La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio ante la judicialización de los reclamos de los trabajadores de la empresa Krafts Foods y otras empresas alimenticias de la zona norte del Gran Buenos Aires como Pepsico Snacks, principalmente a los referentes de sus Comisiones Internas como Javier Hermosilla, Lorena Gentile, Leonardo Norniella y Catalina Balaguer. A estos se suman su abogado, el Dr. Edgardo Moyano del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y dirigentes sociales y políticos solidarios con sus reclamos como Ramón Bogado, María Rosario, Vilma Ripoll y Néstor Pitrola.

Expresar solidaridad con los trabajadores, delegados, abogados y dirigentes solidarios a quienes se ha procesado y además trabado embargo sobre sus bienes.

Señor presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto que tiene por objeto expresar nuestra preocupación y repudio ante lo que consideramos un avance de la judicialización de la protesta social. Nos referimos a los procesamientos y embargos económicos a casi una docena de delegados y trabajadores de diversas fábricas alimenticias de la zona Norte del Gran Buenos Aires (entre las que se encuentran Kraft Foods y Pepsico Snacks) que se manifestaron en diversas oportunidades ante los despidos y fraude laboral por parte de esas y otras empresas. También en esta serie de causas se ha procesado a distintos dirigentes políticos y sociales que acompañaron el reclamo de los trabajadores sobre la Autopista Panamericana y que también han sido procesados por la justicia y embargados en sus bienes personales.

No es la primera vez que señalamos nuestra solidaridad con estos delegados y trabajadores, a quienes se persigue por haber resistido los masivos despidos que pretendió imponer la empresa Kraft Foods en el año 2009, luego de que los empleados de la planta reclamaran por mayores medidas de higiene y seguridad ante la epidemia de gripe A. En aquella ocasión, los delegados y operarios de la empresa, junto a miles de trabajadores y organizaciones sociales solidarias se manifestaron cortando la Autopista Panamericana para hacer público el reclamo y la denuncia ante los despidos.

Fueron casi tres meses de lucha de los trabajadores contra el atropello de la empresa Kraft Foods, que incluyó casi 30 días de paro y 11 protestas sobre la Autopista Panamericana. Estas medidas junto al apoyo y convicción de los trabajadores de no permitir los despidos fueron los que permitieron la reincorporación de la mayoría de los

despedidos. También pesó la enorme solidaridad nacional e internacional recibida. Esta solidaridad de estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales así como la voluntad de lucha de los delegados es la que se pretende silenciar con la judicialización por parte de la justicia de estos reclamos.

Posteriormente, los conflictos salariales y contra el fraude laboral en las empresas Pepsico Snacks, Frigorífico Rioplatense y Paty ocurridos en 2010 y 2011 incluyeron nuevas manifestaciones en la Panamericana, que se sumaron a las ya investigadas por el Juzgado Federal de Tres de Febrero (dependiente de la Cámara Federal de San Martín) a cargo del Juez Mariano Larrea, junto con el fiscal interviniente Paulo Starc. Por último, la manifestación del 21 de octubre de 2010 en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra que se hizo al mismo tiempo que un paro en la planta de Kraft, significó la apertura de nuevos expedientes en contra de los trabajadores.

Actualmente son tres grandes causas llevadas adelante por los funcionarios judiciales, quienes imputan a los trabajadores el Art. 194 del Código Penal, pretendiendo reprimirlos con prisión de 3 meses a 2 años. Asimismo, han sido embargados en miles de pesos por la Justicia.. Nos referimos concretamente a: Javier Hermosilla (trabajador de Kraft), procesado por 11 cortes de ruta y embargado por 290 mil pesos; Leonardo Norniella (trabajador de Pepsico), procesado por 6 cortes de rutas y embargado por 155 mil pesos; Oscar Coria (trabajador de Kraft despedido), procesado por 4 cortes y embargado por 120 mil pesos; Lorena Gentile (trabajadora de Kraft), procesada por 3 cortes y embargada por 90 mil pesos; Ramón Bogado, ex delegado de Kraft, 6 cortes; María Rosario y Jorge Penayo, delegados de la CI anterior de Kraft; Diego Kondracki, ex delegado de CAT, 3 cortes; Carlos Ruiz, ex delegado de CAT, 3 cortes; Catalina Balaguer (delegada de Pepsico), 1 corte; Vilma Ripoll, 4 cortes; Néstor Pitrola, 2 cortes; Jorge Sobrado, 2 cortes; Hugo Costilla, delegado de Paty, 1 corte; Carlos Zerrizuela,

delegado de Frigorífico Rioplatense y Edgardo Moyano (abogado de los trabajadores), 1 corte.

Nos encontramos ante un panorama en el cual trabajadores que defienden sus derechos y aquellos que se solidarizan con su causa son perseguidos judicialmente pendiendo sobre ellos procesos que podrían llevarlos a prisión, a la vez que se los embarga por suman insólitas tratándose de asalariados cuyos sueldos en la mayoría de los casos no superan los 4.000 o 5.000 pesos por extensas jornadas de trabajo. Al mismo tiempo, se procesa y embarga también a quienes los apoyan, entre quienes se encontraban varios diputados y diputadas nacionales.

Mientras tanto, las empresas que efectúan los despidos o comenten fraude laboral, no son siquiera molestadas por los funcionarios judiciales. Peor aún, en algunos casos la Justicia cita a declarar a los Gerentes o Jefes de Personal para que "identifiquen" en sede judicial a los trabajadores que reclaman por sus derechos.

Nuestra preocupación no es sólo por quienes mencionamos en este proyecto y están siendo hostigados por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sino por los miles de trabajadores, desocupados, asambleistas, delegados, luchadores y representantes de pueblos originarios que en todo el país tienen sobre sí causas judiciales, lo cual no hace más que consolidar un escenario de criminalización de la protesta social que, desde nuestra visión, se debe repudiar y condenar. Según distintos organismos de derechos humanos son más de 4000 los procesados en todo el país que padecen persecución penal por movilizarse en defensa de sus legítimos derechos. Estos derechos y los de movilización y protesta son los que venimos a apoyar también con la presentación de este proyecto.

Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.