra historia: la última dictadura cívico-militar. Dictadura que desplegó, de manera sistemática y planificada, el secuestro, la tortura y el exterminio de miles de ciudadanos, los asesinatos cotidianos de militantes, más de 600 campos de concentración, miles de presos políticos, exilio, secuestro, tortura y robo de niños, buscando de tal forma destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo para profundizar la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre al servicio de un régimen económico y político a beneficio de los monopolios y las potencias imperialistas. Política económica en la cual, como escribiera Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, "debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

El referido editorial misma generó incluso el repudio de los propios trabajadores del diario La Nación S.A. quienes, a través de un comunicado rechazaron "la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una 'cultura de la venganza'".

En el mismo sentido se expresaron los trabajadores de prensa que integran el Sipreba (Sindicato de prensa de Buenos Aires), de la Agencia Nacional de Noticias Télam, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Comisión Interna de AGEA/Clarín, además de numerosas organizaciones políticas, civiles, sindicales, culturales, estudiantiles, y de derechos humanos.

La anulación de las leyes de impunidad y los juicios a los genocidas son un logro histórico de nuestro pueblo. De acuerdo con los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "un total de 2.071 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, 405 han obtenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas".

El CELS aclara que, desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, han habido 91 sentencias, advirtiendo que "no obstante, resulta preocupante que de ellas únicamente 14 han alcanzado instancia final, 12 confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nuestros datos revelan que sólo 28 de los 370 condenados en la actualidad tiene firme su sentencia. Nos interesa destacar que el ciclo de la justicia se cumple cuando las sentencias quedan firmes, es decir, cuando no hay posibilidad de revisar esa decisión". A esto hay que agregar que el 68% de los condenados y la mitad de los procesados cumplen prisión domiciliaria, que además violan sistemáticamente. Todos estos son aspectos que no podemos dejar de mencionar en esta oportunidad.

Las organizaciones de derechos humanos vienen denunciando hace años las enormes limitaciones de los juicios, que se desarrollan a cuentagotas, significando que cientos de represores mueran antes de ser juzgados. A esto hay que agregar que los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención. El Estado no ha entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de Concentración. El Poder judicial no investiga ni aporta pruebas para juzgarlos, a lo que se suma el sistemático desfinanciamiento de los juzgados y tribunales que intervienen en los juicios de lesa humanidad. Sólo las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que luchan contra la impunidad presentan pruebas e impulsan las causas para que los represores sean juzgados. En muchos casos las víctimas tienen que declarar varias veces en distintos juicios, todo sin protección alguna del Estado.

Otro aspecto que no podemos soslayar es que los cómplices civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta impunidad. Lo mismo ocurre con los dirigentes sindicales colaboracionistas y entregadores, y con los jueces y fiscales que fueron cómplices del genocidio y que aún continúan en funciones.

Asimismo, resulta imperiosa la necesidad de separar a todos los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que tuvieron actuación entre 1976 a 1983, disolver los aparatos de inteligencia heredados de la dictadura, y la apertura de todos sus archivos secretos, aspecto que resulta fundamental para conocer el destino de los desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados.

En vista de todo lo anterior, expresamos nuestro más enfático repudio al editorial del diario La Nación del día lunes 23 de noviembre de 2015, titulado "No más venganza", el cual, reponiendo un discurso propio de la última dictadura cívico-militar, demonizando, estigmatizando y revictimizando a las víctimas, reivindicando el terrorismo de Estado, e intentando deslegitimar la histórica e inclaudicable lucha por Memoria, Verdad y Justicia, trata de sembrar dudas y cuestionamientos sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra historia democrática reciente: los juicios por delitos de lesa humanidad.

Por lo expuesto anteriormente, y ratificando nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, es que solicito a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados me acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-