La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y a sus Organismos dependientes, restituir a las Obras Sociales incluidas en la Ley N° 23.660, los montos del Fondo Solidario de Redistribución, que les fueran retenidos y que les corresponden por aplicación de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley N° 23.661.

Señor presidente:

El Fondo Solidario de Redistribución fue creado por el artículo 22 de la Ley N° 23.661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Refiere el mencionado artículo 22 en su redacción original que fundamentalmente el Fondo Solidario de Redistribución se integrará con el diez por ciento (10%) de la suma de las contribuciones y aportes que prevén los incs. a y b del artículo 16 de la Ley de Obras Sociales, y para las Obras Sociales del Personal de Dirección y de asociaciones profesionales de empresarios el porcentaje mencionado precedentemente será del 15 por ciento (15%) de dicha suma de contribuciones y aportes.

Seguidamente, el artículo 23 del mismo cuerpo legal establece que la recaudación y fiscalización de los aportes, contribuciones y recursos de otra naturaleza destinados al Fondo Solidario de Redistribución lo hará la ANSSAL (actualmente la Superintendencia de Servicios de Salud), y complementando el tema, a continuación, el punto 2 del inciso b) del artículo 24 determina que Los recursos del Fondo Solidario de Redistribución serán destinado por la ANSSAL para su distribución automática entre los agentes (del sistema de salud) en un porcentaje no menor el setenta por ciento (70%), con el fin de subsidiar a aquellos que, por todo concepto, perciban menores ingresos promedio por beneficiario obligado, con el propósito de equiparar niveles de cobertura obligatoria.

Luego, el punto 5 define claramente que los excedentes del fondo correspondiente a cada ejercicio serán distribuidos entre los agentes del seguro, en proporción a los montos con que hubieran contribuido durante el mismo

período, y exclusivamente para ser aplicados al presupuesto de prestaciones de salud. En este punto, el sindicato de los empleados de comercio y servicios es el más afectado, ya que es el de más afiliados a nivel nacional y el que más contribuye al Fondo Solidario de Redistribución.

El artículo 1° del Decreto 1215/99 asignó a la Administración de Programas Especiales la administración del Fondo Solidario de Redistribución, determinando que "La Administración de Programas Especiales tendrá por objeto la administración de los recursos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución creado por el artículo 22 de la Ley N° 23.661, de conformidad con el artículo 24 de la Ley citada ..., manteniéndose el mecanismo de distribución automática fijada por el Decreto N° 492/95 y la aplicación de dichos recursos a los planes y programas de salud que correspondan a los beneficiarios del Sistema, de acuerdo a lo que establece el artículo 24, inciso b) de la mencionada ley".

Por otra parte, el artículo 1° del Decreto N° 1198/12 prescribe "Absórbase la Administración de Programas Especiales dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional en jurisdicción del Ministerio de Salud".

No se ha respetado lo ordenado por la legislación vigente mencionada, y en consecuencia no se distribuyeron los fondos (depositados en una cuenta especial en el Banco de La Nación Argentina), que son propiedad de las Obras Sociales y que conforman el Fondo Solidario de Redistribución, y de su excedente, siendo el importe total retenido ilegalmente de aproximadamente quince mil millones de pesos.

La restitución de los fondos correspondientes a las Obras Sociales deberá realizarse mediante la distribución de los montos que se encuentran depositados en la cuenta especial recaudadora del Fondo Solidario de Redistribución, en el Banco de La Nación Argentina, y que reiteramos son de propiedad de las Obras Sociales.

De lo que trata el presente proyecto es de hacer efectiva la protección del derecho a la salud, que como dicen los autores Augusto y Guillermo Morello, en su libro "Los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud", que "... a partir de la interpretación de nuestro máximo operador jurídico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresa e implícitamente en los artículos 14, 14bis, 18, 19, y 33 de nuestra Constitución, su conceptuación y andamiaje amparador, de máxima y con principal envergadura, están supuestos", refiriéndose a los derechos a la vida y a la salud.

Con la apropiación indebida e ilegal de fondos, también se está violando la garantía constitucional de propiedad, consagrada en el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional, en este caso de la propiedad de los fondos que corresponden a las Obras Sociales, para ser destinados al cuidado de la salud de los trabajadores.

Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.