La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación y enérgico repudio por la muerte del militante Ángel Verón en situación dudosa y solicitar la pronta investigación de todos los responsables, tanto de las fuerzas de seguridad intervinientes en la represión llevada a cabo el día 24 de septiembre del corriente año, como de las autoridades gubernamentales de la Provincia del Chaco que hayan tenido responsabilidad en el operativo desplegado en la Ruta Nacional Nº 11, km 997.

Señor presidente:

El pasado 24 de septiembre, un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) marchaba a la Ruta Nacional Nº 11, km 997 para pedir que el gobernador Jorge Capitanich cumpliera con la entrega de planes de trabajo y materiales para la construcción de viviendas que les había prometido. Pasadas las 18 horas, las fuerzas policiales desataron una "cacería humana contra los integrantes de la organización MTD "No al Desalojo". En el sangriento operativo quedó detenido, entre otros, el dirigente Ángel Verón, quién fuera sometido a una salvaje golpiza. Luego de pasar varias semanas agonizando a raíz de las heridas sufridas, Verón murió con sólo 42 años y dejando una familia de 10 hijos y su mujer. También fueron salvajemente reprimidos por la policía sin mediar orden judicial, Rogelio Verón, hermano del fallecido, y otros manifestantes que sufrieron golpes de puño, culatazos y patadas.

A la muerte de Ángel Verón, se suman la de Martires López (Unión Campesina), activo militante de las luchas campesinas, originarias y populares en Chaco que murió el 14 de junio de 2015 en el Hospital Parrando debido a un brutal golpe en la cabeza que lo dejó agonizando hasta su deceso, según testigos, debido a la colisión con una moto policial; Héctor "Gringo" Pinto, del "MTD 17 de Julio" ocurrido el 1° de septiembre de 2011 causa en la que no se pudieron determinar a los autores intelectuales del asesinato por irregularidades en la investigación; Solano López el 4 de diciembre de 2007, quien perteneciera a los pueblos originarios agrupados en "QomPí", luego de estar tres días encarcelado , fue liberado el 14 de septiembre de ese año y trasladado al hospital de Sáenz Peña con un paro cardíaco y con signos de haber sido salvajemente golpeado; Miguel Alejandro Fernández 14 de junio de 2012, un nativo Qom de 23 años que desapareció cuando era perseguido supuestamente por agentes policiales. Su cuerpo fue encontrado en una laguna. La familia y el director de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, Julio García, señalaron serias falencias en el accionar policial y de la justicia; Daniel Néstor Patricio, el 3 de julio de 2007, nativo Qom de

32 años, padre de 7 hijos; las comunidades indígenas denuncian como responsables a la Comisaría Décima, al 911 y al GEMO (Grupo Especial Motorizado), su cuerpo apareció en Río Negro; Alejandro Benítez el 7 de febrero de 2013, quien a los 24 años desapareció después de haber estado detenido. Sus padres recibieron amenazas por reclamar justicia y pidieron el apartamiento del fiscal a cargo de la causa por inacción; Delfor Romero el 13 de marzo de 2013, joven Qom de 17 años que encontraron muerto con un disparo mortal en la cabeza, a metros de la comisaría local; Florentín Díaz, el 22 de mayo de 2013, nativo Qom que murió atropellado por una camioneta cuando escapaba de la represión policial en un piquete realizado en la ruta 95; Maximiliano Pelayo el 30 de junio de 2013, un joven Qom asesinado por la espalda por dos disparos de la policía, dos agentes fueron detenidos por el hecho, uno posteriormente liberado, y la comisaría de la localidad de Fontana intervenida; Benigno Álvarez, militante que falleció en situaciones extrañas no esclarecidas, y que fue tratado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco; y Diego Aguilera, un adolescente a quien, según denuncias del Centro Mandela y de sus familiares, se le infringieron graves heridas por parte del personal policial perteneciente al 911 y de otras unidades.

También se ha producido numerosas muertes debidas al deplorable estado en que el gobierno del Chaco mantiene los establecimientos de salud, negándole la asistencia social integral a los sectores más vulnerables que necesitan imperiosamente elementos básicos para la supervivencia misma, tal como agua, alimentos, medicamentos y contingencia sanitaria. La Defensoría del Pueblo de La Nación, a través de múltiples denuncias, alertó sobre los numerosos casos de desnutrición infantil que suceden especialmente en la región de El Impenetrable, poniendo de manifiesto "la falta de alimentación apropiada, la atención sanitaria insuficiente y la carencia de suministros como agua, leche y alimentos (en particular aquellos que aporten proteínas), sin que el gobierno del Chaco tomara las medidas adecuadas para paliar esta angustiante situación por la que atraviesan los habitantes de la zona". Cabe aclarar que los problemas de estos sectores sociales comprenden además, la falta de luz, de servicios de cloacas, accesos pavimentados, infraestructura educativa, insumos hospitalarios, déficits de viviendas, conflictos de dominios de tierras, persecución y discriminación hacia los nativos indígenas, y represión por parte de los organismos estatales de seguridad.

