La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de los organismos que estime corresponder, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación los alcances, objetivos y fundamentos de la política de enajenación de tierra pública que está llevando adelante el Estado Nacional.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo Nacional viene conduciendo una política sistemática de venta de tierra pública. A través de lo dispuesto en los decretos 952 de 2016, 1064 de 2016, 1173 de 2016 y 225 de 2017, el Estado se está desprendiendo de inmuebles urbanos y rurales en diferentes localidades del país y del extranjero.

En lo que va del año, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llevó adelante once subastas en la Ciudad de Buenos Aires y recaudó más de US$ 129 millones. En ese distrito, que concentra las tierras más valorizadas de todo el país, restan aun materializarse dieciocho nuevas subastas. Se trata de inmuebles ubicados en diferentes zonas de la ciudad, con características y valores inmobiliarios sumamente heterogéneos. Como parte del programa, se vendieron propiedades por valores que oscilaron entre los U$S 60.000 y los U$S 40.000.000.

Por otra parte, se ya se concretó la primera etapa de la subasta de un campo de 1409 hectáreas en la provincia de Córdoba, Propiedad del Ejército Nacional.

Si bien el Poder Ejecutivo cuenta con los instrumentos jurídicos para enajenar parte del patrimonio estatal, es cuestionable la unilateralidad con la que se está definiendo el futuro de bienes escasos, valiosos y difícilmente recuperables por parte del Estado. Es por eso que solicitamos al Poder Ejecutivo que presente la fundamentación que justifique el tratamiento que están dando a los bienes públicos. Teniendo en cuenta que las características de los inmuebles involucrados es tan heterogénea, parece difícil sostener para todos los casos idéntico tratamiento. En ese sentido, cabe resaltar que existen otras herramientas para la gestión de la tierra pública además de su venta. Se pueden otorgar concesiones a actores privados e incluso alquilar por plazos de hasta 99 años. Este tipo de instrumentos tiene la doble ventaja de que a través de los mismos, el Estado no se desprende de un bien escaso y no reproducible como la tierra, sino que también permite, de forma periódica, captar sus sucesivas valorizaciones.

La enajenación del patrimonio público, si bien financia al Estado en el corto plazo, limita la capacidad de agencia de los futuros gobiernos. Por eso mismo, estas decisiones deben ser consensuadas y justificadas. Por lo tanto, solicitamos a los diputados que acompañen el presente proyecto de resolución.