La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de promover la conformación de una mesa de discusión y trabajo respecto a las cuestiones vinculadas con la seguridad democrática y el narcotráfico dentro de la Provincia de Santa Fe, convocándose al efecto a autoridades nacionales, provinciales y locales para coordinar las distintas acciones de las fuerzas de seguridad que operan en la Provincia de Santa Fe.

Señor presidente:

El enorme esfuerzo que demanda la lucha contra el narcotráfico y demás delitos complejos en nuestro país nos está señalando que el avance del delito viene gozando de condiciones propicias para su crecimiento y fortalecimiento. En muchos casos, las reglas que otorgan competencia y jurisdicción a las distintas fuerzas, operan como serios límites en la prosecución final del pretendido objetivo de combatir y disminuir el delito, y esto exhibe entre otras cosas la existencia de esas condiciones propicias a las que nos referíamos.

La dificultad naturalmente es aprovechada por los distintos grupos delictivos que avanzan en forma implacable tanto en control territorial como en fuerza ofensiva, pudiendo terminar por constituirse en verdaderas fuerzas delictivas de choque con gran poder de fuego y presión como ya ha sucedido en otros países como México o Colombia por citar algunos ejemplos.

La experiencia de estos países demuestra que una vez que estos grupos mafiosos toman control, se torna extremadamente dificultoso su combate y exterminio, resultando toda la sociedad en su conjunto rehenes y víctimas potenciales de las violentas formas de resolución de conflictos que surgen entre los distintos cárteles de droga. Los conocidos episodios de balaceras que culminaron en homicidios de integrantes de grupos de narcotraficantes ocurridos desde el año 2012 en plena vía pública de la Ciudad de Rosario es una muestra de lo que puede ocurrir a un mayor nivel en el futuro si no se articulan políticas inmediatas que seriamente tomen en cuenta el problema.

En esta línea no puede pensarse una solución sin tener en cuenta que la complejidad y el rápido avance que tienen los delitos complejos superan ampliamente la capacidad de respuesta que tienen los organismos nacionales y provinciales en forma individual. Este estado de situación termina favoreciendo al crimen organizado que sale favorecido por la ausencia de políticas que sean llevadas en conjunto en forma coordinada por todos los actores involucrados.

El resultado de esta falta de políticas articuladas permite además y entre otras cosas, que nuestro país lidere el ranking de consumo de cocaína anual en Sudamérica, siendo sólo superada por Estados Unidos.

En efecto, según se desprende del informe Mundial de Drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del año 2012, el consumo de al menos una vez al año, en la población de entre 15 y 64 años, se ubica en nuestro país en un 2,6%, mientras que la media en el cono sur es del 1%. Detrás de Argentina, se ubican Chile (2,4%) y Uruguay (1,4%). Colombia, Perú y Bolivia siguen apareciendo como países de origen de los estupefacientes, mas que de consumo, a pesar de que la superficie dedicada al cultivo ilegal de coca bajó hasta 154.200 hectáreas en 2010, desde un máximo de 288.400 hectáreas registradas en 1990.

El informe anual que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos, fue igual al de la ONU y destacó que el país posee el mayor promedio de consumidores de cocaína de la región entre los habitantes de 15 y 64 años. Además mostró su preocupación por la violencia que genera el. Los EEUU revelaron que la Argentina tiene el mayor índice de consumo de cocaína en América del Sur y Central.

Sobre la base de las estimaciones del Informe Mundial sobre las Drogas que confeccionó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el hogar de 25% de los consumidores de cocaína en Sudamérica y América Central (675.000 usuarios), sólo superada, esta última, por Brasil.

El delito del narcotráfico genera asimismo otros ilícitos conexos como el lavado de dinero y la evasión impositiva. Los resultados obtenidos por nuestro país en la lucha contra el narcotráfico han impulsado al Departamento de Estado de Estados Unidos, a incluir a la Argentina por primera vez en su lista de países con mayor índice de lavado de dinero en el mundo, en su informe anual sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos. En la misma lista de 67 Estados con mayores niveles de lavado también figuran países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Brasil, entre otros.

Naturalmente que resultaría infantil pretender que la Provincia de Santa Fe sea ajena a este fenómeno delictual que no reconoce frontera alguna y que es de índole nacional e inclusive mundial. El narcotráfico afecta la seguridad interior y pone en riesgo la paz de toda la Nación.

El caso de Santa Fe, pero también de otras provincias que han sido penetradas por el poder del narcotráfico como Salta o Misiones han hecho palmaria esta realidad y demuestran que los resultados satisfactorios pretendidos y buscados no pueden darse sin una política global seria y articulada entre todos los actores involucrados en las tareas de prevención general.

En este sentido, permitir fragmentar las cuestiones de seguridad como si fueran sectores independientes y autónomos tanto en la materia como en la competencia y en las jurisdicciones involucradas, permite

favorecer directamente el desarrollo de la delincuencia que afecta a toda la sociedad y termina por beneficiar en forma directa al crimen organizado.

Se impone por lo tanto la necesidad de extremar y redoblar los esfuerzos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, entendiendo que, por la gravedad y la trascendencia de la materia corresponde a todos los Poderes del Estado involucrarse activamente en su lucha, mediante políticas de Estado articuladas, organizadas y permanentes.