Contrariamente a las recomendaciones de arribar a soluciones pacíficas frente a los cada vez más frecuentes conflictos motorizados por las desigualdades sociales y la falta de oportunidades en un gran sector de la sociedad chaqueña -

en especial aquel sector que está representado por los nativos Qom-, el gobierno provincial ha optado por la violencia sistemática, pudiendo enviar un funcionario o mediador institucional a la zona del conflicto ha preferido mandar a las fuerzas policiales, numerosos grupos de Infantería, camiones hidrantes, y equipos del COE (Cuerpo de Operaciones Especiales), que según denuncias de los manifestantes, comienzan a amedrentar a quienes concurren a protestar. Frente a esta situación de tensión, muchas veces las organizaciones sociales deciden levantar las medidas de fuerza. Sin embargo ha sucedido que a pesar de neutralizar la protesta, sorpresivamente la policía avanza brutalmente contra los, generando confusión, miedo y una innecesaria resistencia civil ante la arremetida de las fuerzas de seguridad.

Sectores multisectoriales de Chaco sostienen la necesidad de hacer público el pedido de justicia ante la impunidad de estos hechos que atentan contra los derechos esenciales del ser humano, y en especial de las personas que no tienen trabajo ni condiciones dignas de vida para ellos o para su núcleo familiar. Es lógico que ante la falta de oportunidades y de la desesperación que provoca no tener medios suficientes para poder alimentar a sus familias -situación que se repite día a día, provocando el desmejoramiento progresivo del estado de salud de sus integrantes- los sectores más vulnerables salgan a las calles a reclamar medidas y acciones urgentes para paliar la grave crisis a las que son sometidos. Judicializar y criminalizar las protestas no es la solución; el único camino a la remediación de la injusta situación de postergación que vive un numeroso grupo de familias chaqueñas, es generar un programa de desarrollo productivo sustentable, junto a una eficaz gestión sanitaria y asistencia social inmediata, para frenar la desnutrición infantil y los casos de fallecimiento por falta de asistencia en los hospitales públicos.

La política de "mano dura" nunca fue sinónimo de seguridad social, y esto es absolutamente demostrable por la gran cantidad de hechos de inseguridad que se vienen dando sistemáticamente en esta provincia, entre los que se destacan innumerables muertes de mujeres abusadas sexualmente, de adolescentes asesinados en situaciones muy confusas, en especial aquellos que provienen de los pueblos nativos del Chaco, que estaría relacionado a enfrentamientos por razones étnicas, y robos diarios y de naturaleza extremadamente violenta. Nunca se podrá pacificar una sociedad, mientras los manifestantes que representan a un

sector social sean criminalizados y perseguidos por las fuerzas de seguridad estatal.

El conocimiento y el entendimiento de la historia argentina reciente, hace que terminemos por recordar y solicitar enfáticamente a todos los funcionarios públicos, que los Estados no deben ser productores de delitos ni vejaciones contra los derechos humanos, las libertades sociales ni la consagrada acción de reclamar por la falta de derechos básicos que toda sociedad debería gozar por derecho propio. Dejaremos de pedir justicia cuando la justicia se haga cotidiana, dejaremos de pedir memoria cuando no tengamos la necesidad de recordar a los muertos que también han sido víctimas de la represión del Estado en plena democracia. Seremos una sociedad justa y democrática cuando todos respetemos el pensamiento y la voluntad ajena, principalmente quienes son responsables de administrar la justicia y velar por el pleno funcionamiento de todos los mecanismos democráticos en pos de los intereses del pueblo argentino.

Es necesario recordar que el derecho de peticionar a las autoridades, en este caso en forma de manifestación, está garantizado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y que la represión desmesurada que viene llevando a cabo el gobierno de la Provincia del Chaco contra sus habitantes deja en evidencia grandes falencias en un sistema político que debería ser democrático.

La razonabilidad de las demandas de los habitantes del Chaco y la urgencia de aquellas, otorga aún más gravedad a la represión brutal y sistemática que ha instrumentado como única respuesta a los pedidos de sus ciudadanos el gobierno chaqueño. La justicia funciona únicamente para sindicar a las manifestantes, que por el sólo hecho de participar en las protestas, van sumando innumerables imputaciones por los más diversos delitos, hasta el de usurpación de sus propias tierras; pero cuando sufren lesiones o lesiones seguidas de muerte por el accionar de las fuerzas policiales, la justicia no responde.

La situación en la Provincia del Chaco es explosiva, las manifestaciones no corresponden sólo a la agrupación política en la que militaba Verón sino que hace años se nutren de distintas organizaciones políticas y sociales. Las peticiones de los manifestantes se refieren a derechos humanos básicos como lo son el acceso al agua y a una alimentación adecuada. Todo el país debería país debería posar su mirada en una provincia en la que se reprime a muerte a quienes manifiestan o protestan, siendo que la manifestación y la protesta ha sido una de las formas en las que el pueblo ha conseguido que se respeten los derechos humanos y el

sistema democrático. No es posible seguir ignorando más a los muertos en democracia. Como Diputados debemos reflexionar sobre las gravísimas desigualdades que conviven en la República Argentina, antes que la lista de muertos y de conflictos sociales sobrepase la actuación de las instituciones.

Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto