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PROYECTO DE TP
Expediente 5911-D-2013
Sumario: CONVOCAR AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, DOCTOR JULIO CESAR ALAK, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y 204 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, A FIN DE QUE BRINDE EXPLICACIONES ACERCA DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE ENVUELVEN AL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, CON MOTIVO DE LA FUGA DE TRECE PRESIDIARIOS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I DE MAXIMA SEGURIDAD DE EZEIZA.
Fecha: 22/08/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 116
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Convocar al Señor Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, Doctor Julio César Alak, en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, a fin de brindar explicaciones acerca de los
acontecimientos que envuelven al Servicio Penitenciario Federal, con motivo de la
fuga de trece presidiarios del Complejo Penitenciario Federal I de máxima seguridad
de Ezeiza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La curiosa fuga de trece internos del
penal de Ezeiza -uno de los calificados como de máxima seguridad- pone una vez
más en el ojo de la tormenta al sistema penitenciario argentino y, en particular, el
Servicio Penitenciario Federal (SPF), inmerso en la crisis del sistema carcelario y en
la corrupción imperante.
De acuerdo a fuentes oficiales y a las
posteriores declaraciones brindadas a la prensa a lo largo del día de ayer por
funcionarios de la cartera de Justicia y el SPF, en la madrugada del pasado 20 de
agosto, "durante el rutinario recuento de presos", se detectó la ausencia de trece
personas alojadas en el pabellón B del módulo 3 del Complejo Penitenciario Federal
I, situado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Aun cuando no se ha podido
establecer con precisión el momento de la fuga. A partir de ahí se desplegó un
operativo de rastrillaje que permitió recapturar a dos de ellos en las proximidades de
Cañuelas.
Aparentemente, para concretar la
huída, los presidiarios habrían contado con las herramientas necesarias para realizar
un boquete en una de las celdas, cavar un túnel y luego de atravesarlo. Habrían
recorrido unos 70 metros, perforando y traspasando varios alambrados perimetrales
y sorteando todos los puestos y medidas de seguridad existentes.
Los incidentes ocurridos provocaron
inmediatamente la renuncia del titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor
Hortel, quien se asumió como el "máximo responsable político" de estos hechos, no
sin antes denunciar la "complicidad interna", ordenando el desplazamiento de 19
agentes penitenciarios que debían velar por la seguridad de la unidad penal.
Según sus propios dichos, "hubo dos
días de tareas y se usaron herramientas a las que no se accede regularmente. Ni los
celadores ni los inspectores cumplieron con su tarea. El personal de requisa
tampoco encontró las herramientas. Los soldados ubicados en los dos puestos a 50
m debieron haber visto los movimientos. También fallaron los soldados de guardia
que debían estar apostados en los techos."
Poco se ha contribuido desde el seno
del gobierno a disipar las variadas versiones periodísticas acerca de estos confusos
acontecimientos.
Durante la tarde, luego de varios
disturbios sucedidos en el predio de Ezeiza difundidos por los medios de
comunicación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, desmintió que
hubiera existido un motín e informó que el Ministerio dispuso una recompensa de
500 mil pesos para quien aporte datos sobre los once reclusos que permanecen
prófugos.
Esbozando una hipótesis sobre lo
acontecido, el titular de Justicia dejó entrever que ya pesaban antecedentes de
intentos de fuga sobre los internos que idearon el plan de escape.
Sin embargo, el Ministro no dio
precisiones acerca de los 19 funcionarios penitenciarios que fueron apartados por
Hortel antes de su renuncia.
Cabe aclarar que, en medio de la
polémica, la persona designada por Alak para suceder a Hortel en su cargo es el -no
menos controvertido- ex director de dicho organismo, Alejandro Marambio.
Entre las denuncias que pesan contra
Marambio por su anterior gestión, se destacan el recrudecimiento de hechos de
violencia en las cárceles, el otorgamiento de privilegios a favor de ex represores
detenidos y la designación de personas cuestionadas por organismos de derechos
humanos en distintos cargos operativos.
Otro hecho que salpica la gestión de
Hortel sucedió hace menos de un mes. La fuga de dos ex represores durante un
traslado para asistencia médica en el Hospital Militar había puesto en evidencia los
lazos de corrupción del sistema penitenciario. Se trata del mayor retirado del
Ejército Jorge Olivera y del teniente primero retirado Gustavo De Marchi, ambos
condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes de manera misteriosa se
fugaron del Hospital Militar Central de Palermo. ¿Cuál fue la respuesta oficial frente
a esa fuga? Pasar a retiro a los funcionarios responsables y ofrecer recompensas
millonarias para dar con el paradero de los prófugos.
