La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito, al conmemorarse el 10º aniversario la derogación de las Leyes de la Impunidad.

Señor presidente:

El 21 de agosto de 2003 el Senado convirtió en la Ley la anulación de las leyes Nº 23.521 y Nº23.492 de Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como la "Leyes de la Impunidad", que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. Ambas leyes lesionaban la Memoria e impedían la Justicia no solo a los familiares de las víctimas de los delitos de lesa humanidad sino también a toda la sociedad argentina que aún sufre las secuelas de la represión, el genocidio y el robo de menores.

Dos años después de dicha anulación, el 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de estas normas, lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares -cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986- sean juzgados.

Cabe recordar que la Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.

En sintonía con la Ley expresada anteriormente, La Ley de Obediencia Debida también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987 y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" -concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores-.

Podemos asegurar que una década después de la anulación, ya se desarrollaron en el país 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico- militar y actualmente está previsto que comiencen otros tres procesos.

Para nosotros es un orgullo recordar que la decisión de anular las "leyes de la Impunidad" fue una de las primeras políticas de reparación histórica en pos de la Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por nuestro ex presidente Néstor Kirchner. El propio genocida Jorge Rafael Videla expresó durante una de sus últimas entrevistas que "nuestro momento peor, hablo para los militares, es con la llegada de los Kirchner al gobierno".

Sabemos que todavía faltan muchos juicios y castigos para los culpables, que aún es necesario recuperar a 400 nietos apropiados, y que nuestro deber es acompañar la lucha de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para consolidar la Democracia en nuestro país.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.