La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación ante la ausencia de una política de estado para el sector energético, que ha ocasionado serios problemas evidenciados en la falta de oferta para la compra de garrafas de gas por parte de los sectores más humildes de la población y restricciones al consumo energético industrial.

Señor presidente:

El sector energético ha afrontado en los últimos años serios problemas estructurales que reconocen su causa en la ausencia de una política de estado a largo plazo, ello se refleja en la caída de la producción de crudo durante la última década, lo que encamina a nuestro país a la necesidad de una segura futura importación para el abastecimiento.

Las reservas se han visto disminuidas tanto en petróleo como en gas natural, no se han descubierto yacimientos significativos y no se ha incentivado en los últimos quince años la exploración de riesgo que pueda revertir esta tendencia.

Por otra parte, el gas licuado de petróleo (GLP), es el combustible que compran envasado los hogares sin gas de red, en forma de garrafas. En nuestro país, más del 33% de la población utiliza gas en garrafas, lo que generó -ante la falta de planificación- la necesidad de destinar la mayor cantidad posible de gas licuado de petróleo para las garrafas hogareñas, recortando la oferta de ese combustible para la actividad productiva.

No fue suficiente la anunciada supuesta prioridad que se le dio por parte del gobierno nacional al uso domiciliario, la situación impactó y continúa afectando seriamente a los hogares más humildes.

La Secretaría de Energía por su parte manifestó mediante los medios gráficos y radiales la seguridad que durante el año 2010 se respetarían los precios de venta determinados en el PLAN GARRAFA PARA TODOS establecidos oportunamente, abasteciendo con más producto al mercado de GLP que el absorbido en el año 2009 para su consumo interno (La Nación-Economía -04/06/2010).

Sin embargo la Defensoría del Pueblo consignó problemas de abastecimiento en las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Córdoba, lo que determinó las falencias del plan mencionado.

En cuanto a las restricciones a la industria, las empresas Siderca, Siderar, Acindar, Profértil y Mega, fueron algunas de las más de cien industrias afectadas por el corte de gas, así los cortes habrían significado una caída de hasta un 35% en la producción de insumos para la industria, debido a lo cual, la baja productividad ya se siente en la producción de polietileno, PVC, acero, cal, fertilizantes y combustibles.

Asimismo esta carencia estratégica de plan energético se manifiesta en la constante violación de la legislación vigente respecto a los Entes Reguladores, tanto del gas natural (ENARGAS) como de la electricidad (ENRE), no solo en cuanto al nombramiento de sus integrantes, sino también a la autonomía reconocida frente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del Arquitecto Julio de Vido.

Estos entes se han convertido en una herramienta más al servicio del actual Gobierno, debido a la falta de aplicación de las disposiciones de las mencionadas leyes, constituyendo un hecho anormal que debe ser subsanado de inmediato.

Es imprescindible que el Poder Ejecutivo respete el nombramiento de los integrantes del Directorio de ambos organismos mediante el proceso de selección con antecedentes técnicos y profesionales en la materia comunicando previamente a su designación y/o remoción los fundamentos de tal decisión al Congreso de la Nación (Art. 59 Ley 24.065 y Art. 55 Ley 24.076). Es necesario recordar que a partir de 2003, las designaciones en los entes se realizaron en forma arbitraria, sin concursos públicos y en el caso del ENARGAS se dispuso una intervención que subsiste hasta el presente y que inexplicablemente se mantiene sin plazos.

Esta situación ha sido denunciada también por ocho ex Secretarios de Energía quienes han manifestado que "es impostergable normalizar los Entes Reguladores de la electricidad y el gas natural (Enre y Enargas)" destacando la calidad de los mismos como "instituciones de regulación y control del Estado Argentino y no del gobierno de turno". No podemos dejar de mencionar que en marzo del año 2009 los ex secretarios emitieron un informe elevado a la Presidente Cristina Kirchner, que al momento de ser presentado en Abril del año pasado en la facultad de Ingeniería de la UBA fue suspendida sorpresivamente sin una fundamentación razonable.

Consideramos que la escasez de combustible es un claro reflejo y consecuencia anunciada de las deficientes políticas aplicadas por el gobierno nacional, no resultando suficientes los remedios improvisados tales como disminuir las ventas a Chile o importar desde Bolivia a precios elevados gas de inferior calidad, para subsanar la crisis de abastecimiento gasífero.

La falta del respeto al proceso de selección indicado por la norma, en cuanto a quienes tienen el deber del control del ámbito energético, potencia la posibilidad de injerencia del gobierno nacional perjudicando la solución al problema energético, expresado en la situación que estamos advirtiendo desabastecimiento.

En resumen, es a los sectores de mayor marginación económica y social a quienes el gobierno nacional debe garantizar el real acceso a la garrafa a precio subsidiado, asegurando su abastecimiento y venta en todo el territorio nacional, ya que es imprescindible garantizar la protección de los sectores mas carenciados.

Por otra parte es imprescindible aplicar políticas correctivas que den seguridad jurídica y al mismo tiempo estimulen la inversión que requiere la producción, el transporte y la distribución de gas, en función de un marco económico e institucional de confianza, sincerando la actual crisis y normalizando los entes reguladores.

Por las razones expuestas solicitamos a nuestros pares nos acompañen en éste proyecto.