En aquella oportunidad el Ministro Julio
Alak envió una carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Lorenzetti, solicitando que dicte una acordada para indicar a los jueces federales de
todo el país que los detenidos por delitos de lesa humanidad que deban ser
trasladados por temas de salud sean llevados al Hospital Penitenciario de la Cárcel
de Ezeiza, para evitar nuevas fugas. Vaya paradoja.
Lamentablemente, los incidentes de
Ezeiza ponen en evidencia que la corrupción y la connivencia enquistadas en los
poderes e instituciones judiciales, policiales y penitenciarias, continuadoras de la
dictadura, trascienden al ámbito militar.
La fuga de ayer claramente facilitada
"desde adentro" es una demostración más de que en el SPF siguen imperando los
mismos códigos más allá de cambios de gestiones políticas: la corruptela
institucionalizada, propia de un sistema en el que el control se impone a través del
sometimiento y la ventaja.
La polémica en torno de la situación del
sistema carcelario se reaviva una vez más.
Las cárceles de nuestro país se
caracterizan por un alto nivel de sobrepoblación y hacinamiento. La gran mayoría de
las personas que se encuentran detenidas son presos sin condena, lo que da cuenta
de una marcada ineficiencia en el funcionamiento de la justicia y altos niveles de
violencia intra muros.
A treinta años de la recuperación de la
democracia, y pese a algunos avances significativos en materia de derechos
humanos, la tortura continúa siendo una práctica corriente en las cárceles
argentinas. Los organismos de Derechos Humanos vienen denunciando que el SPF
tiene problemas estructurales de violaciones de derechos.
Según un informe del Centro de
Estudios Sociales y Legales (CELS), el SPF mantiene una estructura militarizada,
concebida como una fuerza de seguridad, verticalista y con un alto nivel de
corporativismo, lo que explica la persistencia de prácticas violatorias de derechos
humanos y la resistencia a los cambios. En este sentido, se plantea la necesidad de
llevar adelante un cambio de tipo estructural del SPF, para convertirlo en una
institución civil, con prácticas democráticas, fortaleciendo el ámbito civil de
administración y control del SPF, el cual debe incorporarse al ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En 2012, la Procuración Penitenciaria
de la Nación (PPN) informa acerca de las deficiencias estructurales en las
condiciones materiales de alojamiento, fallas de infraestructura, deficiencias en la
provisión de alimentos y en el acceso al sistema de salud, así como la dificultad con
la que se encuentran las personas detenidas que quieren estudiar o trabajar. Esto
pone de manifiesto la desidia, la negligencia y la total impunidad en que se
desarrolla el accionar del SPF, claramente en detrimento de la sociedad y de las
personas privadas de libertad, cuyos derechos se ven ampliamente avasallados y por
quienes no se brega por su resocialización.
Como lamentables ejemplos, podemos
mencionar el hacinamiento en el que se encuentra la población detenida,
aislamiento prolongado como medida disciplinaria o de castigo, las requisas
invasivas y violentas, la persistente violencia, tortura y malos tratos que padecen,
así como el incremento de las muertes.
Según los resultados del Registro
Nacional de Casos de Tortura (RNCT), realizado por la la Procuración Penitenciaria
de la Nación, el Comité Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudio sobre
Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA (GESPyDH), en 2011 se registraron
791 casos de torturas y malos tratos en 21 cárceles del Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB) y seis dispositivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Si se
consideran también las torturas psicológicas, el CPM presentó, durante 2011, 2.338
acciones judiciales urgentes que dieron cuenta de 7.018 actos u omisiones
violatorias de los derechos humanos (por aislamiento extremo, golpizas, amenazas
de muerte, etc.). Ello sin contar la "cifra negra" que resulta de no contabilizar los
casos no denunciados por temor a recibir nuevas represalias.
En un sistema penitenciario
superpoblado con poco menos de 60 mil detenidos (29.060 en el SPB, 9.778 en el
SPF y 20 mil en las cárceles de todas las provincias), la violencia es así la manera de
garantizar el control.
Son más de 9.700 los detenidos en 35
cárceles distribuidas por todo el territorio nacional los que aloja el Servicio
Penitenciario Federal.
En el sitio web de la PPN se pueden
leer los siguientes datos relativos a las torturas y malos tratos y al registro de
fallecimientos:
Casos de torturas y malos tratos
investigados y documentados por la PPN:
2008: 113
2009: 197
2010: 194
2011: 399
2012: 429
2013 hasta el 1 de mayo: 367 (de
continuar esta tendencia se constataría un aumento del 254%
aproximadamente).
Registro de fallecimientos:
2009: 47 (15 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2011: 39 (23 violentas)
2012: 61 (24 violentas)
2013: al 15 de julio: 25 (17
violentas) (de continuar con esta tendencia, se constataría un decrecimiento en el
registro de fallecimientos, no así de los casos de muertes violentas las cuales
abultarían este registro).
Los penales de Marcos Paz y Ezeiza
encabezan estos ránkings.
Después de una mora internacional de
cinco años, Argentina aprobó a finales de 2012 la ley que establece la creación de
un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que prevé la creación de un
comité nacional y de comités locales a nivel de las provincias con el propósito de
monitorear los lugares de privación de la libertad.
Sin embargo, sigue pendiente su
reglamentación e implementación y algunas provincias muestran cierta reticencia a
articular acciones.
A pesar de las versiones sobre
supuestas conspiraciones por parte del "riñón duro" del SPF que revelaría una
pulseada entre facciones internas de poder, lo cierto es que en materia de tortura y
malos tratos, ni la gestión de Hortel ni la anterior de Marambio implementaron
políticas efectivas para la prevención y erradicación de estas prácticas y
vejaciones.
Hace tiempo que venimos denunciando
la crisis del sistema penitenciario y exigiendo que la política carcelaria sea
incorporada a la agenda pública.
Dos argumentos equivocados
Como los gobiernos no quieren cambiar
la policía y las fuerzas de seguridad, les dicen a los ciudadanos que todo se
soluciona subiendo penas. De esa manera creen que no serán culpados por la
situación de inseguridad. Los hechos hablan por sí mismos: subiendo penas en los
últimos quince años, la inseguridad no hizo más que crecer. Tuvimos leyes de
agravamiento de penas con Duhalde, Ruckauf, con Sola -con las leyes Blumberg- y
con las de Scioli: resultados cero.
Mayor cantidad de presos no
disminuyen el delito. La población carcelaria no ha hecho más que subir. Esta es una
consecuencia del punto anterior: subo las penas y por tanto sube la población
carcelaria (ver datos más abajo). El sistema es sumamente selectivo: siempre se
encarcela a jóvenes humildes. Miren sino las fotos de los fugados. No hay presos
por corrupción, no hay presos por delitos económicos, no hay jefes de bandas
locales de narcotráfico. Como no se desarticulan redes delictivas, sino solo se
encarcelan los eslabones más débiles de la cadena, el delito sigue subiendo.
Datos: En la provincia de Buenos Aires
la tasa de encarcelamiento subió de 84 presos cada 100.000 habitantes en 1997 a
172 cada 100.000 en 2010. Entre 1998 y 2009 creció el 59% el número de
condenados que reciben penas superiores a 5 años. Tres de cada cuatro presos no
tienen sentencia firme.
Aumento en la tasa de encarcelamiento
en distintos países entre 1992 y 2010
Duración promedio de las
condenas
Referencias: Barra rayada: menos de
tres años de condena, barra clara: 3 a 5 años y barra oscura mayor a 5 años.
Porcentaje de encarcelados por
infracción a la ley nacional de estupefacientes
Coyuntura
Ante cada motín o escape discutimos lo
mismo y no se hace nada. Hablar de las cárceles no da votos, sin embargo se trata
de un pilar central de toda política de seguridad.
El gobierno actual realizó una serie de
descalabros con la política penitenciaria, que fue implementada por el jefe saliente,
que incluyó la salida de presos para actos políticos del gobierno. Como en tantos
otros ejemplos, el gobierno confunde partido con gobierno con estado. Para ellos
son todo lo mismo. Para nosotros no.
Ahora parece haber un regreso a la
mano dura de la mano del nombramiento del nuevo director Marambio, que tiene
pésimos antecedentes, entre ellos la comisión de torturas durante su gestión y el
intento de cerrar el centro universitario de Devoto.
Propuestas
Comenzar de cero con la creación de
un servicio penitenciario federal nuevo y comenzar gradualmente a reemplazar el
actual servicio con uno nuevo basado en lógicas de respeto de derechos, estructura
civil que reemplace la actual estructura militarizada y la resocialización de
presos.
Control externo de las cárceles por
parte de la sociedad civil con información pública acerca de presupuestos.
Eliminar la autonomía que tiene hoy el
Servicio Penitenciario para ejecutar sus presupuestos.
Generar auditorías independientes de la
OEA que midan capacidad carcelaria para evitar superpoblación.
Establecer mecanismos más
participativos y con control parlamentario para la designación de los responsables
del servicio penitenciario.
Implementar seriamente programas de
reinserción a través del acceso a los distintos niveles de la educación, la enseñanza
de oficios y la capacitación laboral/profesional.
El Congreso no puede permanecer
inerte ante hechos de gravedad que nos ocupa. Resulta imperioso que el Ministro de
Justicia brinde explicaciones acerca de la actuación de los funcionarios a cargo, lo
que resulta necesario a fin de esclarecer los hechos, determinar eventuales
responsabilidades políticas e impulsar las actuaciones administrativas y judiciales
pertinentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que acompañen el presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
| MILMAN, GERARDO | BUENOS AIRES | GEN |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
| ASUNTOS CONSTITUCIONALES |